Son condenables las amenazas contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, uno de los pocos funcionarios públicos salvadoreños que cumplen su función en forma plena y oportuna, él y su equipo de procuradores adjuntos.
El Procurador Luna fue amenazado el 8 y 19 de enero recién pasados, a través de llamadas telefónicas a su oficina, por un autodenominado “grupo antidelincuencial”, que le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el país y evitar que él o su familia fueran asesinados.
Las intimidaciones al Procurador surgen en el marco del debate sobre medidas de combate a la inseguridad y criminalidad, donde destaca la posible mayor participación de la Fuerza Armada y probables estados de excepción propuestos por el Ministerio de Defensa.
Vale recordar que Luna criticó que el Ejército efectuara tareas de seguridad pública. Luego avaló la medida, siempre que fuera temporal y parte de una estrategia integral contra la delincuencia. Y cuando hubo atropellos de militares contra civiles, lo denunció con firmeza.
El Procurador también se ha pronunciado sobre despidos en entidades estatales (varios ministerios, algunas autónomas, Alcaldía de San Salvador y Corte Suprema de Justicia), amenazas contra sindicalistas, conflictividad minera en Cabañas y otros temas que tocan fuertes intereses.
Sobre la problemática minera, Luna ha tenido un desempeño loable. Frecuentes exhortaciones a las autoridades pertinentes sobre los peligros de la minería de metales y –junto a sus homólogos centroamericanos– hizo el mismo llamado a los gobernantes de la región.
Después denunció la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, los crímenes en Trinidad, las amenazas al personal de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y demás vejámenes cometidos contra activistas del medioambiente en Cabañas.
Las amenazas a Luna, paradójicamente, aparecen en vísperas de la celebración del décimo octavo aniversario de los Acuerdos de Paz, marcado por la petición de perdón del Presidente de la República, Mauricio Funes, por los crímenes cometidos por el Estado durante la guerra.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa su más enérgico rechazo a las intimidaciones contra el Procurador Luna, y demanda de la Fiscalía identificar a los autores intelectuales y materiales. Y a la Policía exige garantizar su integridad y la de su grupo familiar.
Además, aprovecha la ocasión para exhortar a todas las instituciones gubernamentales (Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, etc.), aludidas en las diferentes resoluciones del Procurador, acatarlas y cumplir con todas sus recomendaciones.
Especialmente la Fiscalía, Policía y Ministerio de Justicia y Seguridad, a quienes Luna ha pedido investigar a profundidad todos los crímenes en Cabañas provocados por la conflictividad minera, e implementar medidas de protección efectivas para evitar nuevos asesinatos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 27 de enero de 2010
COMUNICADO DE PRENSA La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechaza que Pacific Rim se desvincule de la conflictividad minera en Cabañas
Después de varios meses de esconderse en el silencio, Pacific Rim aparece públicamente para desvincularse de los asesinatos, atentados y demás crímenes cometidos en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas), en el marco de la resistencia contra los proyectos mineros. Según la empresa, tales delitos se deben a las rencillas personales y familiares en dicha comunidad.
Esto sostienen personeros de Pacific Rim en programas de radio, entrevistas en televisión y lo plantean también publicaciones en periódicos. Una de éstas –incluso– afirma que las organizaciones ambientalistas denuncian unos crímenes, pero callan otros. Tal acusación es falsa, pues la Mesa frente a la Minería advirtió sobre la conflictividad que se gestaba en Cabañas y, después, exigió a las autoridades –fiscales y policiales– esclarecer todos los crímenes y castigar a sus autores materiales e intelectuales.
Ante esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresa lo siguiente:
1- Reiteramos que los crímenes en Trinidad, como también la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas al personal de Radio Victoria, atentados al padre Luis Quintanilla y demás vejámenes contra líderes comunitarios en Cabañas, se deben a la conflictividad generada por los proyectos mineros de la empresa Pacific Rim y a la impunidad que causó la inacción de las autoridades fiscales y policiales.
Las rencillas personales o familiares que posiblemente existen en Trinidad, se deben a las operaciones de Pacific Rim en la zona y a las opiniones a favor o en contra que sobre la minería adoptaron los miembros de la comunidad. Cabañas –a pesar de su alta pobreza y exclusión– fue de los departamentos menos violentos del país, pero esto cambió con el arribo de la cuestionada compañía extractiva.
Por tanto, la causa principal de la conflictividad y los crímenes resultantes de ésta, no son las disputas entre vecinos, sino la presencia de Pacific Rim.
2- Insistimos en el llamado a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil a esclarecer todos los asesinatos, atentados y demás crímenes cometidos en Cabañas, identificando y castigando a todos sus responsables intelectuales y materiales, sin importar quiénes sean.
3- Ratificamos nuestra propuesta de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en el país, para terminar de raíz la causa de los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos en Cabañas, y alejar para siempre la amenaza de la peligrosa extracción de metales preciosos en El Salvador.
San Salvador, 27 de enero de 2010.
Esto sostienen personeros de Pacific Rim en programas de radio, entrevistas en televisión y lo plantean también publicaciones en periódicos. Una de éstas –incluso– afirma que las organizaciones ambientalistas denuncian unos crímenes, pero callan otros. Tal acusación es falsa, pues la Mesa frente a la Minería advirtió sobre la conflictividad que se gestaba en Cabañas y, después, exigió a las autoridades –fiscales y policiales– esclarecer todos los crímenes y castigar a sus autores materiales e intelectuales.
Ante esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresa lo siguiente:
1- Reiteramos que los crímenes en Trinidad, como también la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas al personal de Radio Victoria, atentados al padre Luis Quintanilla y demás vejámenes contra líderes comunitarios en Cabañas, se deben a la conflictividad generada por los proyectos mineros de la empresa Pacific Rim y a la impunidad que causó la inacción de las autoridades fiscales y policiales.
Las rencillas personales o familiares que posiblemente existen en Trinidad, se deben a las operaciones de Pacific Rim en la zona y a las opiniones a favor o en contra que sobre la minería adoptaron los miembros de la comunidad. Cabañas –a pesar de su alta pobreza y exclusión– fue de los departamentos menos violentos del país, pero esto cambió con el arribo de la cuestionada compañía extractiva.
Por tanto, la causa principal de la conflictividad y los crímenes resultantes de ésta, no son las disputas entre vecinos, sino la presencia de Pacific Rim.
2- Insistimos en el llamado a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil a esclarecer todos los asesinatos, atentados y demás crímenes cometidos en Cabañas, identificando y castigando a todos sus responsables intelectuales y materiales, sin importar quiénes sean.
3- Ratificamos nuestra propuesta de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en el país, para terminar de raíz la causa de los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos en Cabañas, y alejar para siempre la amenaza de la peligrosa extracción de metales preciosos en El Salvador.
San Salvador, 27 de enero de 2010.
viernes, 22 de enero de 2010
COMUNICADO DE PRENSA: Enérgica condena a las amenazas de muerte contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Ante las recientes amenazas de muerte contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, realizadas por un autodenominado “grupo anti delincuencial”, las organizaciones ciudadanas abajo firmantes declaramos lo siguiente:
1. Reconocemos el destacado trabajo que el Procurador y su equipo de colaboradores están realizando en defensa de los derechos humanos de las salvadoreñas y salvadoreños. Sus acertadas resoluciones, sobre hechos y problemáticas que constituyen violaciones a los derechos humanos, son siempre oportunas y se caracterizan por sus llamados de acción urgentes a las autoridades correspondientes.
2. Por eso condenamos las amenazas de muerte contra él y su familia, vejámenes que posiblemente provengan de individuos o grupos cuyos intereses serían perjudicados por algunas posturas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
3. Demandamos de las instituciones de justicia y seguridad, especialmente la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, implementar medidas de protección que garanticen la seguridad del Procurador, e investigar a fondo los autores intelectuales y materiales de las amenazas, así como los motivos de las mismas.
4. Proponemos acelerar el debate sobre medidas adecuadas para combatir la inseguridad y delincuencia crecientes en el país, descartando aquéllas que podrían violentar los derechos humanos, la institucionalidad y el estado de derecho, e insistiendo en el desarme de la sociedad, fortalecimiento de la Policía y Fiscalía, medidas de prevención de la violencia y combate a las causas estructurales de esta.
5. Exigimos a las instituciones que han recibo exhortaciones de la PDDH, acatarlas. Resoluciones referidas a la lucha contra los proyectos mineros, la inseguridad y delincuencia, entre otros problemas que afectan al país, deben ser atendidas.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
San Salvador, 22 de enero de 2010.
1. Reconocemos el destacado trabajo que el Procurador y su equipo de colaboradores están realizando en defensa de los derechos humanos de las salvadoreñas y salvadoreños. Sus acertadas resoluciones, sobre hechos y problemáticas que constituyen violaciones a los derechos humanos, son siempre oportunas y se caracterizan por sus llamados de acción urgentes a las autoridades correspondientes.
2. Por eso condenamos las amenazas de muerte contra él y su familia, vejámenes que posiblemente provengan de individuos o grupos cuyos intereses serían perjudicados por algunas posturas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
3. Demandamos de las instituciones de justicia y seguridad, especialmente la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, implementar medidas de protección que garanticen la seguridad del Procurador, e investigar a fondo los autores intelectuales y materiales de las amenazas, así como los motivos de las mismas.
4. Proponemos acelerar el debate sobre medidas adecuadas para combatir la inseguridad y delincuencia crecientes en el país, descartando aquéllas que podrían violentar los derechos humanos, la institucionalidad y el estado de derecho, e insistiendo en el desarme de la sociedad, fortalecimiento de la Policía y Fiscalía, medidas de prevención de la violencia y combate a las causas estructurales de esta.
5. Exigimos a las instituciones que han recibo exhortaciones de la PDDH, acatarlas. Resoluciones referidas a la lucha contra los proyectos mineros, la inseguridad y delincuencia, entre otros problemas que afectan al país, deben ser atendidas.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
San Salvador, 22 de enero de 2010.
miércoles, 20 de enero de 2010
¿Quién aprueba las leyes?*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha reiterado en diversas ocasiones la decisión de su gobierno de no permitir los proyectos de minería de metales en el país. Esto satisface enormemente a las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Pero Funes insiste en que no es necesario aprobar una ley que prohíba expresamente la extracción de metales preciosos porque su palabra es suficiente, a pesar de que las declaraciones públicas no tienen efecto jurídico. Incluso, afirmó que pedir una normativa como ésta es menospreciar su postura como Presidente.
Sin embargo, en declaraciones periodísticas después de la inauguración del año escolar en Sensuntepeque, el 12 de enero recién pasado, Funes admitió la necesidad de una ley que impida la minería; aunque se excusó diciendo que aprobarla no es facultad del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa.
Pero el Presidente aseguró que si el Parlamento decide aprobar esa ley, tiene su respaldo para hacerlo. Esto constituye un paso importante de Funes en la concreción legal de su rechazo a la explotación minera metálica y es una satisfacción mayor para la resistencia social contra estos tenebrosos proyectos.
Es cierto que –como dice Funes– la facultad de aprobar leyes no corresponde al Órgano Ejecutivo, sino al Congreso. No obstante, el Presidente de la República tiene iniciativa de ley a través de sus ministros; es decir, tiene la facultad de solicitar al Congreso la aprobación, modificación o derogación de normativas.
Por eso genera dudas que Funes no quiera tomar la iniciativa y promover la aprobación de dicha ley en la Asamblea Legislativa, como lo hizo con el presupuesto estatal, los préstamos internacionales, las reformas fiscales y otras medidas importantes aprobadas por los diputados y diputadas a petición del Ejecutivo.
En julio de 2009, la Comisión de Salud y Medioambiente del Parlamento discutió la prohibición de los proyectos mineros, y –por petición de ARENA y PCN– acordó invitar a los ministros de Economía y de Medioambiente, Héctor Dada y Herman Rosa, respectivamente. Sin embargo, tales funcionarios no llegaron.
Si su decisión de rechazar la extracción de metales es firme, Funes debería proponer de inmediato al Congreso la aprobación de la ley, planteada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en octubre de 2007, que prohíbe claramente la minería de metales y regula adecuadamente la minería no metálica. Así, el Gobierno del Cambio cerraría las puertas a la peligrosa industria extractiva y evitaría más demandas de empresa mineras, como las que impulsan Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Pero Funes insiste en que no es necesario aprobar una ley que prohíba expresamente la extracción de metales preciosos porque su palabra es suficiente, a pesar de que las declaraciones públicas no tienen efecto jurídico. Incluso, afirmó que pedir una normativa como ésta es menospreciar su postura como Presidente.
Sin embargo, en declaraciones periodísticas después de la inauguración del año escolar en Sensuntepeque, el 12 de enero recién pasado, Funes admitió la necesidad de una ley que impida la minería; aunque se excusó diciendo que aprobarla no es facultad del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa.
Pero el Presidente aseguró que si el Parlamento decide aprobar esa ley, tiene su respaldo para hacerlo. Esto constituye un paso importante de Funes en la concreción legal de su rechazo a la explotación minera metálica y es una satisfacción mayor para la resistencia social contra estos tenebrosos proyectos.
Es cierto que –como dice Funes– la facultad de aprobar leyes no corresponde al Órgano Ejecutivo, sino al Congreso. No obstante, el Presidente de la República tiene iniciativa de ley a través de sus ministros; es decir, tiene la facultad de solicitar al Congreso la aprobación, modificación o derogación de normativas.
Por eso genera dudas que Funes no quiera tomar la iniciativa y promover la aprobación de dicha ley en la Asamblea Legislativa, como lo hizo con el presupuesto estatal, los préstamos internacionales, las reformas fiscales y otras medidas importantes aprobadas por los diputados y diputadas a petición del Ejecutivo.
En julio de 2009, la Comisión de Salud y Medioambiente del Parlamento discutió la prohibición de los proyectos mineros, y –por petición de ARENA y PCN– acordó invitar a los ministros de Economía y de Medioambiente, Héctor Dada y Herman Rosa, respectivamente. Sin embargo, tales funcionarios no llegaron.
Si su decisión de rechazar la extracción de metales es firme, Funes debería proponer de inmediato al Congreso la aprobación de la ley, planteada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en octubre de 2007, que prohíbe claramente la minería de metales y regula adecuadamente la minería no metálica. Así, el Gobierno del Cambio cerraría las puertas a la peligrosa industria extractiva y evitaría más demandas de empresa mineras, como las que impulsan Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 12 de enero de 2010
Loable compromiso presidencial*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró ayer que su gobierno investigará a fondo los asesinatos de los ecologistas en Cabañas y reiteró que no permitirá los proyectos mineros en el país.
“Prometemos a los amigos y amigas del movimiento ambientalista que vamos a aclarar esos cuatro asesinatos de los luchadores sociales que han ofrendado sus vidas por lograr un mejor medio ambiente y un mejor nivel de vida para los salvadoreñas y salvadoreños, especialmente para las comunidades que están enfrentando los proyectos mineros”, declaró Funes.
Acto seguido, el Presidente reiteró su decisión de no permitir la minería metálica. “Aquí no hay donde perderse, mi gobierno no va a autorizar ningún proyecto de explotación minera, no lo vamos a autorizar”, recalcó, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), donde fueron asesinados los activistas antimineros Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, los días 20 y 26 de diciembre recién pasado, respectivamente.
Funes afirmó que su gobierno tiene claridad sobre el abordaje de la problemática minera. “Hace un par de semanas escuché a un amigo ambientalista decir que no ve señales claras. No vamos a autorizar ningún proyecto de explotación minera, no lo vamos a hacer, nadie nos ha convencido de que hay formas de extraer metales sin que se contamine el medio ambiente y se afecte la salud de la población. No lo vamos a hacer”, insistió.
“Tampoco vamos a permitir que exista una sistemática desaparición y amenazas contra miembros del movimiento ambientalista. Yo personalmente he dado instrucciones al ministro de Justicia y Seguridad y al director de la Policía Nacional Civil para que investiguen esos casos; pero necesitamos la colaboración del Ministerio Público y de las mismas comunidades para esclarecer algunas dudas que tenemos sobre los móviles que están detrás de estos asesinatos”, advirtió el Presidente de la República.
Luego, dirigiéndose a los representantes del Comité Ambiental de Cabañas presentes en el acto, Funes insistió: “pero amigos y amigas, ténganlo por seguro que vamos a aclarar estas muertes, ténganlo por seguro que no vamos a permitir que sigan habiendo más muertes como resultado de la lucha ambientalista”.
Palabras similares había expresado el Presidente de la República anteriormente, pero ésta es la primera vez que informa sobre órdenes giradas a las autoridades correspondientes para que investiguen a profundidad los crímenes contra los ambientalistas Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia Sorto y el bebé de ocho meses que llevaba en su vientre.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que ha exigido a Funes involucrarse en esta problemática, aplaude su compromiso de esclarecer los asesinatos de defensores del medioambiente en Cabañas y de no permitir los proyectos mineros.
Ojalá el Órgano Ejecutivo promueva de inmediato la aprobación de una nueva Ley de Minería, que prohíba la minería metálica, y enfrente con firmeza las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
“Prometemos a los amigos y amigas del movimiento ambientalista que vamos a aclarar esos cuatro asesinatos de los luchadores sociales que han ofrendado sus vidas por lograr un mejor medio ambiente y un mejor nivel de vida para los salvadoreñas y salvadoreños, especialmente para las comunidades que están enfrentando los proyectos mineros”, declaró Funes.
Acto seguido, el Presidente reiteró su decisión de no permitir la minería metálica. “Aquí no hay donde perderse, mi gobierno no va a autorizar ningún proyecto de explotación minera, no lo vamos a autorizar”, recalcó, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), donde fueron asesinados los activistas antimineros Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, los días 20 y 26 de diciembre recién pasado, respectivamente.
Funes afirmó que su gobierno tiene claridad sobre el abordaje de la problemática minera. “Hace un par de semanas escuché a un amigo ambientalista decir que no ve señales claras. No vamos a autorizar ningún proyecto de explotación minera, no lo vamos a hacer, nadie nos ha convencido de que hay formas de extraer metales sin que se contamine el medio ambiente y se afecte la salud de la población. No lo vamos a hacer”, insistió.
“Tampoco vamos a permitir que exista una sistemática desaparición y amenazas contra miembros del movimiento ambientalista. Yo personalmente he dado instrucciones al ministro de Justicia y Seguridad y al director de la Policía Nacional Civil para que investiguen esos casos; pero necesitamos la colaboración del Ministerio Público y de las mismas comunidades para esclarecer algunas dudas que tenemos sobre los móviles que están detrás de estos asesinatos”, advirtió el Presidente de la República.
Luego, dirigiéndose a los representantes del Comité Ambiental de Cabañas presentes en el acto, Funes insistió: “pero amigos y amigas, ténganlo por seguro que vamos a aclarar estas muertes, ténganlo por seguro que no vamos a permitir que sigan habiendo más muertes como resultado de la lucha ambientalista”.
Palabras similares había expresado el Presidente de la República anteriormente, pero ésta es la primera vez que informa sobre órdenes giradas a las autoridades correspondientes para que investiguen a profundidad los crímenes contra los ambientalistas Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia Sorto y el bebé de ocho meses que llevaba en su vientre.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que ha exigido a Funes involucrarse en esta problemática, aplaude su compromiso de esclarecer los asesinatos de defensores del medioambiente en Cabañas y de no permitir los proyectos mineros.
Ojalá el Órgano Ejecutivo promueva de inmediato la aprobación de una nueva Ley de Minería, que prohíba la minería metálica, y enfrente con firmeza las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group en el CIADI.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 5 de enero de 2010
Fiscalía y Policía negligentes*
Fiscalía y Policía negligentes*
El señalamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no puede ser más contundente: acusa a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil de actuar con negligencia en la investigación de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de ambientalistas opositores a los proyectos mineros.
El procurador Óscar Humberto Luna interrumpió sus vacaciones de fin de año, el 28 de diciembre recién pasado, para llamar la atención del país entero sobre la alarmante situación de Cabañas y exigir a las autoridades fiscales y policiales que acaben con la impunidad que promueve asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra defensores del medioambiente.
Estos hechos mueven a extrema preocupación, pues demuestran graves omisiones cometidas por las autoridades estatales, referidas a medidas eficaces de protección a las víctimas y acciones investigativas que lleven a la determinación de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, declaró el Procurador, en conferencia de prensa.
Según la PDDH, los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto –el 20 y 26 de diciembre, respectivamente– se habrían evitado si Fiscalía y Policía les hubieran protegido adecuadamente e investigado a profundidad el homicidio de Gustavo Marcelo Rivera, el atentado contra Ramiro Rivera y los intentos de asesinato contra José Santos Rodríguez, esposo de Dora Alicia.
Acompañado de representantes del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y varios líderes comunitarios del cantón Trinidad (Sensuntepeque) amenazados de muerte por oponerse la minería metálica, el Procurador también solicitó la creación de un Grupo Fiscal y Policial Especial para investigar los atentados y amenazas contra defensores ambientales y sus familiares.
Ojalá los titulares de la Fiscalía, Policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad acaten la exhortación de la PDDH. Incluso, el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien recientemente aseguró estar del lado de los ambientalistas, debería ordenar la pronta integración del sugerido grupo de investigación fiscal y policial especializado, para acabar con la impunidad y evitar nuevos crímenes en Cabañas.
Funes también podría demostrar que está del lado de los ambientalistas, depurando la Policía de Cabañas, promoviendo una ley que prohíba la minería de metales –causa principal de la conflictividad en dicha zona– y asumiendo una postura más firme contra las compañías mineras que exigen al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones mediante demandas ilegítimas en el CIADI.
Las instituciones encargadas de la seguridad y la justica tienen que actuar rápidamente, ante la mirada preocupada de la comunidad internacional, que ya ve a El Salvador como el país donde asesinan a los defensores del medioambiente que rechazan los proyectos mineros y, lo que es peor, bajo el primer gobierno de izquierda, encabezado por uno de los presidentes mejor evaluados en todo el Hemisferio Occidental.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El señalamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no puede ser más contundente: acusa a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil de actuar con negligencia en la investigación de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de ambientalistas opositores a los proyectos mineros.
El procurador Óscar Humberto Luna interrumpió sus vacaciones de fin de año, el 28 de diciembre recién pasado, para llamar la atención del país entero sobre la alarmante situación de Cabañas y exigir a las autoridades fiscales y policiales que acaben con la impunidad que promueve asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra defensores del medioambiente.
Estos hechos mueven a extrema preocupación, pues demuestran graves omisiones cometidas por las autoridades estatales, referidas a medidas eficaces de protección a las víctimas y acciones investigativas que lleven a la determinación de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, declaró el Procurador, en conferencia de prensa.
Según la PDDH, los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto –el 20 y 26 de diciembre, respectivamente– se habrían evitado si Fiscalía y Policía les hubieran protegido adecuadamente e investigado a profundidad el homicidio de Gustavo Marcelo Rivera, el atentado contra Ramiro Rivera y los intentos de asesinato contra José Santos Rodríguez, esposo de Dora Alicia.
Acompañado de representantes del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y varios líderes comunitarios del cantón Trinidad (Sensuntepeque) amenazados de muerte por oponerse la minería metálica, el Procurador también solicitó la creación de un Grupo Fiscal y Policial Especial para investigar los atentados y amenazas contra defensores ambientales y sus familiares.
Ojalá los titulares de la Fiscalía, Policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad acaten la exhortación de la PDDH. Incluso, el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien recientemente aseguró estar del lado de los ambientalistas, debería ordenar la pronta integración del sugerido grupo de investigación fiscal y policial especializado, para acabar con la impunidad y evitar nuevos crímenes en Cabañas.
Funes también podría demostrar que está del lado de los ambientalistas, depurando la Policía de Cabañas, promoviendo una ley que prohíba la minería de metales –causa principal de la conflictividad en dicha zona– y asumiendo una postura más firme contra las compañías mineras que exigen al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones mediante demandas ilegítimas en el CIADI.
Las instituciones encargadas de la seguridad y la justica tienen que actuar rápidamente, ante la mirada preocupada de la comunidad internacional, que ya ve a El Salvador como el país donde asesinan a los defensores del medioambiente que rechazan los proyectos mineros y, lo que es peor, bajo el primer gobierno de izquierda, encabezado por uno de los presidentes mejor evaluados en todo el Hemisferio Occidental.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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