El próximo viernes 18 de junio se cumplirá un año de la desaparición forzada del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, líder de la resistencia comunitaria a los proyecto de la minera Pacific Rim y crítico de la gestión de José Ignacio Bautista, alcalde arenero de San Isidro, Cabañas.
Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.
Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.
La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.
Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.
Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.
Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.
En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.
En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.
El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 16 de junio de 2010
martes, 1 de junio de 2010
Camino a seguir*
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el cierre de la mina Marlin, operada por la canadiense Gold Corp en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos (Guatemala), debido a la grave contaminación ambiental y daños a la salud de dieciocho comunidades indígenas man y sipakapenses.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 31 de mayo de 2010
COMUNICADO DE PRENSA DE SEMANA AMBIENTAL
Las organizaciones comunitarias, religiosas, de derechos humanos y ecologistas, miembras del Movimiento Nacional Ambiental, que participamos en esta I Semana Ambiental y en la X Caminata Ecológica, expresamos lo siguiente:
1. Nos indigna el alarmante deterioro ecológico, que convierte a nuestro país en el más vulnerable del mundo. La Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) confirmó recientemente que el 87.7% del territorio nacional es zona de riesgos y el 95% de la población peligra sufrir algún desastre; y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) reveló que el 92% de los ríos están contaminados y que sólo del 11% de éstos puede potabilizarse el agua. A esto se suma la deforestación, contaminación del aire, desertificación del suelo, construcción de represas, efectos del cambio climático, amenaza de proyectos mineros y otros problemas causados por las políticas neoliberales. Por tanto, responsabilizamos por esta catástrofe ambiental a los gobiernos de ARENA.
2. En general, el “gobierno del cambio” mantiene este sesgo anti ecológico, a pesar de las buenas intenciones de los titulares del MARN. Más allá de presentar diagnósticos, publicar estudios de impacto ambiental, ampliar el sistema de áreas naturales protegidas y anunciar una estrategia de tratamiento de desechos sólidos, el Ejecutivo evade las problemáticas ambientales más graves. Lo demuestra su falta de iniciativa en el Parlamento para aprobar leyes de ordenamiento territorial, de agua y de prohibición de la minería, presentadas por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, Foro Nacional del Agua y Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, respectivamente. De igual forma, continuó la construcción de la represa El Chaparral y no descarta la de El Cimarrón.
3. Las demás instituciones estatales son igual o todavía más irresponsables con el medioambiente y la vida. La Asamblea Legislativa, además de no aprobar las normativas antes mencionadas, eliminó la prohibición de los productos transgénicos y se apresta a ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa que, como el CAFTA-DR y los acuerdos bilaterales de inversión, impactará negativamente en el medioambiente. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia genera impunidad ambiental al posponer la instalación de los tribunales ambientales, necesarios para procesar a todos los depredadores del ecosistema. Alcaldías como la de San Salvador tampoco hacen lo suficiente en las comunidades en riesgo del Área Metropolitana, ni en la descontaminación de la ciudad.
4. La política ambiental sustentable propuesta desde las organizaciones populares incluye acciones para descontaminar y proteger los recursos hídricos, gestionar los riesgos y prevenir desastres, prohibir la minería, no construir represas, promover energías alternativas, entre otras; y su implementación corresponde principalmente al Ejecutivo, pero es obligación de todo el Estado. Por tanto, exigimos al Presidente Mauricio Funes una política ambiental sustentable y participativa; al Congreso el aval a los proyectos de Ley General de Aguas, y del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, de Ordenamiento Territorial y nueva Ley de Minería; a la Corte Suprema de Justicia la creación de los tribunales ambientales; y a las alcaldías reducción local de vulnerabilidades.
5. La I Semana Ambiental, que hoy inauguramos, se enmarcada en el Día Mundial del Medioambiente a realizarse el próximo 5 de junio y contiene actos ecuménicos, festivales culturales, jornada de evaluación del primer año de la Administración Funes, entrega de piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, un tribunal popular ambiental y otras actividades que culminarán con la X Caminata Ecológica, la cual llegará hasta Casa Presidencial para entregar al Mandatario la propuesta de Política Ambiental Sustentable y ofrecerle nuestro respaldo en su implementación. Invitamos al país entero a participar en la impostergable tarea de detener la destrucción de nuestra casa para garantizar la continuidad de la vida.
MOVIMIENTO NACIONAL AMBIENTAL
San Salvador, 31 de mayo de 2010.
1. Nos indigna el alarmante deterioro ecológico, que convierte a nuestro país en el más vulnerable del mundo. La Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) confirmó recientemente que el 87.7% del territorio nacional es zona de riesgos y el 95% de la población peligra sufrir algún desastre; y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) reveló que el 92% de los ríos están contaminados y que sólo del 11% de éstos puede potabilizarse el agua. A esto se suma la deforestación, contaminación del aire, desertificación del suelo, construcción de represas, efectos del cambio climático, amenaza de proyectos mineros y otros problemas causados por las políticas neoliberales. Por tanto, responsabilizamos por esta catástrofe ambiental a los gobiernos de ARENA.
2. En general, el “gobierno del cambio” mantiene este sesgo anti ecológico, a pesar de las buenas intenciones de los titulares del MARN. Más allá de presentar diagnósticos, publicar estudios de impacto ambiental, ampliar el sistema de áreas naturales protegidas y anunciar una estrategia de tratamiento de desechos sólidos, el Ejecutivo evade las problemáticas ambientales más graves. Lo demuestra su falta de iniciativa en el Parlamento para aprobar leyes de ordenamiento territorial, de agua y de prohibición de la minería, presentadas por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, Foro Nacional del Agua y Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, respectivamente. De igual forma, continuó la construcción de la represa El Chaparral y no descarta la de El Cimarrón.
3. Las demás instituciones estatales son igual o todavía más irresponsables con el medioambiente y la vida. La Asamblea Legislativa, además de no aprobar las normativas antes mencionadas, eliminó la prohibición de los productos transgénicos y se apresta a ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa que, como el CAFTA-DR y los acuerdos bilaterales de inversión, impactará negativamente en el medioambiente. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia genera impunidad ambiental al posponer la instalación de los tribunales ambientales, necesarios para procesar a todos los depredadores del ecosistema. Alcaldías como la de San Salvador tampoco hacen lo suficiente en las comunidades en riesgo del Área Metropolitana, ni en la descontaminación de la ciudad.
4. La política ambiental sustentable propuesta desde las organizaciones populares incluye acciones para descontaminar y proteger los recursos hídricos, gestionar los riesgos y prevenir desastres, prohibir la minería, no construir represas, promover energías alternativas, entre otras; y su implementación corresponde principalmente al Ejecutivo, pero es obligación de todo el Estado. Por tanto, exigimos al Presidente Mauricio Funes una política ambiental sustentable y participativa; al Congreso el aval a los proyectos de Ley General de Aguas, y del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, de Ordenamiento Territorial y nueva Ley de Minería; a la Corte Suprema de Justicia la creación de los tribunales ambientales; y a las alcaldías reducción local de vulnerabilidades.
5. La I Semana Ambiental, que hoy inauguramos, se enmarcada en el Día Mundial del Medioambiente a realizarse el próximo 5 de junio y contiene actos ecuménicos, festivales culturales, jornada de evaluación del primer año de la Administración Funes, entrega de piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, un tribunal popular ambiental y otras actividades que culminarán con la X Caminata Ecológica, la cual llegará hasta Casa Presidencial para entregar al Mandatario la propuesta de Política Ambiental Sustentable y ofrecerle nuestro respaldo en su implementación. Invitamos al país entero a participar en la impostergable tarea de detener la destrucción de nuestra casa para garantizar la continuidad de la vida.
MOVIMIENTO NACIONAL AMBIENTAL
San Salvador, 31 de mayo de 2010.
El Salvador enjuiciado injustamente
Este día inició la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, demandado por la empresa canadiense Pacific Rim, que lo acusa de violentar “sus derechos” al negarle licencias de explotación minera en Cabañas.
El juicio se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial con sede en Washington, donde Pacific Rim exige al gobierno de El Salvador una indemnización de $100 millones por impedirle extraer oro y plata del subsuelo nacional.
Hasta este momento, los abogados del Estado salvadoreño han presentado sus objeciones iniciales, después de que Pacific Rim presentó sus argumentos, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y la Ley de Inversiones.
La representación del gobierno salvadoreño rechaza la demanda de Pacific Rim, pues el derecho violentado es inexistente; es decir, nunca adquirió derechos porque las licencias de explotación no son automáticas, sino que dependen del permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.
Y Pacific Rim no obtuvo dicho permiso ambiental –y por consiguiente la licencia de explotación- debido a que no presentó un estudio de factibilidad ni logró demostrar que sus proyectos no causarían daños.
Ante esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa lo siguiente:
1. Respaldamos los argumentos de gobierno salvadoreño, pues su decisión de no permitir la minería es legal y legítima. Legal porque la Ley de Minería no obliga al Estado a otorgar licencias de explotación después de asignar permisos de exploración, y es legítima porque busca proteger el medioambiente y la salud humana.
2. De igual forma apoyamos la petición de que el CIADI se declare incompetente de conocer el caso o que declare frívola la demanda, dada la falta de argumentos válidos por parte de Pacific Rim.
3. Recordamos que es Pacific Rim la que debe ser demandada, debido a que causó daños ambientales y conflictividad en Cabañas, donde sus actividades han provocado la muerte de cinco personas.
4. Denunciar al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), como mecanismo para que empresas transnacionales demanda a los Estados cuando sus intereses sean afectados.
5. Advertir sobre los riesgos de suscribir un Tratado de Libre Comercio con Canadá, ya que podría favorecer a empresas como Pacific Rim.
San Salvador, 31 de mayo de 2010.
El juicio se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial con sede en Washington, donde Pacific Rim exige al gobierno de El Salvador una indemnización de $100 millones por impedirle extraer oro y plata del subsuelo nacional.
Hasta este momento, los abogados del Estado salvadoreño han presentado sus objeciones iniciales, después de que Pacific Rim presentó sus argumentos, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y la Ley de Inversiones.
La representación del gobierno salvadoreño rechaza la demanda de Pacific Rim, pues el derecho violentado es inexistente; es decir, nunca adquirió derechos porque las licencias de explotación no son automáticas, sino que dependen del permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.
Y Pacific Rim no obtuvo dicho permiso ambiental –y por consiguiente la licencia de explotación- debido a que no presentó un estudio de factibilidad ni logró demostrar que sus proyectos no causarían daños.
Ante esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa lo siguiente:
1. Respaldamos los argumentos de gobierno salvadoreño, pues su decisión de no permitir la minería es legal y legítima. Legal porque la Ley de Minería no obliga al Estado a otorgar licencias de explotación después de asignar permisos de exploración, y es legítima porque busca proteger el medioambiente y la salud humana.
2. De igual forma apoyamos la petición de que el CIADI se declare incompetente de conocer el caso o que declare frívola la demanda, dada la falta de argumentos válidos por parte de Pacific Rim.
3. Recordamos que es Pacific Rim la que debe ser demandada, debido a que causó daños ambientales y conflictividad en Cabañas, donde sus actividades han provocado la muerte de cinco personas.
4. Denunciar al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), como mecanismo para que empresas transnacionales demanda a los Estados cuando sus intereses sean afectados.
5. Advertir sobre los riesgos de suscribir un Tratado de Libre Comercio con Canadá, ya que podría favorecer a empresas como Pacific Rim.
San Salvador, 31 de mayo de 2010.
jueves, 27 de mayo de 2010
País enjuiciado*
El 31 de mayo próximo se realizará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, acusado por la empresa Pacific Rim de violentar sus derechos corporativos al negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Este hecho, sobre el que no informan los grandes medios de comunicación y del cual el “gobierno del cambio” evita referirse en público, constituye un precedente nefasto para cualquier país del mundo que intente proteger el medioambiente, la salud de la población y la continuidad de la vida, en detrimento de los intereses de compañías extractivas.
La empresa canadiense concretó su amenaza de demandar a El Salvador cuando el actual gobierno ratificó la decisión de su antecesor referida a impedir los proyectos mineros, y activó el arbitraje del CIADI, una especie de tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington.
Según Pacific Rim, las autoridades salvadoreñas incumplieron su derecho a obtener una licencia de explotación, que debía recibir como extensión del permiso de exploración, y que su expectativa de operar en el país le llevó a invertir 77 millones de dólares, que ahora exige como indemnización, más los costos procesales que completarían los 100 millones.
El gobierno de El Salvador desmiente tales acusaciones, argumentado que los permisos de explotación no son automáticos; es decir: al otorgar una licencia de exploración, el Estado no está obligado a asignar la autorización para explotar. Por tanto, el derecho alegado por Pacific Rim es inexistente.
El principal requisito para lograr licencias de explotación es el permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), algo que Pacific Rim no consiguió por el incumplimiento de requerimientos ambientales y por falta del estudio de factibilidad del proyecto. La empresa se limitó a presentar un pre-estudio de factibilidad.
Además, el MARN negó dicho permiso porque la compañía minera nunca pudo demostrar que sus proyectos no causarían daños al medioambiente. Al contrario, aun cuando sólo exploró los yacimientos minerales, secó afluentes y contaminó quebradas en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.
Por eso la Mesa Nacional frente la Minería Metálica respalda los argumentos del Estado salvadoreño que, con el propósito de evitar una catástrofe socio ambiental y amparado en su soberanía, rechazó la solicitud de Pacific Rim; así mismo exige al CIADI declarar improcedente la demanda, en tanto la empresa minera reclama derechos que nunca tuvo.
Otra opción es que el CIADI se declare incompetente para conocer el caso, debido a que no es un problema de inversiones, sino de autodeterminación y –esencialmente– de derechos humanos, tanto los que intenta proteger el Estado, negando el permiso, como los que violentó Pacific Rim al generar conflictos comunitarios, comprar voluntades de funcionarios públicos y líderes locales, causar daños a recursos hídricos, etc.
Por tanto, el país entero debe manifestarse este lunes 31 de mayo contra el juicio en el CIADI. Es injusto que la víctima sea demandada por el victimario.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El 31 de mayo próximo se realizará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, acusado por la empresa Pacific Rim de violentar sus derechos corporativos al negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Este hecho, sobre el que no informan los grandes medios de comunicación y del cual el “gobierno del cambio” evita referirse en público, constituye un precedente nefasto para cualquier país del mundo que intente proteger el medioambiente, la salud de la población y la continuidad de la vida, en detrimento de los intereses de compañías extractivas.
La empresa canadiense concretó su amenaza de demandar a El Salvador cuando el actual gobierno ratificó la decisión de su antecesor referida a impedir los proyectos mineros, y activó el arbitraje del CIADI, una especie de tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington.
Según Pacific Rim, las autoridades salvadoreñas incumplieron su derecho a obtener una licencia de explotación, que debía recibir como extensión del permiso de exploración, y que su expectativa de operar en el país le llevó a invertir 77 millones de dólares, que ahora exige como indemnización, más los costos procesales que completarían los 100 millones.
El gobierno de El Salvador desmiente tales acusaciones, argumentado que los permisos de explotación no son automáticos; es decir: al otorgar una licencia de exploración, el Estado no está obligado a asignar la autorización para explotar. Por tanto, el derecho alegado por Pacific Rim es inexistente.
El principal requisito para lograr licencias de explotación es el permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), algo que Pacific Rim no consiguió por el incumplimiento de requerimientos ambientales y por falta del estudio de factibilidad del proyecto. La empresa se limitó a presentar un pre-estudio de factibilidad.
Además, el MARN negó dicho permiso porque la compañía minera nunca pudo demostrar que sus proyectos no causarían daños al medioambiente. Al contrario, aun cuando sólo exploró los yacimientos minerales, secó afluentes y contaminó quebradas en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.
Por eso la Mesa Nacional frente la Minería Metálica respalda los argumentos del Estado salvadoreño que, con el propósito de evitar una catástrofe socio ambiental y amparado en su soberanía, rechazó la solicitud de Pacific Rim; así mismo exige al CIADI declarar improcedente la demanda, en tanto la empresa minera reclama derechos que nunca tuvo.
Otra opción es que el CIADI se declare incompetente para conocer el caso, debido a que no es un problema de inversiones, sino de autodeterminación y –esencialmente– de derechos humanos, tanto los que intenta proteger el Estado, negando el permiso, como los que violentó Pacific Rim al generar conflictos comunitarios, comprar voluntades de funcionarios públicos y líderes locales, causar daños a recursos hídricos, etc.
Por tanto, el país entero debe manifestarse este lunes 31 de mayo contra el juicio en el CIADI. Es injusto que la víctima sea demandada por el victimario.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 11 de mayo de 2010
Bety Cariño*
La joven dirigente ambientalista mexicana Alberta “Bety” Cariño Trujillo fue asesinada el 27 de abril recién pasado, cuando encabezaba una delegación de defensores de derechos humanos y luchadores sociales que llevaban ayuda humanitaria hacia San Juan Copala (Oaxaca), donde grupos paramilitares mantenía sitiada una comunidad de indígenas triquis.
Esta carismática indígena, de 30 años de edad, era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y miembra del equipo coordinador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Defendía los derechos ancestrales y de la Madre Tierra desde sus quince años.
También lideraba del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense New Gold, empresa extractiva que –según su sitio web– realiza minería “inteligente, segura y de desarrollo sustentable” en San Luis Potosí.
De hecho, justo antes de dirigirse a San Juan Copala, Bety Cariño había participado –los días 24 y 25 de abril– en el II Encuentro Nacional de REMA en Cerro San Pedro, una montaña sagrada que fue destruida por New Gold-Minera San Xavier, en el centro-norte del altiplano mexicano.
Junto a Bety Cariño murió el observador de derechos humanos finlandés Juri Jaakkola, de 33 años, representante de la organización Unsi Tanli Ry. En la emboscada también resultaron heridos varios activistas mexicanos y extranjeros que desafiaban el cerco paramilitar para llevar agua, alimentos, medicinas y ropa a la población triqui.
Desde noviembre de 2009 participaba en la demanda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente de REMA en Chiapas y líder de la resistencia a Blackfire Exploration, minera canadiense que amenaza al Estado mexicano con una demanda de $800 millones por suspenderle una licencia de explotación.
El 10 de febrero de este año, durante un encuentro de defensores de derechos humanos en Dublín (Irlanda) denunció los tratados de libre comercio, el saqueo de los recursos naturales y la neocolonización de los países latinoamericanos: “La larga noche de los quinientos años aún no termina: La Niña, La Pinta y La Santa María ahora se llaman Iberdrola, Endesa y Gamesa”, señaló.
Luego esbozó el sueño que orientaba su caminar: “Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos”.
“Abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas, sembremos sueños y cosechemos esperanzas”, exclamó Bety Cariño, al cierre de su discurso. En el referido foro también se abordó la problemática minera en El Salvador, sobre todo los asesinatos de ambientalistas en Cabañas y la demanda de Pacific Rim en el CIADI.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta carismática indígena, de 30 años de edad, era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y miembra del equipo coordinador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Defendía los derechos ancestrales y de la Madre Tierra desde sus quince años.
También lideraba del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense New Gold, empresa extractiva que –según su sitio web– realiza minería “inteligente, segura y de desarrollo sustentable” en San Luis Potosí.
De hecho, justo antes de dirigirse a San Juan Copala, Bety Cariño había participado –los días 24 y 25 de abril– en el II Encuentro Nacional de REMA en Cerro San Pedro, una montaña sagrada que fue destruida por New Gold-Minera San Xavier, en el centro-norte del altiplano mexicano.
Junto a Bety Cariño murió el observador de derechos humanos finlandés Juri Jaakkola, de 33 años, representante de la organización Unsi Tanli Ry. En la emboscada también resultaron heridos varios activistas mexicanos y extranjeros que desafiaban el cerco paramilitar para llevar agua, alimentos, medicinas y ropa a la población triqui.
Desde noviembre de 2009 participaba en la demanda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente de REMA en Chiapas y líder de la resistencia a Blackfire Exploration, minera canadiense que amenaza al Estado mexicano con una demanda de $800 millones por suspenderle una licencia de explotación.
El 10 de febrero de este año, durante un encuentro de defensores de derechos humanos en Dublín (Irlanda) denunció los tratados de libre comercio, el saqueo de los recursos naturales y la neocolonización de los países latinoamericanos: “La larga noche de los quinientos años aún no termina: La Niña, La Pinta y La Santa María ahora se llaman Iberdrola, Endesa y Gamesa”, señaló.
Luego esbozó el sueño que orientaba su caminar: “Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos”.
“Abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas, sembremos sueños y cosechemos esperanzas”, exclamó Bety Cariño, al cierre de su discurso. En el referido foro también se abordó la problemática minera en El Salvador, sobre todo los asesinatos de ambientalistas en Cabañas y la demanda de Pacific Rim en el CIADI.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 5 de mayo de 2010
Lobo premia a mineras*
Porfirio Lobo aparece sonriente, posando junto al embajador canadiense Neil Reeder y empresarios mineros, entre ellos Patrick Docuney y David M. Petroff, el primero es director ejecutivo de Aura Mineral Inc. y el segundo es un reconocido inversionista de la explotación minera, maquila textil y otros rubros.
La fotografía, ubicada en el sitio web oficial de la presidencia hondureña, se acompaña de una breve descripción del magno evento: el presidente Lobo se compromete a expandir el sector minero en Honduras.
Entre los compromisos de Lobo está una ley de minería mucho más permisiva y seguridad jurídica total a las mineras canadienses, que enfrentan una resistencia social creciente debido a los daños a la salud humana y a los recursos hídricos que provoca la extracción de metales (Sólo en Valle de Siria, Minerales Entremares ha secado 19 de los 23 ríos que habían).
A cambio de esto, los generosísimos empresarios canadienses prometieron invertir unos 700 millones de dólares, y el embajador Reeder ofreció compensar la patriótica actuación de Lobo apoyando el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto sucedió el 6 de abril recién pasado en la sede del gobierno hondureño, lugar de donde fue expulsado –el 28 de junio de 2009– el entonces presidente Manuel Zelaya. Lo desterraron vándalos militares a sueldo de la oligarquía hondureña y de un puñado de transnacionales, principalmente mineras canadienses.
Estas compañías detestaban a Zelaya porque impulsaba –junto a grupos ambientalistas, organizaciones comunitarias y la Diócesis de Santa Rosa de Copán– una nueva ley minera que prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, y otorgaba a los pobladores afectados el derecho a decidir sobre los proyectos extractivos.
Perpetrado el golpe de Estado, representantes mineros avalaron “la nueva situación política”; mientras Peter Kent –secretario de Estado canadiense para las Américas– condenó el golpe, pero sin pedir la restitución de Zelaya.
Efectuadas las elecciones, y tras su toma de posesión, Porfirio Lobo empezó a premiar a los militares golpistas y a sus financiadores. Por eso, nombró presidente de la estatal telefónica Hondutel al ex jefe castrense Romeo Vásquez y al oligarca Mario Canahuati lo designó canciller.
Acto seguido, Lobo compensó –por los trabajos realizados– a los candidatos presidenciales que legitimaron los democráticos comicios en los que resultó ganador. Así, puso al ex candidato demócrata cristiano Felícito Ávila en el Ministerio de Trabajo y a César Ham (el revolucionario candidato de la izquierdista Unificación Democrática) le entregó la dirección del Instituto Nacional Agrario.
Hoy es el turno de las empresas extractivas canadienses (Gold Corp, Yamana Gold, etc.), a las que Lobo les entrega lo que aún faltaba del territorio hondureño. En la fila de espera destacan telefónicas, petroleras, medios de comunicación, entre otras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La fotografía, ubicada en el sitio web oficial de la presidencia hondureña, se acompaña de una breve descripción del magno evento: el presidente Lobo se compromete a expandir el sector minero en Honduras.
Entre los compromisos de Lobo está una ley de minería mucho más permisiva y seguridad jurídica total a las mineras canadienses, que enfrentan una resistencia social creciente debido a los daños a la salud humana y a los recursos hídricos que provoca la extracción de metales (Sólo en Valle de Siria, Minerales Entremares ha secado 19 de los 23 ríos que habían).
A cambio de esto, los generosísimos empresarios canadienses prometieron invertir unos 700 millones de dólares, y el embajador Reeder ofreció compensar la patriótica actuación de Lobo apoyando el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto sucedió el 6 de abril recién pasado en la sede del gobierno hondureño, lugar de donde fue expulsado –el 28 de junio de 2009– el entonces presidente Manuel Zelaya. Lo desterraron vándalos militares a sueldo de la oligarquía hondureña y de un puñado de transnacionales, principalmente mineras canadienses.
Estas compañías detestaban a Zelaya porque impulsaba –junto a grupos ambientalistas, organizaciones comunitarias y la Diócesis de Santa Rosa de Copán– una nueva ley minera que prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, y otorgaba a los pobladores afectados el derecho a decidir sobre los proyectos extractivos.
Perpetrado el golpe de Estado, representantes mineros avalaron “la nueva situación política”; mientras Peter Kent –secretario de Estado canadiense para las Américas– condenó el golpe, pero sin pedir la restitución de Zelaya.
Efectuadas las elecciones, y tras su toma de posesión, Porfirio Lobo empezó a premiar a los militares golpistas y a sus financiadores. Por eso, nombró presidente de la estatal telefónica Hondutel al ex jefe castrense Romeo Vásquez y al oligarca Mario Canahuati lo designó canciller.
Acto seguido, Lobo compensó –por los trabajos realizados– a los candidatos presidenciales que legitimaron los democráticos comicios en los que resultó ganador. Así, puso al ex candidato demócrata cristiano Felícito Ávila en el Ministerio de Trabajo y a César Ham (el revolucionario candidato de la izquierdista Unificación Democrática) le entregó la dirección del Instituto Nacional Agrario.
Hoy es el turno de las empresas extractivas canadienses (Gold Corp, Yamana Gold, etc.), a las que Lobo les entrega lo que aún faltaba del territorio hondureño. En la fila de espera destacan telefónicas, petroleras, medios de comunicación, entre otras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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