En 2009 fueron asesinados tres activistas contra la minería en el departamento de Cabañas, hasta la fecha familiares, ambientalistas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) siguen exigiendo justicia. Una misa en conmemoración de ellos celebrada la semana pasada fue un recordatorio para las autoridades de que este caso no debe quedar en la impunidad.
Los defensores ambientales asesinados fueron Gustavo Marcelo Rivera y Ramiro Rivera, y la defensora Dora Alicia Sorto Recinos quien tenía ocho meses de embarazo, los crímenes se cometieron entre junio y diciembre de 2009. La Mesa frente a la Minería Metálica, junto a la comunidad Monseñor Romero, ofreció una misa en memoria de ellos.
Según el Fraile Domingo Solís conmemoraron “la vida de estas cuatro personas porque ellos son testigos de la vida, nosotros no celebramos muerte (…) están más vivos que nunca, porque siguen siendo ejemplo de lucha, trabajo por la dignidad y por el bienestar de las futuras generaciones”.
El titular de la PDDH, David Ernesto Morales, lamentó que en las investigaciones de los homicidios no se adoptaran todas las acciones posibles para el esclarecimiento de los delitos cometidos y conocer tanto a los autores materiales como intelectuales, agotando todas las líneas de investigación; y por el otro, la falta de medidas de protección y reparación integrales y eficaces, a favor de las personas defensoras ambientales de la zona y sus familias.
En octubre de 2013 organizaciones ambientalistas aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica denunciaron otro ataque armado en contra de uno sus miembros: Alejandro Guevara, un hombre de 52 años de edad que desde 2004 trabaja en defensa de los derechos humanos y ambientales de su comunidad, en Cabañas.
Morales resaltó la importancia de brindar protección y un tratamiento especial de parte del Estado para los casos de amenazas, atentados, lesiones y asesinatos de activistas ambientales, quienes son considerados personas defensoras de derechos humanos, por su labor “dentro de las sociedades que se precian de ser democráticas o que aspiran a ello”.
En el caso sucedido en 2009 La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al economista Rodrigo Chávez Palacios, quien está acusado de descuartizar a un hombre, por el asesinato de tres ambientalistas opositores a los proyectos mineros en Cabañas promovidos por la empresa Pacific Rim.
Zenaida Serrano de la Mesa, indicó que ellos creen que Palacios pudo tener algún tipo de participación y motivación “pero eso le corresponde al fiscal general determinar si tuvo o no participación en estos hechos de los ambientalistas por ello es que estamos pidiendo que se siga una autoría intelectual de estos casos”.
