El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y admitió la demanda de Pacific Rim, empresa canadiense que exige al gobierno una millonaria indemnización por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 10 de agosto de 2010
Decisión aberrante*
El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y declaró procedente la demanda de Pacific Rim.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 4 de agosto de 2010
¿Y los autores intelectuales?
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 3 de agosto de 2010
NOTA DE PRENSA
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
jueves, 22 de julio de 2010
CARTA A EMBAJADORA DE CANADÁ EN EL SALVADOR
San Salvador, 22 de julio de 2010.
Sra. Claire A. Paulin
Embajadora de Canadá
Presente.
El 22 de julio ha sido declarado “Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto”, por organizaciones de la sociedad civil canadiense y la comunidad salvadoreña en Canadá que denuncian a las empresas mineras que contaminan el medioambiente, provocan enfermedades mortales, generan conflictos sociales, causan pérdidas económicas y corrompen a gobiernos en muchos países de América Latina y otras regiones del mundo.
La mayoría de estas compañías son de origen canadiense: Gold Corp, Barrick Gold y otras. En El Salvador, la principal minera canadiense es Pacific Rim. Esta compañía secó afluentes en San Isidro, generó violencia en comunidades de Sensuntepeque y ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos explotación.
Estas empresas, casi siempre, son apoyadas por las embajadas de Canadá, que cabildean licencias de operación y leyes permisivas de la minería. Por eso, hoy, organizaciones sociales en todo el mundo protestan en las sedes diplomáticas canadienses. En El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el respaldo de Ciudades Hermanas, Salvaide, CISPES y Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region, solicita a usted lo siguiente:
1. Abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense instaladas en El Salvador.
2. Gestionar el retiro inmediato de estas empresas, dado que el gobierno salvadoreño, en forma soberana y atendiendo el unánime rechazo nacional a la minería de metales, ha decidido no permitir ningún proyecto minero.
3. Solicitar al Congreso de Canadá la pronta aprobación del Proyecto de Ley C-300, que castiga a las mineras canadienses que violenten los derechos humanos en cualquier país del mundo.
4. Suspender la negociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá y el CA-4, porque favorecería a las empresas mineras y violentaría la soberanía de nuestros países.
Sin más que agregar, nos suscribimos atentamente.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ciudades Hermanas.
Salvaide.
Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region.
Sra. Claire A. Paulin
Embajadora de Canadá
Presente.
El 22 de julio ha sido declarado “Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto”, por organizaciones de la sociedad civil canadiense y la comunidad salvadoreña en Canadá que denuncian a las empresas mineras que contaminan el medioambiente, provocan enfermedades mortales, generan conflictos sociales, causan pérdidas económicas y corrompen a gobiernos en muchos países de América Latina y otras regiones del mundo.
La mayoría de estas compañías son de origen canadiense: Gold Corp, Barrick Gold y otras. En El Salvador, la principal minera canadiense es Pacific Rim. Esta compañía secó afluentes en San Isidro, generó violencia en comunidades de Sensuntepeque y ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos explotación.
Estas empresas, casi siempre, son apoyadas por las embajadas de Canadá, que cabildean licencias de operación y leyes permisivas de la minería. Por eso, hoy, organizaciones sociales en todo el mundo protestan en las sedes diplomáticas canadienses. En El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el respaldo de Ciudades Hermanas, Salvaide, CISPES y Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region, solicita a usted lo siguiente:
1. Abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense instaladas en El Salvador.
2. Gestionar el retiro inmediato de estas empresas, dado que el gobierno salvadoreño, en forma soberana y atendiendo el unánime rechazo nacional a la minería de metales, ha decidido no permitir ningún proyecto minero.
3. Solicitar al Congreso de Canadá la pronta aprobación del Proyecto de Ley C-300, que castiga a las mineras canadienses que violenten los derechos humanos en cualquier país del mundo.
4. Suspender la negociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá y el CA-4, porque favorecería a las empresas mineras y violentaría la soberanía de nuestros países.
Sin más que agregar, nos suscribimos atentamente.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ciudades Hermanas.
Salvaide.
Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region.
martes, 20 de julio de 2010
CUATRO RAZONES PARA APROBAR UNA LEY QUE PROHÍBA LA MINERÍA DE METALES EN EL SALVADOR
1. Prohibir en forma definitiva la minería metálica. El Presidente Mauricio Funes ha reiterado en varias ocasiones que, durante su administración, no habrá proyectos mineros. Sin embargo, la sola declaración presidencial es insuficiente para prohibirlos definitivamente. Es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para evitar que futuros gobiernos sí los permitan. En tal sentido, una ley (y una eventual reforma constitucional) es la única manera de cerrar en forma definitiva las posibilidades de explotación minera para librar al país de los peligros que representa la extracción de metales del subsuelo: contaminación ambiental, enfermedades mortales, actos de violencia, pérdidas económicas y corrupción.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
Preguntas al fiscal Delgado y al comisionado Coto*
La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) insisten en que la causa de los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos no es el conflicto minero, sino viejas rencillas personales y familiares.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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