Las más recientes declaraciones de Thomas Shrake, presidente de la transnacional minera Pacific Rim, podrían pasar desapercibidas, sino fuera por el carácter delictivo de su contenido mentiroso, difamatorio, calumniador.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 14 de julio de 2010
martes, 13 de julio de 2010
COMUNICADO DE PRENSA DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República –a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
1. El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
2. El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
3. Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. Casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
San Salvador, 13 de julio de 2010.
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República –a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
1. El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
2. El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
3. Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. Casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
San Salvador, 13 de julio de 2010.
miércoles, 7 de julio de 2010
Acción insuficiente*
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil presentaron, el jueves 1º. de julio recién pasado, a nueve presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Ambos crímenes fueron perpetrados en diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
La detención y enjuiciamiento de los supuestos asesinos es positiva, en tanto responde a la creciente demanda de justicia planteada no sólo por las comunidades de Cabañas y el movimiento anti minero salvadoreño, sino también por importantes actores de la Comunidad Internacional: desde entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta influyentes congresistas estadounidenses como James McGovern y Patrick Leahy. Hasta hoy, Fiscalía y Policía sólo habían capturado a presuntos autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato del también ambientalista Gustavo Marcelo Rivera.
Sin embargo, la plausible acción de las autoridades fiscales y policiales no está exenta de, al menos, tres críticas.
La primera es que se trata de una acción insuficiente, pues las detenciones únicamente se refieren a los atroces asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto. Mientras que por las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y diversos actos de intimidación contra opositores a la explotación minera en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todavía no hay capturas.
La segunda es la cuestionable declaración de Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y de Howard Coto, subdirector de Investigaciones de la PNC, referida a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los crímenes. Según dichos funcionarios, las posturas encontradas sobre la minería en Trinidad sólo exacerbaron diferencias familiares de larga data. Delgado y Coto deberían revisar los expedientes fiscales, policiales y judiciales, para constatar que la violencia en la referida zona inició justo cuando comenzaron las exploraciones mineras.
Y la tercera es el sospechoso intento de los funcionarios en cuestión de querer dar por terminadas las investigaciones, afirmando que entre los capturados se encuentran tanto los autores materiales como también los responsables intelectuales de los crímenes contra los ambientalistas Rivera y Sorto. Llama la atención que la DECO y la Subdirección de Investigaciones de la Policía se nieguen a investigar a Pacific Rim, a pesar de que la confrontación en Cabañas resultó de una estrategia de compra de voluntades y división de comunidades implementada por esa minera canadiense y sus colaboradores.
En tal sentido, además de reiterar el reconocimiento a la reciente actuación de la Fiscalía y Policía, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica recuerda a ambas instituciones las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordenan realizar una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto; amenazas a personal de Radio Victoria, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, etc.
Esta investigación debe conducir a la identificación, enjuiciamiento y condena de todos los autores intelectuales y materiales de los mencionados crímenes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
La detención y enjuiciamiento de los supuestos asesinos es positiva, en tanto responde a la creciente demanda de justicia planteada no sólo por las comunidades de Cabañas y el movimiento anti minero salvadoreño, sino también por importantes actores de la Comunidad Internacional: desde entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta influyentes congresistas estadounidenses como James McGovern y Patrick Leahy. Hasta hoy, Fiscalía y Policía sólo habían capturado a presuntos autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato del también ambientalista Gustavo Marcelo Rivera.
Sin embargo, la plausible acción de las autoridades fiscales y policiales no está exenta de, al menos, tres críticas.
La primera es que se trata de una acción insuficiente, pues las detenciones únicamente se refieren a los atroces asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto. Mientras que por las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y diversos actos de intimidación contra opositores a la explotación minera en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todavía no hay capturas.
La segunda es la cuestionable declaración de Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y de Howard Coto, subdirector de Investigaciones de la PNC, referida a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los crímenes. Según dichos funcionarios, las posturas encontradas sobre la minería en Trinidad sólo exacerbaron diferencias familiares de larga data. Delgado y Coto deberían revisar los expedientes fiscales, policiales y judiciales, para constatar que la violencia en la referida zona inició justo cuando comenzaron las exploraciones mineras.
Y la tercera es el sospechoso intento de los funcionarios en cuestión de querer dar por terminadas las investigaciones, afirmando que entre los capturados se encuentran tanto los autores materiales como también los responsables intelectuales de los crímenes contra los ambientalistas Rivera y Sorto. Llama la atención que la DECO y la Subdirección de Investigaciones de la Policía se nieguen a investigar a Pacific Rim, a pesar de que la confrontación en Cabañas resultó de una estrategia de compra de voluntades y división de comunidades implementada por esa minera canadiense y sus colaboradores.
En tal sentido, además de reiterar el reconocimiento a la reciente actuación de la Fiscalía y Policía, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica recuerda a ambas instituciones las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordenan realizar una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto; amenazas a personal de Radio Victoria, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, etc.
Esta investigación debe conducir a la identificación, enjuiciamiento y condena de todos los autores intelectuales y materiales de los mencionados crímenes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
lunes, 5 de julio de 2010
Respuesta al Presidente Funes*
Respuesta al Presidente Funes*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, reiteró –a principios de este mes– su decisión de no permitir ningún proyecto minero en el país, y pidió a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tener confianza en que su gobierno cumplirá esta promesa.
Las plausibles declaraciones presidenciales fueron en el contexto la realización de la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y sus consecuentes reacciones: protestas simultáneas –organizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras entidades ciudadanas estadounidenses y canadienses– en varias ciudades de Estados Unidos (Seattle, New York, Washington, Boston, entre otras) y de Canadá (principalmente en Vancouver); y en El Salvador, el rechazo arzobispal a la demanda de Pacific Rim y el respaldo de la Mesa a los argumentos del Estado salvadoreño en su defensa.
Como respuesta a lo expresado por el Presidente, la Mesa manifiesta –en primer lugar– su satisfacción por el compromiso del Gobierno del Cambio referido a salvaguardar el medioambiente y la vida, evitando la explotación minera; y su absoluta confianza en que dicho compromiso será cumplido.
Y –en segundo lugar– ratifica su demanda de aprobar una ley que otorgue validez jurídica a las referidas declaraciones del Mandatario. En tal sentido, reitera su solicitud al Jefe del Ejecutivo de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa de ley, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía, y pedir a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de minería metálica.
Para esto, la Mesa ha presentado un proyecto de nueva ley de minería y el grupo parlamentario del gobernante FMLN ha propuesto una reforma a la actual ley minera. Ambas propuestas, que coinciden en la prohibición de la extracción de metales, ya están en discusión de la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso.
Dichas mociones son bien vistas por algunos grupos parlamentarios, principalmente el FMLN y GANA. Sin embargo, sus posibilidades de aprobación serían mayores con el respaldo del Ejecutivo.
Una ley prohibitiva de la minería, como ha insistido la Mesa en varias ocasiones, no sólo impediría en forma terminante esta tenebrosa industria, sino que evitaría nuevas demandas de empresas mineras que podrían solicitar permisos y –cuando el gobierno se los niegue– proceder después a demandar al país en tribunales corporativos internacionales, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
Además, una prohibición definitiva de las actividades mineras (también reiterado por la Mesa en publicaciones anteriores) daría solvencia moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco suspender la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Así, la demanda de rechazar definitivamente la minería, mediante una ley que la prohíba, no es una postura caprichosa ni un acto de presión política, sino una propuesta de concreción legal de la posición anti minera del Presidente Funes, cuyas declaraciones públicas no son por sí mismas vinculantes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
El Presidente de la República, Mauricio Funes, reiteró –a principios de este mes– su decisión de no permitir ningún proyecto minero en el país, y pidió a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tener confianza en que su gobierno cumplirá esta promesa.
Las plausibles declaraciones presidenciales fueron en el contexto la realización de la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y sus consecuentes reacciones: protestas simultáneas –organizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras entidades ciudadanas estadounidenses y canadienses– en varias ciudades de Estados Unidos (Seattle, New York, Washington, Boston, entre otras) y de Canadá (principalmente en Vancouver); y en El Salvador, el rechazo arzobispal a la demanda de Pacific Rim y el respaldo de la Mesa a los argumentos del Estado salvadoreño en su defensa.
Como respuesta a lo expresado por el Presidente, la Mesa manifiesta –en primer lugar– su satisfacción por el compromiso del Gobierno del Cambio referido a salvaguardar el medioambiente y la vida, evitando la explotación minera; y su absoluta confianza en que dicho compromiso será cumplido.
Y –en segundo lugar– ratifica su demanda de aprobar una ley que otorgue validez jurídica a las referidas declaraciones del Mandatario. En tal sentido, reitera su solicitud al Jefe del Ejecutivo de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa de ley, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía, y pedir a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de minería metálica.
Para esto, la Mesa ha presentado un proyecto de nueva ley de minería y el grupo parlamentario del gobernante FMLN ha propuesto una reforma a la actual ley minera. Ambas propuestas, que coinciden en la prohibición de la extracción de metales, ya están en discusión de la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso.
Dichas mociones son bien vistas por algunos grupos parlamentarios, principalmente el FMLN y GANA. Sin embargo, sus posibilidades de aprobación serían mayores con el respaldo del Ejecutivo.
Una ley prohibitiva de la minería, como ha insistido la Mesa en varias ocasiones, no sólo impediría en forma terminante esta tenebrosa industria, sino que evitaría nuevas demandas de empresas mineras que podrían solicitar permisos y –cuando el gobierno se los niegue– proceder después a demandar al país en tribunales corporativos internacionales, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
Además, una prohibición definitiva de las actividades mineras (también reiterado por la Mesa en publicaciones anteriores) daría solvencia moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco suspender la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Así, la demanda de rechazar definitivamente la minería, mediante una ley que la prohíba, no es una postura caprichosa ni un acto de presión política, sino una propuesta de concreción legal de la posición anti minera del Presidente Funes, cuyas declaraciones públicas no son por sí mismas vinculantes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
miércoles, 23 de junio de 2010
Sintonía con el contexto*
La recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discutirá, en los próximos días, dos propuestas de prohibición de la minería, presentadas por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por el grupo parlamentario del gobernante FMLN, respectivamente.
La primera propuesta se refiere a la aprobación de una nueva Ley de Minería, mientras la segunda plantea el aval a una reforma a la actual ley minera. Sin embargo, ambas mociones son coincidentes en su propósito fundamental: impedir en forma definitiva la extracción de metales preciosos del subsuelo nacional.
La posible prohibición de la exploración y explotación minera en el país es doblemente acertada. Primero porque responde a la urgencia de librar al país de los peligros de esta nociva industria y, segundo, porque la medida es acorde al actual contexto internacional de prohibición de la minería de metales.
Debido a irreversible contaminación ambiental, graves daños a la salud humana y crecientes conflictos comunitarios, avanzan en diversos países del mundo medidas de mayor control y prohibición de las actividades mineras. Por límites de espacio, este artículo sólo menciona cuatro casos ilustrativos.
El primero es Costa Rica. La Presidente Laura Chinchilla –el 8 de mayo de 2010– en su primer día de mandato, prohibió la minería a cielo abierto, restableciendo una moratoria que había sido derogada por su antecesor Óscar Arias. Con esto, la gobernante tica cumplió una de sus principales promesas de campaña electoral.
El segundo es Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó –el 22 de mayo de este año– al gobierno cerrar, en un plazo de veinte días, la mina Marlin, de la canadiense Gold Corp. Esta decisión fue respaldada, recientemente, por el Relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El tercero es la Unión Europea. El Parlamento Europeo exigió –el 17 de mayo de este mismo año– a las empresas mineras utilizar métodos de lixiviación menos contaminantes y prohibió en todos los países de la Unión el uso de cianuro, químico tóxico que Pacific Rim pretendía utilizar para extraer oro y plata en Cabañas.
Y el cuarto es Canadá. El Congreso discute, desde hace dos meses, una normativa reguladora de las mineras canadienses que operan en el extranjero. El proyecto de ley incluye mecanismos de investigación, verificación y sanciones contra corporaciones que violentan derechos ambientales, indígenas y laborales.
Los casos referidos demuestran que el Estado salvadoreño, al proponerse prohibir la exploración y explotación de metales, está en sintonía con el contexto internacional y a la vanguardia de las medidas de protección que, en materia ambiental y social, impulsan países responsables en todas las latitudes del planeta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
La primera propuesta se refiere a la aprobación de una nueva Ley de Minería, mientras la segunda plantea el aval a una reforma a la actual ley minera. Sin embargo, ambas mociones son coincidentes en su propósito fundamental: impedir en forma definitiva la extracción de metales preciosos del subsuelo nacional.
La posible prohibición de la exploración y explotación minera en el país es doblemente acertada. Primero porque responde a la urgencia de librar al país de los peligros de esta nociva industria y, segundo, porque la medida es acorde al actual contexto internacional de prohibición de la minería de metales.
Debido a irreversible contaminación ambiental, graves daños a la salud humana y crecientes conflictos comunitarios, avanzan en diversos países del mundo medidas de mayor control y prohibición de las actividades mineras. Por límites de espacio, este artículo sólo menciona cuatro casos ilustrativos.
El primero es Costa Rica. La Presidente Laura Chinchilla –el 8 de mayo de 2010– en su primer día de mandato, prohibió la minería a cielo abierto, restableciendo una moratoria que había sido derogada por su antecesor Óscar Arias. Con esto, la gobernante tica cumplió una de sus principales promesas de campaña electoral.
El segundo es Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó –el 22 de mayo de este año– al gobierno cerrar, en un plazo de veinte días, la mina Marlin, de la canadiense Gold Corp. Esta decisión fue respaldada, recientemente, por el Relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El tercero es la Unión Europea. El Parlamento Europeo exigió –el 17 de mayo de este mismo año– a las empresas mineras utilizar métodos de lixiviación menos contaminantes y prohibió en todos los países de la Unión el uso de cianuro, químico tóxico que Pacific Rim pretendía utilizar para extraer oro y plata en Cabañas.
Y el cuarto es Canadá. El Congreso discute, desde hace dos meses, una normativa reguladora de las mineras canadienses que operan en el extranjero. El proyecto de ley incluye mecanismos de investigación, verificación y sanciones contra corporaciones que violentan derechos ambientales, indígenas y laborales.
Los casos referidos demuestran que el Estado salvadoreño, al proponerse prohibir la exploración y explotación de metales, está en sintonía con el contexto internacional y a la vanguardia de las medidas de protección que, en materia ambiental y social, impulsan países responsables en todas las latitudes del planeta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
miércoles, 16 de junio de 2010
Un año de impunidad*
El próximo viernes 18 de junio se cumplirá un año de la desaparición forzada del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, líder de la resistencia comunitaria a los proyecto de la minera Pacific Rim y crítico de la gestión de José Ignacio Bautista, alcalde arenero de San Isidro, Cabañas.
Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.
Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.
La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.
Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.
Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.
Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.
En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.
En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.
El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.
Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.
La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.
Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.
Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.
Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.
En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.
En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.
El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 1 de junio de 2010
Camino a seguir*
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el cierre de la mina Marlin, operada por la canadiense Gold Corp en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos (Guatemala), debido a la grave contaminación ambiental y daños a la salud de dieciocho comunidades indígenas man y sipakapenses.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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