Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
jueves, 11 de diciembre de 2014
miércoles, 10 de diciembre de 2014
El Salvador, el país que se resiste a la minería
El Salvador, el país que se resiste a la minería
El Salvador, un país que lucha por estar libre de minería
PUBLICADO: 2014-12-04
El Dorado, ese legendario lugar rebosante de minas de oro codiciado por los conquistadores y que motivó numerosas expediciones en su búsqueda, parece encontrarse en El Salvador. Este país, se encuentra inmerso en una batalla legal por este mineral. La empresa canadiense Pacific Rim (ahora Oceana Gold, pues compró a ésta en 2013) demandó al Estado por $301 millones como indemnización por no autorizar la explotación de la mina El Dorado, una decisión apoyada por las organizaciones sociales que se han aglutinado desde el 2005 en torno a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. La resolución, que no será apelable, será dictaminada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal adscrito al Banco Mundial.
“Cualquier juicio extraterritorial que trate de violentar el derecho que tiene el pueblo salvadoreño a salvaguardar la salud de la población, la defensa de nuestros recursos naturales carece de legitimidad, vulnera nuestra Constitución, y es una especie de chantaje que Pacific Rim y Oceana Gold quieren hacerle a la población”, afirma contundente Ángel Ibarrra, viceministro de Medio Ambiente.
El codiciado oro de El Dorado
Pacific Rim comenzó en 2002 a realizar tareas de exploración en el municipio de Cabañas, en la zona norte del país, y en 2004 solicitó el permiso de explotación para extraer oro. “En aquel momento la empresa se amparó en el nuevo impulso que se dio en el país a las inversiones extranjeras. Precisamente, en el año 2001 se reformó la Ley de Minería para hacerla más atractiva a los ojos de los inversionistas”, explica Edgardo Mira, presidente del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio (CEICOM). Es en 2009 cuando se inicia el litigio entre la multinacional y el Estado tras negarle el gobierno la licencia de explotación.
“Pacific Rim presentó un Estudio de Impacto Ambiental bastante deficiente, que no reunía los requerimientos técnicos ni científicos que el Ministerio del Ambiente requiere”, informa el viceministro. Se ha contactado con la empresa Oceana Gold, sin embargo, no ha ofrecido declaraciones. Esta empresa alega que se vulneró la Ley de inversiones del propio país.
Además, este proyecto nunca fue consultado con la población. “En el Salvador no ha habido consultas adecuadas, cuando hay un proyecto se consulta a aquella gente que se le va a brindar trabajo por lo que va a aceptar, o no se informa”, explica Luis Alonso, coordinador de proyecto de la organización Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Desde 2008 existe un compromiso público desde el Gobierno de no autorizar la explotación de proyectos mineros, existen en la actualidad 25 permisos de exploración suspendidos. “El Ministerio del Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía, realizó una evaluación ambiental estratégica para la industria minera entre el 2010 y 2011, y se comprobó que proyectos como el que plantea la Pacific Rim son incompatibles con la salud de la población, la alta vulnerabilidad ambiental y social del país con la densidad poblacional, y la salvaguardia de la calidad de los acuíferos, particularmente, el río Lempa que es el río más importante del país”.
La ganancia total para la empresa minera sería de unos 9.300 millones de dólares. Mientras los beneficios totales por regalías pagadas por la empresa para los municipios y el Estado podría ser de unos 94 millones de dólares cada uno, según los cálculos que realizan desde UNES.
“El tipo de minería que se quiere desarrollar es por lixiviación. Este proceso destruiría la montaña y vegetación, sacando grandes cantidades de piedra, y se vertería grandes cantidades de agua con cianuro que es muy tóxico. En este proceso de extracción se contamina agua, suelo, biodiversidad y la salud de la población”, aclara Luis Alonso.
Este país sufre la particularidad de que el 88,7% de su territorio está en riesgo y el 95,4% de la población es vulnerable ante los desastres, según las Naciones Unidas. Además, presenta una peculiaridad geográfica, "El Salvador es muy pequeño, 21mil km2 para una población de casi 7 millones de habitantes, no tiene condiciones este país para que las comunidades se desplacen de un lado para otro", apunta Teófilo Córdova, integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
El CIADI tiene hasta seis meses para dictar su resolución. De ser favorable a la empresa, no existe un recurso de apelación. “El laudo es final. Sólo existe un recurso de anulación que se enfoca sobre el proceso, más que de la legalidad de la cuestión. De acuerdo al convenio del CIADI, el Estado se encuentra en la obligación de cumplir el laudo de buena fe”, apunta Marcos Orellana, director del Centro Internacional para el Derecho Medioambiental (CIEL, siglas en inglés).
Respecto del tribunal, Orellana afirma que en la actualidad “el arbitraje de inversiones, más allá de proteger una inversión, pasa a ser una herramienta de presión, una suerte de extorsión del inversor para reclamar contra el Estado cuando no está satisfecho con las decisiones que éste adopta en materias de interés público”.
El agua, un bien escaso
"Podemos vivir sin oro, pero no sin agua", es el lema de las organizaciones que defienden un Salvador libre de minería metálica. El volumen de agua que se necesita por onza de oro es del orden de 3.700 L/onza. Si se considera que solo en la veta La Minita del proyecto El Dorado se pretende extraer 490.758 onzas de oro, eso significa casi 1,8 mil millones de litros de agua. "El agua que se emplearía en la mina El Dorado representa el agua que podría suministrarse cada año a 1.320 familias de cuatro personas", concluye el informe "Riesgos y posibles impactos de la minería metálica en el Salvador".
Unos datos alarmantes si consideramos que el agua en el Salvador es un bien muy escaso, tiene una disponibilidad de 1.752 m3 per cápita anual, la menor de Centroamérica, como señala la CEPAL, y la acerca a una situación de “estrés hídrico” considerado menor de 1700 m3 per cápita anual. El 20% de los hogares más pobres de El Salvador gastan en promedio más del 10% de sus ingresos en agua, según el informe de este organismo.
El acceso al agua potable es limitado, en las zonas rurales en torno al 31%, en las urbanas aproximadamente del 93%; y en un porcentaje muy significativo, los sistemas de abastecimiento carecen de servicios de calidad, pues el agua está contaminada o el servicio es irregular e ineficiente, y se restringe a ciertas horas del día, como informa una Evaluación Ambiental Estratégica realizada para el Ministerio de Economía.
El Ministerio del Medio Ambiente, en un informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, documenta que el índice de calidad del agua en las evaluaciones hechas a 55 ríos del país, reveló que el 65% de los sitios analizados tiene una calidad “regular”, 33% de mala a pésima, sólo el 2% mostraron una calidad “buena”. “Nuestro país tienen condiciones críticas en materia de calidad de agua y la minera resultaría incompatible con la minería”, comenta el viceministro.
Territorio libre de minería
A pesar de su riqueza en minerales, el Salvador busca ser un país libre de minería metálica, como lo constata la posición del Ejecutivo manifestada a través del viceministro quien asegura que “no se va autorizar ningún permiso de exploración ni de explotación en minería”. Además de la consulta popular realizada en septiembre en el municipio de San José las Flores, donde el 99% de los habitantes expresaron un rotundo no este tipo de proyectos.
“El hecho de que municipios reflexionen y voten por proyectos que les incumben, tiene que ver con la esencia democrática de nuestro gobierno que está orientada a construir el ‘Buen Vivir’ “, sentencia Ibarra. “Los resultados que arrojaron la consulta demostraron que los proyectos metalúrgicos no son la alternativa en el Salvador”, comenta Teófilo Córdova.
martes, 9 de diciembre de 2014
Tema ambiente invisible en elecciones El Salvador
Tema ambiente invisible en elecciones de alcalde en El Salvador
En las pasadas elecciones presidenciales salvadoreñas el tema ambiental tuvo un bajo perfil en la mayoría de las propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos. El tema sigue siendo poco prioritario para las próximas elecciones de alcaldías, diputados y diputadas.
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lunes, 8 de diciembre de 2014
Publicado en Diario Digital VOCES El Salvador
El foro de la paradoja: Empresas y Derechos Humanos
Saúl Baños
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en virtud del párrafo 12 de su resolución 17/4 , decidió establecer un Foro sobre las empresas y los derechos humanos, bajo la dirección del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas para “examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos y promover el diálogo y la cooperación acerca de las cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos, incluidos los problemas de determinados sectores, ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos, así como para definir las buenas prácticas”.
En virtud de la resolución 17/4, párrafo 13, el Foro es abierto a todos los interesados, incluyendo los Estados, los mecanismos y órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y organizaciones regionales, las empresas, los sindicatos, las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, así como las personas y grupos afectados.
El primer Foro tuvo se desarrolló del 3 al 5 de diciembre de 2012; el segundo fue en del 2 al 4 de diciembre de 2013; ambos se desarrollaron en Ginebra, Suiza.
El tercer Foro tuvo lugar siempre en Ginebra del 1 al 3 de diciembre de 2014. Esta vez fue denominado “Avanzando en las empresas y los derechos humanos en el mundo: alineación, adhesión y responsabilidad”.
De acuerdo a las resoluciones 17/4 y 26/22 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el foro se busca promover el diálogo y la cooperación en temas relacionados con las empresas y los derechos humanos. Así como debatir tendencias y retos en la aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que son como la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” los Derechos Humanos, incluyendo todos aquellos retos que se han presentado en sectores concretos, entornos operacionales o en relación a derechos específicos o grupos, además de destacar las “buenas prácticas” de cumplimiento.
El foro se desarrolló en esta época donde existen grandes emergencias de seguridad y sanidad a nivel internacional, así como algunos retos estructurales de carácter crítico. Estos incluyen el cambio climático, la desaparición de los ecosistemas, la desaceleración de la economía mundial, el desempleo de los jóvenes, la pérdida de confianza del sistema financiero y las tensiones políticas locales en distintas regiones. Una causa fundamental de esto es el fracaso de los Estados a la hora de asegurar la protección adecuada y respeto de los derechos humanos. Otro trasfondo en el panorama actual del mundo, en cambio constante, es el poder en aumento y el papel de las grandes empresas en la sociedad. Respetar los derechos humanos en un contexto de actividad económica es una prioridad a la hora de incrementar “prácticas responsables” en la empresa, y comprender el papel y las responsabilidades de las empresas en este nuevo contexto es uno de los cambios más significativos para los encargados de la formulación de popolíticas a nivel mundial a principios del siglo XXI.
El foro se centró en los siguientes temas: Fortalecimiento del diálogo y compromiso entre las partes interesadas; debate acerca de planes nacionales de acción para la implementación de los Principios Rectores; explorar el acceso a mecanismos de reparación eficaces; e, identificación de las buenas prácticas existentes.
El formato del evento es de carácter multiconsultivo, su programa abarca sesiones plenarias de alto nivel y eventos paralelos dirigidos por el Grupo de Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El programa también incluye otros eventos paralelos no menos importantes organizados por participantes externos.
Delegación salvadoreña en el tercer Foro
Por parte del sector de las organizaciones sociales de El Salvador, participan en el foro: Marixela Ramos, de Radio Victoria; Héctor Berríos, de MUFRAS-32; y Saúl Baños, de FESPAD (estas dos últimas organizaciones también miembras de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica); además, acompañaron y apoyaron a esta delegación, Sofía Vergara, representante de Oxfam América, y Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, de Guatemala.
Esta delegación participó en los espacios formales del Foro, en donde aprovecharon para dar a conocer las violaciones de Derechos Humanos que cometen las empresas mineras en El Salvador, particularmente, las empresas Pacific Rim y Oceana Gold, las cuales actualmente en el CIADI mantienen una demanda contra El Salvador por 301 millones de dólares.
La delegación también formó parte de algunos espacios paralelos al foro organizados por participantes externos, donde denunciaron la misma problemática. Además se reunieron con distintos funcionarios representantes de algunas relatorías de las Naciones Unidas, destacando entre ellas las de Ejecuciones Extrajudiciales, Sustancias Tóxicas, de Agua; y con representantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También, participaron en el curso de formación sobre nuevas estrategias de la defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, aprovecharon la oportunidad para desarrollar diferentes contactos con organizaciones internacionales no gubernamentales que apoyan el trabajo de respeto a los derechos humanos, entre ellas: Amnistía Internacional, la Red Internacional de Derechos Humanos –RIDH-; Franciscans International; Organización Mundial Contra la Tortura; Programa de Monitoreo de Minas de Latinoamérica; Cordillera Peoples Alliance, Centro Europa – Tercer Mundo –CETIM-, entre otros.
La paradoja: Empresas y Derechos Humanos
El tema de la responsabilidad jurídica de las empresas en materia de derechos humanos ahora resulta relevante puesto que actualmente el Estado ha perdido ese poder absoluto que en algún momento tuvo. Las empresas, principalmente las transnacionales, tienen grandes recursos que les permiten no cumplir con sus obligaciones jurídicas, por lo que es necesario mejorar la protección de los derechos humanos mediante la aprobación de tratados de protección con carácter vinculante.
Dentro del Sistema de Naciones Unidas, distintos han sido los esfuerzos por regular las actividades de las empresas transnacionales y comerciales de cara al respeto de los Derechos Humanos, así puede mencionarse el Proyecto de Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, en 1970.
En la actualidad, y desde hace unos pocos años el Grupo de Trabajo de la ONU y las empresas tratan de desarrollar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos.
No obstante, el debate ahora se centra en la nula obligación jurídica de tales principios. El hecho de que no sean vinculantes ha impedido el desarrollo de estándares normativos a empresas en materia de la protección humana.
Paradójico resulta que desde los Sistemas de Protección sea a los Estados a quienes se les sigue exigiendo protección a los Derechos Humanos, ante violaciones por parte de empresas que tienen hasta más recursos y poder, y que se siguen negando a que se emitan instrumentos jurídicos con carácter vinculante que regulen sus prácticas contrarias a los Derechos Humanos.
El tercer foro Empresas-Derechos Humanos, fue testimonio de esa postura. Por un lado, miembros de organizaciones sociales del mundo presentando casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas; por el otro lado, empresarios dando testimonio de prácticas amigables con el medio ambiente, de responsabilidad social corporativa, de creación de trabajo decente, todo en el marco de los Principios Rectores; pero negándose a aceptar la posibilidad de discutir un instrumento jurídico con carácter vinculante que proteja los Derechos Humanos.
miércoles, 3 de diciembre de 2014
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