La semana pasada planteamos un balance negativo de la gestión ambiental del Ejecutivo, especialmente en la problemática minera. Ahora revisamos el quehacer de los órganos legislativo y judicial en materia ambiental, con el mismo énfasis en el tema extractivo.
La tesis es que no sólo el Ejecutivo ha tenido un desempeño deficitario en el ámbito ambiental durante el año 2010, sino también la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea no aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley General de Agua, Ley de Agua Potable y Saneamiento, nueva Ley de Minería y otras normativas que ayudarían a resolver graves problemas ambientales; y la Corte no instaló los tribunales ambientales para procesar a los autores intelectuales y materiales de escandalosos crímenes ambientales que están impunes.
La Ley de Ordenamiento Territorial fue entrampada a pesar de la innegable necesidad de su aprobación: El Salvador es el país más vulnerable del mundo, según el Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC) y la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según dichas entidades, el 88.7% del territorio nacional es zona de riesgo y el 95% de la población corre peligro de sufrir algún desastre, como resultado de la crisis ambiental provocada por el uso desordenado del suelo.
La Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento tampoco fueron avaladas, a pesar de la preocupante situación de los recursos hídricos del país: más del 90% de los afluentes superficiales están contaminados y sólo del 11% de los ríos puede potabilizarse el agua, según el propio Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN). A la falta de leyes se suma la no implementación de una política ambiental del Ejecutivo orientada a descontaminar los ríos y quebradas.
La Ley prohibitiva de la minería de metales no se aprobó a pesar de la decisión del Ejecutivo de no permitir ningún proyecto extractivo, del contundente rechazo de todos los sectores nacionales y de la creciente tendencia a prohibir la explotación minera en la mayoría de países del mundo.
En Centroamérica, el Congreso de Costa Rica prohibió recientemente la minería a cielo abierto y la Corte Suprema de Justicia revirtió el proyecto minero Crucitas, ubicado en las riberas del limítrofe Río San Juan; y en la Unión Europea fue vedado el uso de cianuro, lo cual en la práctica significa una prohibición de la minería aurífera, pues ese químico tóxico es el más utilizado para separar el oro del resto de metales.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia salvadoreña tiene como mayor deuda la no instalación de los tribunales ambientales que ordenó crear la Ley de Medioambiente, aprobada en 1998. Es decir, con semejante omisión, la Corte ha permitido durante doce años la impunidad de crímenes como la destrucción de la Finca El Espino y la Cordillera El Bálsamo, el vertido de desechos industriales y domésticos en ríos y quebradas, la contaminación minera de Commerce Group en La Unión y el secado de pozos por Pacific Rim en Cabañas, entre otros delitos ambientales.
Ojalá en el año 2011 el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia cumplan su obligación constitucional de resguardar el medioambiente y los recursos naturales, de lo cual dependen las posibilidades de continuidad de la vida en el país. Una mayor organización, movilización y presión ciudadana ayudaría en este sentido.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 28 de diciembre de 2010
martes, 21 de diciembre de 2010
Balance negativo*
El balance de la gestión ambiental del Ejecutivo durante el año que termina, especialmente en ámbito minero, es más negativo que positivo. Lo positivo es la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto de explotación minera, mientras que entre los aspectos negativos destaca la actitud ¿pro minera? de los ministerios de Economía y de Medioambiente.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor ni en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿Habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor ni en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿Habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 14 de diciembre de 2010
Nos ven cara de tontos*
Las empresas mineras nos siguen viendo la cara de tontos. Ayer, para la indignación de algunos y la risa de otros, llegaron a la Asamblea Legislativa a plantear que el cianuro no es dañino, que el 68.8% de los ingresos de la industria minera quedaría en el país y que en los lugares donde hubo minas puede construirse turicentros.
Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.
Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.
ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.
Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.
El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.
Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.
Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.
Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.
La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.
La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.
Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.
ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.
Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.
El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.
Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.
Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.
Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.
La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.
La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
martes, 7 de diciembre de 2010
Inminente fracaso de la COP 16*
La XVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP 16, que se realiza desde inicios del presente mes en el famoso balneario mexicano de Cancún, apunta a ser lo que estaba previsto que fuera: un rotundo fracaso para la humanidad y la Madre Tierra, pero un monumental éxito para las suicidas élites económicas y políticas mundiales que se niegan a dejar de contaminar el planeta.
Esta importante cumbre mundial tenía como propósitos discutir y plantear soluciones en varios ámbitos: Adaptación al cambio climático, financiamiento a la producción de energías limpias, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, transferencia de tecnología y educación global sobre cambio climático.
Pero con la información disponible hasta este momento sobre lo que acontece en el referido cónclave planetario, es factible prever que los resultados propuestos no serán alcanzados, sobre todo el referido a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que provocan el calentamiento global.
Incluso, los países ricos no sólo se oponen a avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pretenden revertir el Protocolo de Kioto que obliga a las potencias industriales a reducir gradualmente las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y otros gases contaminantes.
A las élites económicas y políticas –que dominan el mundo mediante la expansión de las empresas transnacionales, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los Tratados de Libre Comercio y la Organización Mundial del Comercio– no les importa el futuro de la humanidad.
En su febril ansia de lucro, esas élites corporativas explotan el petróleo, el gas natural, los metales y otros recursos naturales en forma irracional, causando estragos en la superficie del planeta y en la atmósfera. Esta es una verdadera actitud suicida que consiste, como dice el filósofo alemán Franz Hinnkelamert, en “cortar la rama donde están parados”.
Para contrarrestar a dichas élites, y para que no sean sus intereses los que decidan el destino de la especie humana, es necesaria una creciente concientización y movilización de la sociedad civil mundial, cuyos representantes también han viajado a Cancún para realizar una contra cumbre que no tendrá mayor incidencia en las decisiones de los líderes mundiales allí reunidos.
Evitar el eventual fracaso de la COP 16, más bien depende ahora de la coordinación y la presión que puedan hacer los gobiernos de los países del Sur, los más afectados por el calentamiento global y los que tienen algún nivel de conciencia ambiental. Éstos, que son la mayoría, deberían retomar propuestas como las del Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario indígena sudamericano insiste en sustituir el actual modelo de explotación, acumulación y consumo que impera en el mundo, por uno que sea equitativo y sustentable, basado en el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y en la necesidad de sobrevivencia de la especie humana.
Esperamos que ésta sea la postura asumida por la representación del gobierno salvadoreño que participa en las discusiones de la COP 16.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta importante cumbre mundial tenía como propósitos discutir y plantear soluciones en varios ámbitos: Adaptación al cambio climático, financiamiento a la producción de energías limpias, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, transferencia de tecnología y educación global sobre cambio climático.
Pero con la información disponible hasta este momento sobre lo que acontece en el referido cónclave planetario, es factible prever que los resultados propuestos no serán alcanzados, sobre todo el referido a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que provocan el calentamiento global.
Incluso, los países ricos no sólo se oponen a avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pretenden revertir el Protocolo de Kioto que obliga a las potencias industriales a reducir gradualmente las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y otros gases contaminantes.
A las élites económicas y políticas –que dominan el mundo mediante la expansión de las empresas transnacionales, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los Tratados de Libre Comercio y la Organización Mundial del Comercio– no les importa el futuro de la humanidad.
En su febril ansia de lucro, esas élites corporativas explotan el petróleo, el gas natural, los metales y otros recursos naturales en forma irracional, causando estragos en la superficie del planeta y en la atmósfera. Esta es una verdadera actitud suicida que consiste, como dice el filósofo alemán Franz Hinnkelamert, en “cortar la rama donde están parados”.
Para contrarrestar a dichas élites, y para que no sean sus intereses los que decidan el destino de la especie humana, es necesaria una creciente concientización y movilización de la sociedad civil mundial, cuyos representantes también han viajado a Cancún para realizar una contra cumbre que no tendrá mayor incidencia en las decisiones de los líderes mundiales allí reunidos.
Evitar el eventual fracaso de la COP 16, más bien depende ahora de la coordinación y la presión que puedan hacer los gobiernos de los países del Sur, los más afectados por el calentamiento global y los que tienen algún nivel de conciencia ambiental. Éstos, que son la mayoría, deberían retomar propuestas como las del Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario indígena sudamericano insiste en sustituir el actual modelo de explotación, acumulación y consumo que impera en el mundo, por uno que sea equitativo y sustentable, basado en el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y en la necesidad de sobrevivencia de la especie humana.
Esperamos que ésta sea la postura asumida por la representación del gobierno salvadoreño que participa en las discusiones de la COP 16.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 30 de noviembre de 2010
Mineras al contraataque*
A pesar del rechazo social a sus proyectos, la negativa gubernamental de otorgarles permisos y su descrédito por la violencia (Pacific Rim en Cabañas) y la contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido (Commerce Group en Santa Rosa de Lima), las empresas mineras deberían ir en retirada.
Pero no. Al contrario, Pacific Rim, Commerce Group y compañía han relanzado su ofensiva contra el país.
Esta nueva estrategia incluye enjuiciar a militantes de la resistencia contra la minería, reforzar sus demandas contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y boicotear en el Parlamento la aprobación de Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales.
En este contexto, Pacific Rim promovió el enjuiciamiento de siete ambientalistas de Cabañas la semana pasada, a quienes acusó de cometer delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.
Según la empresa minera, tales ilícitos fueron cometidos durante actos de protesta de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Sin embargo, el Juzgado de Paz de Sensuntepeque no encontró ninguna prueba y absolvió totalmente a los defensores del medioambiente. Pero los pobladores de Cabañas temen que estos juicios contra los opositores a la minería continúen.
En vez de admitir las demandas de Pacific Rim contra ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía y Policía deberían investigar sus posibles vínculos con la violencia que causó la muerte de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, las amenazas a reporteros de Radio Victoria, los atentados al sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra opositores a la minería.
En el marco de su nueva embestida, la minera canadiense también busca contener a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de la Ley que prohíba la minería, presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por eso, el pasado 19 de noviembre solicitó audiencia a dicha comisión a través del diputado Vicente Menjívar. En contra del repudio nacional a las empresas mineras, este diputado de ARENA no tuvo reparos en suscribir la nota firmada por esas tenebrosas compañías.
Las empresas que piden ser oídas en el Parlamento son: Pacific Rim El Salvador S.A. de C.V. (Dorado Exploraciones S.A. de C.V. y Cerro Colorado S.A de C.V.), Minerales Morazán S.A. de C.V, Brett Resources El Salvador S.A. de C.V., Kinross El Salvador S.A. de C.V., Martinique Minerals S.A de C.V. y Triada S.A de C.V.
Y los diputados miembros de la Comisión que recibirá a tales compañías son: Ciro Zepeda y Rubén Orellana, del PCN; Vicente Menjívar, Rigoberto Soto y David Reyes, de ARENA; Lourdes Palacios, Arístides Valencia, Yohalmo Cabrera y Gilberto Rivera, del FMLN; y Rodrigo Samayoa, Mario Tenorio y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Pero no. Al contrario, Pacific Rim, Commerce Group y compañía han relanzado su ofensiva contra el país.
Esta nueva estrategia incluye enjuiciar a militantes de la resistencia contra la minería, reforzar sus demandas contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y boicotear en el Parlamento la aprobación de Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales.
En este contexto, Pacific Rim promovió el enjuiciamiento de siete ambientalistas de Cabañas la semana pasada, a quienes acusó de cometer delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.
Según la empresa minera, tales ilícitos fueron cometidos durante actos de protesta de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Sin embargo, el Juzgado de Paz de Sensuntepeque no encontró ninguna prueba y absolvió totalmente a los defensores del medioambiente. Pero los pobladores de Cabañas temen que estos juicios contra los opositores a la minería continúen.
En vez de admitir las demandas de Pacific Rim contra ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía y Policía deberían investigar sus posibles vínculos con la violencia que causó la muerte de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, las amenazas a reporteros de Radio Victoria, los atentados al sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra opositores a la minería.
En el marco de su nueva embestida, la minera canadiense también busca contener a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de la Ley que prohíba la minería, presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por eso, el pasado 19 de noviembre solicitó audiencia a dicha comisión a través del diputado Vicente Menjívar. En contra del repudio nacional a las empresas mineras, este diputado de ARENA no tuvo reparos en suscribir la nota firmada por esas tenebrosas compañías.
Las empresas que piden ser oídas en el Parlamento son: Pacific Rim El Salvador S.A. de C.V. (Dorado Exploraciones S.A. de C.V. y Cerro Colorado S.A de C.V.), Minerales Morazán S.A. de C.V, Brett Resources El Salvador S.A. de C.V., Kinross El Salvador S.A. de C.V., Martinique Minerals S.A de C.V. y Triada S.A de C.V.
Y los diputados miembros de la Comisión que recibirá a tales compañías son: Ciro Zepeda y Rubén Orellana, del PCN; Vicente Menjívar, Rigoberto Soto y David Reyes, de ARENA; Lourdes Palacios, Arístides Valencia, Yohalmo Cabrera y Gilberto Rivera, del FMLN; y Rodrigo Samayoa, Mario Tenorio y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 23 de noviembre de 2010
Postura cuestionable*
Para decepción de quienes esperaban un firme rechazo gubernamental a la mina transfronteriza Cerro Blanco, el Presiden Mauricio Funes respaldó, la semana pasada, a las autoridades guatemaltecas en su decisión de no revertir ese proyecto minero que lanzará sus desechos al Lago de Guija y al Río Lempa.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
martes, 16 de noviembre de 2010
Preguntas sobre una ley que no se aprueba*
La lentitud con que camina el debate sobre una prohibición legislativa de la minería de metales plantea, al menos, cuatro preguntas inevitables.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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