El 27 de noviembre recién pasado fue asesinado Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En el acto criminal también resultó gravemente herido Orlando Velázquez, amigo del ambientalista acribillado a balazos frente a su casa, en Chiapas (México).
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
sábado, 5 de diciembre de 2009
miércoles, 25 de noviembre de 2009
“Empresas mineras extorsionan a El Salvador”*
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica realiza una campaña informativa sobre las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), advirtiendo sus graves implicaciones en las finanzas, institucionalidad, estado de derecho y soberanía del país.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Prueba de fuego*
Una demostración importante de que El Salvador busca combatir la impunidad, sería la condena de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, expresó el influyente congresista estadounidense James McGovern, en su reciente visita al país.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
jueves, 12 de noviembre de 2009
Nuevas cuñas: empresas mineras extorsionan a El Salvador
Cuña 1 - Información sobre la demanda de Pacific Rim al Estado Salvadoreño
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Minería y desastres socioambientales*
Cuando Pacific Rim intentaba demostrar la “tecnología de punta” que usaría para “purificar” sus aguas residuales, insistía en la construcción de depósitos de colas: enormes lagunas donde colocaría los desechos tóxicos para que “el cianuro se evaporara al calor del sol”, antes de descargarlos en los ríos cercanos a sus proyectos.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 3 de noviembre de 2009
Seguir el ejemplo*
El 19 de octubre recién pasado, el Tribunal Supremo de Londres admitió una demanda contra Monterrico Metals, compañía minera británica acusada de torturas y asesinato de opositores a la explotación minera en el norte montañoso de Perú, próximo a la frontera con Ecuador.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 20 de octubre de 2009
Nuevo reconocimiento*
Un nuevo galardón confirma lo justo, digno y legítimo de la resistencia ciudadana contra la explotación minera en El Salvador. Se trata del Permio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, otorgado a la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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