Contradicciones del Ministro

*Editorial ARPAS

Eso le sucede al ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, con la decisión del Ejecutivo de solicitar a la Asamblea Legislativa una moratoria a la minería metálica, cuando lo que debió pedir es la prohibición definitiva de esta tenebrosa industria.

En una entrevista reciente –publicada en el semanario digital El Faro– Rosa Chávez no se convence ni a él mismo: reconoce que la actividad minera es de muy alto riesgo ambiental y asegura que no existen condiciones para que ésta se desarrolle en el país; pero insiste en que la suspensión temporal de los permisos de exploración y explotación es la decisión correcta.
Las contradicciones del ministro incluso van más allá cuando propone presionar a Guatemala para impedir la mina Cerro Blanco, que podría contaminarnos el Lago de Guija y el Río Lempa. ¿Acaso un gobierno, que no prohíbe los proyectos mineros en su territorio, tiene solvencia moral para exigirle a su vecino que prohíba los suyos?
Estudios realizados por el experto en minería Robert Moran y la geóloga Dina Larios, investigaciones de la Universidad de El Salvador y peritajes del propio Ministerio de Medioambiente en el Río San Sebastián, en una antigua zona minera de La Unión, confirman la inviabilidad de la minería de metales en El Salvador.
Científicos, organizaciones ambientales y hasta jerarcas católicos coinciden en que la industria minera es inviable en el país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y la grave situación hídrica.
Por eso, es certera la postura de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que rechaza la suspensión temporal y plantea la prohibición definitiva de esa nociva industria.
El Ejecutivo no debe posponer la decisión de prohibir de una vez la extracción de metales del subsuelo nacional. El Presidente Mauricio Funes –primero como candidato y después ya en posesión de su cargo– no prometió moratorias o suspensiones temporales de la minería, sino prohibirla en forma definitiva.
Ahora la presión ciudadana y popular debe ir hacia la Asamblea Legislativa, en cuyas manos está la decisión de aprobar la moratoria solicitada por los ministerios de Medioambiente y de Economía o la prohibición definitiva que han planteado amplios sectores sociales, académicos y religiosos del país.