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Audiencia final en el litigio con Pacific Rim será en septiembre
La minera canadiense presentó el 11 de abril sus alegatos finales ante el CIADI, mientras El Salvador lo hará el próximo 11 de julio.
Vanessa Linares
Viernes 23, mayo 2014 | 12:04 am
Imagen: DEM
La demanda interpuesta por la minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en la que exige al Estado salvadoreño el pago de $301 millones por negarle un permiso para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas, se encuentra en la fase final, por lo que el Gobierno de El Salvador se mantiene a la expectativa de la resolución del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El coordinador del equipo de abogados que lleva el litigio internacional, Luis Parada, informó ayer, en un foro público, que la empresa canadiense Pacific Rim Mining, comprada por la transnacional Oceana Gold a finales del año pasado, presentó sus alegatos finales ante el CIADI el 11 de abril.
“El arbitraje entre Pacific Rim y El Salvador ya está en su etapa final. El último escrito será presentado por El Salvador el 11 de julio. Dos meses después, el 15 de septiembre, comienza la audiencia oral frente al tribunal en Washington DC, que durará aproximadamente una semana y media”, señaló Parada.
Luego, el tribunal internacional se quedará deliberando por varios meses. La resolución está programada para mediados de 2015.
El defensor estimó que éste es un caso muy favorable para El Salvador, no solo desde el punto de vista económico, sino porque significaría “un respeto a las leyes (del país)”.
“(La demanda) empezó en $314 millones, después le bajaron a $301 millones, y ahora le han bajado unos $12 millones más (…) son alrededor de $300 millones. Lo más grave no solo es la cantidad, sino que se está tratando de imponer la voluntad de una empresa transnacional que no cumplía con los requisitos de las leyes salvadoreñas y en base a eso está queriendo que se le dé una indemnización por algo de lo que no tiene derecho”, enfatizó el representante de la firma Foley Hoag.
Parada explicó que ganar el caso representaría “una justificación de lo actuado”. Afirmó que aparte de la erogación del dinero, lo que está en juego es “si un inversionista extranjero tiene que cumplir las leyes de El Salvador o si puede venir a exigir que se cambien las leyes para que su inversión pueda hacerse”.
Por otro lado, un fallo en contra del Estado sentaría un precedente para que otras empresas transnacionales consideren iniciar procesos similares de demandas, consideró Parada. Asimismo, afectaría negativamente la posibilidad de un debate nacional objetivo sobre una ley que prohíba la minería metálica en el país.
Advertencias
El director de Oxfam El Salvador, Iván Morales, señaló ayer en el mismo foro las graves consecuencias si el fallo es desfavorable para el país. Advirtió que desalentaría toda una discusión social acerca de un nuevo modelo de desarrollo más sostenible para El Salvador e impactaría las finanzas públicas.
Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, estimó que, hasta el momento, la empresa minera no ha logrado demostrar que los recursos hídricos no serían afectados por la explotación minera. Dijo que la institución rechaza el proceso de demanda precisamente porque no valora la situación desde la perspectiva humana y medioambiental.
Pacific Rim versus El Salvador. El caso de la mina El Dorado
2002
El conflicto con Pacific Rim inició en 2002, cuando el entonces presidente Francisco Flores permitió el ingreso de la empresa para la explotación minera, que invirtió más de $70 millones. El caso “Concesión de explotación minera”, fue abierto el 15 de junio 2008. Aunque en El Salvador no existe una ley que prohíba la minería, el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) se negó a continuar otorgando permisos de exploración minera y suspendió los otorgados.
ABRIL 2009
En abril de 2009, Pacific Rim demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al Estado salvadoreño por $77 millones, luego de que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca se negara a continuar otorgando los permisos para explotación minera en el territorio. En una primera etapa, el CIADI dejó fuera del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a Pacific Rim, al cual la empresa buscaba ampararse.
ABRIL 2013
En abril de 2013, Pacific Rim subió a $315 millones la exigencia de indemnización, ahora amparada bajo la Ley de Inversiones de El Salvador y con Pac Rim Cayman como demandante. La empresa esperaba demostrar que El Salvador violó la ley al no emitir las licencias necesarias para explotar la mina El Dorado, ubicada en el municipio de San Isidro, Cabañas. El gobierno sostuvo que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería.
DICIEMBRE 2013
Luego de concretar la compra de acciones a la empresa canadiense Pacific Rim Mining, la transnacional Oceana Gold anunció su intención de cabildear apoyos para obtener los permisos de explotación de la mina El Dorado. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se manifestó al respecto de esta compra, denunciando que los acercamientos para obtener la autorización representaban “un atentado directo contra la soberanía” salvadoreña.
$301 MILLONES
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño el pago de $301 millones por negarle un permiso para explotar la mina de oro El Dorado.
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño el pago de $301 millones por negarle un permiso para explotar la mina de oro El Dorado.
5 AÑOS
El litigio ante el organismo internacional del CIADI ha estado en proceso desde 2009.
El país ya ganó un arbitraje con minera
• En agosto de 2012, El Salvador evitó pagar $100 millones de indemnización tras ganar un arbitraje internacional a la minera estadounidense Commerce Group.
El CIADI rechazó un recurso de nulidad de la minera contra una resolución favorable a El Salvador que ese tribunal dictó en marzo de 2011.
Commerce Group expandió sus actividades mineras y afines en el país, reguladas por las licencias de exploración y por los permisos ambientales otorgados por el Gobierno entre 1987 y principios de 2006.
A finales de 2006 el Estado revocó los permisos ambientales y no renovó sus licencias de exploración. Commerce
alegó que esas medidas violaban el CAFTA.
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