La celebración del trigésimo aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero nos deja el enorme desafío de mantener vivo su legado, lo cual implica actuar simultáneamente en tres ámbitos:
El primero es recordar a Monseñor Romero siempre, y no sólo el 24 de marzo, fecha en que fue cometido el Magnicidio.
Promover esto le corresponde principalmente a las organizaciones ciudadanas, comunidades cristianas y a las iglesias romeristas; pero también el Gobierno podría introducir el mensaje social del Arzobispo Mártir en la currícula escolar, en la política cultural y en los contenidos de los medios de comunicación públicos.
El propósito es colocar el mensaje romeriano en el centro de la subjetividad colectiva, la identidad salvadoreña y el alma nacional.
El segundo es hacer justicia por su vil asesinato. Para esto es necesario que el Parlamento derogue la Ley de Amnistía o que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declare inconstitucional, basada en su resolución según la cual ninguna ley puede impedir la aplicación de justicia.
La iniciativa del Órgano Ejecutivo y la presión de la sociedad civil podrían, sin dudas, acelerar la actuación de la Asamblea Legislativa o de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Y el tercer ámbito de acción es llevar a la práctica las enseñanzas de Monseñor Romero, lo cual significa que la población sea consecuente con el mensaje romerista en todas las esferas de su vida cotidiana.
También significa que las instituciones estatales inspiren sus acciones en las enseñanzas del Arzobispo Mártir: las políticas que implemente el Gobierno Central, los proyectos que desarrollen las alcaldías, las leyes que apruebe el Congreso y las resoluciones de los tribunales, deben coincidir con el pensamiento romeriano.
En esto, el Parlamento y el Ejecutivo han mostrado señales positivas. El primero aprobó –con los votos del FMLN, GANA y CD– el 24 de marzo como Día Nacional de Monseñor Romero; mientras el segundo declaró al Arzobispo Mártir como “Guía Espiritual de la Nación” y realizó inéditos eventos simbólicos para reivindicar el legado romerista: dos conciertos, un mural y la petición presidencial de perdón en nombre del Estado.
Próximamente organizaciones populares probarán si el Ejecutivo y la Asamblea quieren practicar las enseñanzas de Monseñor Romero: La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica insistirá en la prohibición de las actividades extractivas y el Foro Nacional del Agua va a reiterar su petición de aprobar dos normativas referidas al vital líquido.
Ojalá, la reflexión de Semana Santa ayude al Ejecutivo a tomar la decisión de impulsar estas normativas y los grupos parlamentario se convenzan de la necesidad impostergable de aprobarlas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 31 de marzo de 2010
miércoles, 17 de marzo de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denuncia acto de impunidad en Cabañas y advierte sobre nuevos crímenes contra ambientalistas
El pasado lunes 15 de marzo, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dejó en libertad a Óscar Menjívar, un activista de la empresa minera Pacific Rim, poseedor de un largo historial de agresiones contra opositores a la explotación minera en Cabañas.
Entre los crímenes de Menjívar destacan el intento de agresión a Nelson Ventura, promotor de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), en abril de 2008; lesiones con arma blanca a Santos Rodríguez, poblador de Trinidad, en mayo del mismo año; y un atentado contra Ramiro Rivera Gómez, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, el 7 de agosto de 2009. Por este último crimen se le procesó judicialmente, pero fue absuelto esta semana.
A pesar de las pruebas que confirman a Menjívar como uno de los atacantes de Rivera, el juzgado en cuestión optó por dejar impune el atentado donde el ambientalista recibió ocho impactos de bala. Rivera fue finalmente asesinado el 20 de diciembre de 2009, y los autores materiales e intelectuales de este crimen ni siquiera han sido identificados.
La decisión del referido tribunal constituye un condenable acto de impunidad que no sólo impide la aplicación de justicia, sino que también podría motivar nuevos atentados y asesinatos de opositores a los proyectos mineros en Cabañas. Por tanto, es válido responsabilizar al Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque y al Sistema Judicial por las consecuencias de dejar en libertad a un matón de Pacific Rim.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa su más profunda preocupación por la prevalencia de la impunidad en Cabañas, y hace un llamado a las autoridades correspondientes a acatar la exhortación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Comunidad Internacional, que han demandado justicia en reiteradas ocasiones.
Este hecho ratifica la necesidad impostergable de aprobar una ley que prohíba la minería de metales y plantea la urgencia de que el Gobierno del Cambio ordene a las empresas mineras abandonar el país cuanto antes, para eliminar la causa de la conflictividad en Cabañas que ya costó la vida a cinco personas, entre ellas tres opositores a la minería.
A pesar de la inaceptable resolución del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, el juicio evidenció –y quedó registrado en el expediente del caso- que los conflictos familiares y comunitarios en las zonas de interés minero se deben a la presencia de Pacific Rim.
San Salvador, 18 de marzo de 2010.
El pasado lunes 15 de marzo, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dejó en libertad a Óscar Menjívar, un activista de la empresa minera Pacific Rim, poseedor de un largo historial de agresiones contra opositores a la explotación minera en Cabañas.
Entre los crímenes de Menjívar destacan el intento de agresión a Nelson Ventura, promotor de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), en abril de 2008; lesiones con arma blanca a Santos Rodríguez, poblador de Trinidad, en mayo del mismo año; y un atentado contra Ramiro Rivera Gómez, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, el 7 de agosto de 2009. Por este último crimen se le procesó judicialmente, pero fue absuelto esta semana.
A pesar de las pruebas que confirman a Menjívar como uno de los atacantes de Rivera, el juzgado en cuestión optó por dejar impune el atentado donde el ambientalista recibió ocho impactos de bala. Rivera fue finalmente asesinado el 20 de diciembre de 2009, y los autores materiales e intelectuales de este crimen ni siquiera han sido identificados.
La decisión del referido tribunal constituye un condenable acto de impunidad que no sólo impide la aplicación de justicia, sino que también podría motivar nuevos atentados y asesinatos de opositores a los proyectos mineros en Cabañas. Por tanto, es válido responsabilizar al Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque y al Sistema Judicial por las consecuencias de dejar en libertad a un matón de Pacific Rim.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa su más profunda preocupación por la prevalencia de la impunidad en Cabañas, y hace un llamado a las autoridades correspondientes a acatar la exhortación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Comunidad Internacional, que han demandado justicia en reiteradas ocasiones.
Este hecho ratifica la necesidad impostergable de aprobar una ley que prohíba la minería de metales y plantea la urgencia de que el Gobierno del Cambio ordene a las empresas mineras abandonar el país cuanto antes, para eliminar la causa de la conflictividad en Cabañas que ya costó la vida a cinco personas, entre ellas tres opositores a la minería.
A pesar de la inaceptable resolución del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, el juicio evidenció –y quedó registrado en el expediente del caso- que los conflictos familiares y comunitarios en las zonas de interés minero se deben a la presencia de Pacific Rim.
San Salvador, 18 de marzo de 2010.
¿ARENA quiere prohibir la minería de metales?*
Recientemente ARENA, en voz del diputado Rodrigo Samayoa, expresó su preocupación por la posible contaminación del Río Lempa, debido a la explotación minera en Guatemala, y mostró interés en aprobar una ley que prohíba la minería de metales en el país. Días después, el alcalde arenero de San Isidro y activista de Pacific Rim, José Ignacio Bautista, se declaró opositor a los proyectos mineros.
Sobre esto último no hay mucho que decir, más que el edil sanisidrense dice que rechaza la minería para desvincularse de Pacific Rim y evitar que se le relacione con los crímenes contra ambientalistas en Cabañas, especialmente con la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
Las declaraciones del parlamentario Samayoa sí merecen atención, sobre todo por los probables motivos del sorpresivo cambio de actitud de ARENA frente a la problemática minera.
El primero es que ARENA actúa con un propósito meramente partidario, retomando las demandas populares. Esto, para revertir la caída en la aceptación de la población, reflejada en las últimas encuestas de opinión pública. En tal sentido, busca los réditos políticos de posicionarse contra la explotación minera, rechazada por amplios sectores nacionales.
El segundo motivo sugiere que el ex partido gobernante, ahora como principal fuerza de oposición, promueve una propuesta que el Gobierno del Cambio aborda con mucha indecisión y miedo, por razones aún desconocidas. Es decir, la Administración del Presidente Mauricio Funes se niega a impulsar una ley que prohíba la minería de metales, por lo que ARENA insiste en aprobarla.
Sin embargo, es posible que la nueva postura de ARENA sea auténtica. Esto es, el partido de oposición rectificó su antigua postura a favor de las empresas mineras y hoy intenta proteger al país de los graves daños ambientales, económicos, sociales e institucionales que causa las actividades de extracción de metales preciosos.
Si es así, ARENA debe demostrarlo, proponiendo de inmediato la aprobación de la nueva ley de minería propuesta por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en octubre de 2007, la cual prohíbe en forma definitiva la minería de metales y regula más estrictamente las actividades mineras no metálicas. Para esto debe buscar el apoyo de los demás grupos parlamentarios, principalmente del gobernante FMLN.
La nueva vocación ecológica del partido de derecha debería viabilizar también el aval a la Ley General de Agua, Ley de Ordenamiento Territorial y otras normativas necesarias para resolver urgentes problemas socio ambientales propuestas por centenares de organizaciones ciudadanas aglutinadas en el Foro Nacional del Agua y la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, que debería probar la voluntad política de ARENA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Sobre esto último no hay mucho que decir, más que el edil sanisidrense dice que rechaza la minería para desvincularse de Pacific Rim y evitar que se le relacione con los crímenes contra ambientalistas en Cabañas, especialmente con la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
Las declaraciones del parlamentario Samayoa sí merecen atención, sobre todo por los probables motivos del sorpresivo cambio de actitud de ARENA frente a la problemática minera.
El primero es que ARENA actúa con un propósito meramente partidario, retomando las demandas populares. Esto, para revertir la caída en la aceptación de la población, reflejada en las últimas encuestas de opinión pública. En tal sentido, busca los réditos políticos de posicionarse contra la explotación minera, rechazada por amplios sectores nacionales.
El segundo motivo sugiere que el ex partido gobernante, ahora como principal fuerza de oposición, promueve una propuesta que el Gobierno del Cambio aborda con mucha indecisión y miedo, por razones aún desconocidas. Es decir, la Administración del Presidente Mauricio Funes se niega a impulsar una ley que prohíba la minería de metales, por lo que ARENA insiste en aprobarla.
Sin embargo, es posible que la nueva postura de ARENA sea auténtica. Esto es, el partido de oposición rectificó su antigua postura a favor de las empresas mineras y hoy intenta proteger al país de los graves daños ambientales, económicos, sociales e institucionales que causa las actividades de extracción de metales preciosos.
Si es así, ARENA debe demostrarlo, proponiendo de inmediato la aprobación de la nueva ley de minería propuesta por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en octubre de 2007, la cual prohíbe en forma definitiva la minería de metales y regula más estrictamente las actividades mineras no metálicas. Para esto debe buscar el apoyo de los demás grupos parlamentarios, principalmente del gobernante FMLN.
La nueva vocación ecológica del partido de derecha debería viabilizar también el aval a la Ley General de Agua, Ley de Ordenamiento Territorial y otras normativas necesarias para resolver urgentes problemas socio ambientales propuestas por centenares de organizaciones ciudadanas aglutinadas en el Foro Nacional del Agua y la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, que debería probar la voluntad política de ARENA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 10 de marzo de 2010
¿Un TLC para las empresas mineras?*
¿Un TLC para las empresas mineras?*
A inicios de semana se reanudaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Canadá. El titular de la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía, Carlos Moreno, anunció la continuación de la XII ronda de negociones iniciada en 2009.
Moreno admitió que las negociaciones están avanzadas en un 85%, e informó que esta semana se discutirá sobre el acceso a mercados, inversiones, reglas de origen, asuntos institucionales, servicios, defensa comercial, entre otros aspectos.
En un comunicado de prensa, el funcionario del MINEC, plantea la posibilidad de ampliar el acceso de productos nacionales al mercado canadiense, al cual El Salvador exportó $23.2 millones en textiles, azúcar y café; e importó $33.5 millones en papel, máquinas y carne, en el año 2009.
Sin embargo, Moreno oculta un dato que revela el mayor peligro de un TLC con Canadá: el riesgo de que éste favorezca a las empresas mineras, que son la mayor inversión canadiense en Centroamérica. En el país, Pacific Rim es la principal representante de ese capital norteamericano.
Las compañías extractivas urgen de un TLC entre los países centroamericanos y Canadá, para proteger sus intereses en la región, donde enfrentan una resistencia social creciente debido a los graves daños ambientales, sociales y económicos que provocan sus operaciones.
A falta de un TLC entre Centroamérica y Canadá, Pacific Rim creó una filial en Nevada (EE.UU) para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y demandar el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Para Pacific Rim y demás empresas mineras canadienses instaladas en Centroamérica, el TLC con Canadá sería un instrumento legal más expedito que el CAFTA-DR para enjuiciara los Estados de la región en el CIADI y demás tribunales corporativos internacionales, obligándoles a pagar millonarias indemnizaciones.
Dado lo anterior, todos los sectores nacionales deben rechazar la firma de un acuerdo comercial con Canadá, que beneficie a las compañías extractivas y genere al país millonarios arbitrajes violatorios de la soberanía y autodeterminación del país.
La ciudadanía también debe exigir al Gobierno del Cambio renunciar a las políticas de libre comercio prevalecientes durante los gobiernos anteriores, cuyos resultados son innegables: crisis económica, deterioro ambiental irreversible, grave situación de inseguridad, debilidad institucional, expulsión de la tercera parte de la población, etc.
Esto desmiente lo prometido por las adminis-traciones de ARENA cuando promovieron los TLC, especialmente el CAFTA-DR: grandes inversiones extranjeras, cientos de miles de empleos, oportuni-dades de exportación al mercado estadounidense, etc.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
A inicios de semana se reanudaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Canadá. El titular de la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía, Carlos Moreno, anunció la continuación de la XII ronda de negociones iniciada en 2009.
Moreno admitió que las negociaciones están avanzadas en un 85%, e informó que esta semana se discutirá sobre el acceso a mercados, inversiones, reglas de origen, asuntos institucionales, servicios, defensa comercial, entre otros aspectos.
En un comunicado de prensa, el funcionario del MINEC, plantea la posibilidad de ampliar el acceso de productos nacionales al mercado canadiense, al cual El Salvador exportó $23.2 millones en textiles, azúcar y café; e importó $33.5 millones en papel, máquinas y carne, en el año 2009.
Sin embargo, Moreno oculta un dato que revela el mayor peligro de un TLC con Canadá: el riesgo de que éste favorezca a las empresas mineras, que son la mayor inversión canadiense en Centroamérica. En el país, Pacific Rim es la principal representante de ese capital norteamericano.
Las compañías extractivas urgen de un TLC entre los países centroamericanos y Canadá, para proteger sus intereses en la región, donde enfrentan una resistencia social creciente debido a los graves daños ambientales, sociales y económicos que provocan sus operaciones.
A falta de un TLC entre Centroamérica y Canadá, Pacific Rim creó una filial en Nevada (EE.UU) para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y demandar el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Para Pacific Rim y demás empresas mineras canadienses instaladas en Centroamérica, el TLC con Canadá sería un instrumento legal más expedito que el CAFTA-DR para enjuiciara los Estados de la región en el CIADI y demás tribunales corporativos internacionales, obligándoles a pagar millonarias indemnizaciones.
Dado lo anterior, todos los sectores nacionales deben rechazar la firma de un acuerdo comercial con Canadá, que beneficie a las compañías extractivas y genere al país millonarios arbitrajes violatorios de la soberanía y autodeterminación del país.
La ciudadanía también debe exigir al Gobierno del Cambio renunciar a las políticas de libre comercio prevalecientes durante los gobiernos anteriores, cuyos resultados son innegables: crisis económica, deterioro ambiental irreversible, grave situación de inseguridad, debilidad institucional, expulsión de la tercera parte de la población, etc.
Esto desmiente lo prometido por las adminis-traciones de ARENA cuando promovieron los TLC, especialmente el CAFTA-DR: grandes inversiones extranjeras, cientos de miles de empleos, oportuni-dades de exportación al mercado estadounidense, etc.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 3 de marzo de 2010
Hablar del CAFTA*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, sostendría una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, el próximo lunes 8 de marzo, en la Casa Blanca.
Entre los temas que el Presidente Funes abordará con el mandatario estadounidense, en tan importante encuentro, destacan la petición de prórroga del Tratado de Protección Temporal (TPS) para compatriotas indocumentados, el posible apoyo de Washington a la estrategia antidelincuencial del gobierno salvadoreño, más recursos norteamericanos para el FOMILENIO y la normalización de la situación política de Honduras.
Sin embargo, hay un tema crítico que Funes debe incluir en la agenda de la sesión con Obama: la revisión del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos), cuyos impactos negativos se evidencian con la profundización del déficit comercial y la ausencia de las prometidas inversiones extranjeras, los cientos de miles de empleos y las grandes posibilidades de exportación de productos salvadoreños al mercado estadounidense.
Pero la demostración más tenebrosa de la perversidad del CAFTA-DR –cuatro años después de su entrada en vigencia– son las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño, activadas mediante disposiciones de los capítulos de Inversiones y de Solución de Controversias del referido acuerdo comercial.
Ambas empresas se amparan en el principio de “expropiación indirecta”, uno de los más nocivos del CAFTA-DR, para exigir el pago de 100 millones de dólares a cada una, como indemnización por negarles permisos para extraer metales preciosos del subsuelo salvadoreño.
Esto confirma que el CAFTA-DR y los demás Tratados de Libre Comercio garantizan los intereses de las corporaciones transnacionales, en detrimento de la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
Esta situación obliga al Presidente salvadoreño plantear al gobernante estadounidense la impostergable necesidad de revisar el CAFTA-DR, propuesta a la que Obama podría acceder, tomando en cuenta que él no votó a favor de su ratificación cuando era congresista. Además, Obama prometió, como candidato presidencial demócrata, que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y los demás acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos debían modificarse.
Otro hecho relevante, por el cual Funes debe discutir con Obama la revisión del CAFTA-DR, es la admisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un recurso de amparo promovido por las organizaciones ciudadanas aglutinadas en la Red Sinti Techan. Para la CSJ son válidas las objeciones a los principios de expropiación indirecta, trato nacional, nación más favorecida y otros postulados aberrantes del CAFTA-DR.
Este día, en conferencia de prensa, representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exhortaron al Presidente Funes a no dejar pasar esta valiosa oportunidad para proponer al mandatario estadounidense iniciar la revisión del cuestionado acuerdo comercial, aprobado en un “madrugón” en el Asamblea Legislativa salvadoreña y con una ajustada mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Entre los temas que el Presidente Funes abordará con el mandatario estadounidense, en tan importante encuentro, destacan la petición de prórroga del Tratado de Protección Temporal (TPS) para compatriotas indocumentados, el posible apoyo de Washington a la estrategia antidelincuencial del gobierno salvadoreño, más recursos norteamericanos para el FOMILENIO y la normalización de la situación política de Honduras.
Sin embargo, hay un tema crítico que Funes debe incluir en la agenda de la sesión con Obama: la revisión del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos), cuyos impactos negativos se evidencian con la profundización del déficit comercial y la ausencia de las prometidas inversiones extranjeras, los cientos de miles de empleos y las grandes posibilidades de exportación de productos salvadoreños al mercado estadounidense.
Pero la demostración más tenebrosa de la perversidad del CAFTA-DR –cuatro años después de su entrada en vigencia– son las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño, activadas mediante disposiciones de los capítulos de Inversiones y de Solución de Controversias del referido acuerdo comercial.
Ambas empresas se amparan en el principio de “expropiación indirecta”, uno de los más nocivos del CAFTA-DR, para exigir el pago de 100 millones de dólares a cada una, como indemnización por negarles permisos para extraer metales preciosos del subsuelo salvadoreño.
Esto confirma que el CAFTA-DR y los demás Tratados de Libre Comercio garantizan los intereses de las corporaciones transnacionales, en detrimento de la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
Esta situación obliga al Presidente salvadoreño plantear al gobernante estadounidense la impostergable necesidad de revisar el CAFTA-DR, propuesta a la que Obama podría acceder, tomando en cuenta que él no votó a favor de su ratificación cuando era congresista. Además, Obama prometió, como candidato presidencial demócrata, que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y los demás acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos debían modificarse.
Otro hecho relevante, por el cual Funes debe discutir con Obama la revisión del CAFTA-DR, es la admisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un recurso de amparo promovido por las organizaciones ciudadanas aglutinadas en la Red Sinti Techan. Para la CSJ son válidas las objeciones a los principios de expropiación indirecta, trato nacional, nación más favorecida y otros postulados aberrantes del CAFTA-DR.
Este día, en conferencia de prensa, representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exhortaron al Presidente Funes a no dejar pasar esta valiosa oportunidad para proponer al mandatario estadounidense iniciar la revisión del cuestionado acuerdo comercial, aprobado en un “madrugón” en el Asamblea Legislativa salvadoreña y con una ajustada mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica pide al Presidente Mauricio Funes proponer a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, revisar el CAF
COMUNICADO DE PRENSA DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
Los impactos negativos del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos) y las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), obligan al Presidente de la República, Mauricio Funes, a incluir en la agenda de la reunión con su homólogo estadounidense Barack Obama, el próximo lunes 8 de marzo, una propuesta de revisión de dicho acuerdo comercial.
Los gobiernos de ARENA (las administraciones de Francisco Flores y de Antonio Saca) que promovieron y aprobaron el CAFTA-DR prometieron grandes inversiones extranjeras, cientos de miles de empleos y amplias posibilidades de exportación de productos salvadoreños al mercado estadounidense. Pero, cuatro años después de su entrada en vigencia, se constata un incremento del déficit comercial, una caída de la producción agropecuaria y, más recientemente, las demandas de las compañías extractivas que exigen una indemnización de 100 millones de dólares cada una.
Estas empresas se amparan al principio de “expropiación indirecta” y otras disposiciones de los capítulos de Inversiones y de Solución de Controversias del CAFTA para activar arbitrajes contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de extracción de metales preciosos en la zona norte del país. Esto confirma que el CAFTA-DR y los demás Tratados de Libre Comercio garantizan los intereses de las corporaciones transnacionales, en detrimento de la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
Tal situación obliga al Presidente salvadoreño a plantear al gobernante estadounidense la impostergable necesidad de revisar el CAFTA-DR, propuesta a la que Obama podría acceder, tomando en cuenta que él no votó a favor de su ratificación cuando era congresista. Además, Obama prometió, como candidato presidencial demócrata, que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y los demás acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos debían modificarse.
Otro hecho relevante, por el cual Funes debe discutir con Obama la revisión del CAFTA-DR, es la admisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un recurso de amparo promovido por las organizaciones ciudadanas aglutinadas en la Red Sinti Techan. Para la CSJ son válidas las objeciones a los principios de expropiación indirecta, trato nacional, nación más favorecida y otros postulados aberrantes del CAFTA-DR.
Además, de conversar sobre la prórroga al TPS, ayuda para combatir la delincuencia, más dinero para el FOMILENIO y la situación de Honduras, el Presidente Funes debe aprovechar esta valiosa oportunidad para proponer al mandatario estadounidense revisar el cuestionado acuerdo comercial, aprobado en un “madrugón” en el Asamblea Legislativa salvadoreña y con una ajustada mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
San Salvador, 3 de marzo de 2010.
Los impactos negativos del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos) y las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), obligan al Presidente de la República, Mauricio Funes, a incluir en la agenda de la reunión con su homólogo estadounidense Barack Obama, el próximo lunes 8 de marzo, una propuesta de revisión de dicho acuerdo comercial.
Los gobiernos de ARENA (las administraciones de Francisco Flores y de Antonio Saca) que promovieron y aprobaron el CAFTA-DR prometieron grandes inversiones extranjeras, cientos de miles de empleos y amplias posibilidades de exportación de productos salvadoreños al mercado estadounidense. Pero, cuatro años después de su entrada en vigencia, se constata un incremento del déficit comercial, una caída de la producción agropecuaria y, más recientemente, las demandas de las compañías extractivas que exigen una indemnización de 100 millones de dólares cada una.
Estas empresas se amparan al principio de “expropiación indirecta” y otras disposiciones de los capítulos de Inversiones y de Solución de Controversias del CAFTA para activar arbitrajes contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de extracción de metales preciosos en la zona norte del país. Esto confirma que el CAFTA-DR y los demás Tratados de Libre Comercio garantizan los intereses de las corporaciones transnacionales, en detrimento de la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
Tal situación obliga al Presidente salvadoreño a plantear al gobernante estadounidense la impostergable necesidad de revisar el CAFTA-DR, propuesta a la que Obama podría acceder, tomando en cuenta que él no votó a favor de su ratificación cuando era congresista. Además, Obama prometió, como candidato presidencial demócrata, que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y los demás acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos debían modificarse.
Otro hecho relevante, por el cual Funes debe discutir con Obama la revisión del CAFTA-DR, es la admisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un recurso de amparo promovido por las organizaciones ciudadanas aglutinadas en la Red Sinti Techan. Para la CSJ son válidas las objeciones a los principios de expropiación indirecta, trato nacional, nación más favorecida y otros postulados aberrantes del CAFTA-DR.
Además, de conversar sobre la prórroga al TPS, ayuda para combatir la delincuencia, más dinero para el FOMILENIO y la situación de Honduras, el Presidente Funes debe aprovechar esta valiosa oportunidad para proponer al mandatario estadounidense revisar el cuestionado acuerdo comercial, aprobado en un “madrugón” en el Asamblea Legislativa salvadoreña y con una ajustada mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
San Salvador, 3 de marzo de 2010.
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