¿Quién aprueba las leyes?*

El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha reiterado en diversas ocasiones la decisión de su gobierno de no permitir los proyectos de minería de metales en el país. Esto satisface enormemente a las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Pero Funes insiste en que no es necesario aprobar una ley que prohíba expresamente la extracción de metales preciosos porque su palabra es suficiente, a pesar de que las declaraciones públicas no tienen efecto jurídico. Incluso, afirmó que pedir una normativa como ésta es menospreciar su postura como Presidente.

Sin embargo, en declaraciones periodísticas después de la inauguración del año escolar en Sensuntepeque, el 12 de enero recién pasado, Funes admitió la necesidad de una ley que impida la minería; aunque se excusó diciendo que aprobarla no es facultad del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa.

Pero el Presidente aseguró que si el Parlamento decide aprobar esa ley, tiene su respaldo para hacerlo. Esto constituye un paso importante de Funes en la concreción legal de su rechazo a la explotación minera metálica y es una satisfacción mayor para la resistencia social contra estos tenebrosos proyectos.

Es cierto que –como dice Funes– la facultad de aprobar leyes no corresponde al Órgano Ejecutivo, sino al Congreso. No obstante, el Presidente de la República tiene iniciativa de ley a través de sus ministros; es decir, tiene la facultad de solicitar al Congreso la aprobación, modificación o derogación de normativas.

Por eso genera dudas que Funes no quiera tomar la iniciativa y promover la aprobación de dicha ley en la Asamblea Legislativa, como lo hizo con el presupuesto estatal, los préstamos internacionales, las reformas fiscales y otras medidas importantes aprobadas por los diputados y diputadas a petición del Ejecutivo.

En julio de 2009, la Comisión de Salud y Medioambiente del Parlamento discutió la prohibición de los proyectos mineros, y –por petición de ARENA y PCN– acordó invitar a los ministros de Economía y de Medioambiente, Héctor Dada y Herman Rosa, respectivamente. Sin embargo, tales funcionarios no llegaron.

Si su decisión de rechazar la extracción de metales es firme, Funes debería proponer de inmediato al Congreso la aprobación de la ley, planteada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en octubre de 2007, que prohíbe claramente la minería de metales y regula adecuadamente la minería no metálica. Así, el Gobierno del Cambio cerraría las puertas a la peligrosa industria extractiva y evitaría más demandas de empresa mineras, como las que impulsan Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI.

*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.