jueves, 5 de febrero de 2009

Minería, derechos humanos, institucionalidad y estado de derecho*

La industria minera violenta derechos humanos en todos los países donde se realiza. Amenazas, destierros, enfermedades y asesinatos, son algunos atropellos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, especialmente de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.

Cuando las empresas extractivas encuentran depósitos minerales, intentan comprar las tierras a quienes las habitan y trabajan. Pero, cuando las comunidades se resisten, empiezan las presiones y amenazas que terminan en desplazamientos forzosos. Esto violenta los derechos a la propiedad, vivienda y trabajo.

Ya instaladas, las mineras provocan conflictos entre familias, vecindarios y comunidades. También envenenan agua, aire y suelos. Además dañan la pesca, agricultura y ganadería. Todo esto atenta contra los derechos a la seguridad e integridad física y psíquica, alimentación y a un medioambiente sano.

La contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido causa diversas enfermedades. Esto incumple los derechos a la salud y bienestar. Cuando los padecimientos como insuficiencia renal y cáncer de piel o pulmonar son mortales, se violenta el más fundamental de los derechos: la vida.

Al interior de las minas, los obreros reciben bajos salarios, realizan extenuantes jornadas de trabajo y son víctimas de constantes derrumbes, explosiones y otros accidentes. Con esto, los derechos a una remuneración digna, seguridad laboral y otros derechos son irrespetados por las empresas extractivas.

Cuando termina la explotación y procede el cierre de las minas, las compañías se retiran sin resarcir los daños que causaron. Las comunidades quedan con su ecosistema destruido, actividades productivas arruinadas y su vida amenazada. El derecho a compensación o indemnización justa, es violentado.

Para imponerse a la voluntad popular y al interés nacional, las compañías mineras corrompen y ponen de su lado a las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales y municipales. Pero no sólo compran la voluntad de funcionarios estatales, sino también de líderes comunitarios y religiosos.

El marco legal, sobre todo ambiental y laboral, es atropellado constantemente. La impunidad es compañera frecuente de las empresas mineras. Aún así, éstas acostumbran presentarse como víctimas, enjuician a pobladores y demandan en tribunales corporativos a gobiernos que rechazan sus peticiones.

Esta realidad es alarmante en países africanos y asiáticos como Gana, Kenia, Birmania e Indonesia. Pero también puede suceder en El Salvador. Las vejaciones y delitos cometidos por Pacific Rim muestran que la minería arrasaría con los derechos humanos, el estado de derecho y nuestras instituciones.

El secado de afluentes en San Isidro, daños a la agricultura en Guacotecti y los conflictos en Sensuntepeque violan derechos humanos. El irrespeto a las leyes de Minería y de Medio Ambiente, niegan el estado de derecho. Y el activismo minero de varios alcaldes y diputados, daña la institucionalidad.

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

2 comentarios:

Alex dijo...

Entonces eso quiere decir que aun sabiendo que hay diamantes y oro debajo de la tierra, no debemos hacer nada para extraerlos pues no hay una solucion viable y que no cause la destruccion del ecosistema?

Massi e Nico dijo...

Gracias por el comentario Alex.

Lamentablemente no existe una minería que no destruya el ecosistema. Lo que existe es una país, El Salvador, demasiado pequeño como para que la actual tecnología minera no lo dañe.

Existe un ministerio del medio ambiente sin capacidad de controlar ni medir el daño que las mineras hagan, y unas empresas mineras que se llevarian el 98% de las ganancias.