El Estado salvadoreño debe desconocer el CIADI y
reformar la Ley de Inversiones
.jpg) |
| La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica anunció a los Medios de Comunicación el inicio de reflexiones en torno a las implicaciones de las demandas hechas por empresas mineras contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). |
Organizaciones
sociales, ambientalistas, iglesias, académicos, especialistas en
Derecho Internacional, discuten entre otros aspectos sobre la posibles nuevas
demandas que empresas mineras podrían entablar contra el Estado salvadoreño a
partir de la propuesta de Suspensión Temporal de minería presentada
por el gobierno. Aspecto relevante en este punto es la necesidad de
reformar la Ley vigente de Inversiones, misma que ha permitido, por ejemplo, a
la canadiense Pacific Rim, el seguir demandando al Estado salvadoreño por cerca
de 100 millones de dólares en el CIADI.
Como
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos que las demandas
millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente de las
injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses
mezquinos que se defienden en tribunales como el CIADI. Las demandas de las
empresas mineras son la prueba suficiente para que el gobierno detenga la firma
y ratificación de acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea, respectivamente.
 |
| La propuesta de la Mesa Nacional frente a la Minería es impulsa r la prohibición de la minería metálica de tal forma en que el país asuma decisiones soberanas en materias de desarrollo e inversión. |
La
demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, además de basarse en lo
dispuesto en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está amparada en
la Ley de Inversiones y demuestra que hace falta en El Salvador una revisión
crítica y un análisis de la conveniencia de mantener en su legislación leyes
tan permisivas y atentatorias contra la soberanía como la Ley vigente de
Inversiones. La minera Commerce Group, que hace poco reinició el proceso de
demanda contra El Salvador por más de 100 millones de dólares, podría seguir el
mismo ejemplo de Pacific Rim y usar el CIADI para que se le devuelva el permiso
de explotación de la mina San Sebastián, La Unión.
La
opinión pública nacional e internacional ya conoce los conflictos ambientales,
sociales, económicos y políticos que provoca la presencia de empresas mineras
en las comunidades salvadoreñas y por lo tanto, permitir que estas compañías
extorsionen a El Salvador ante tribunales corporativos es un acto que atenta
contra el bienestar y la calidad de vida de la población salvadoreña. El Estado
salvadoreño debe salirse del CIADI y reformar el articulado de la Ley vigente
de Inversiones, de tal forma que se garantice el respeto a nuestra soberanía y
nuestra libertad de decidir sobre el tipo de desarrollo que queremos.
¡No al CIADI y a las demandas contra el Estado
salvadoreño! ¡Reforma YA a la Ley de Inversiones!
Mesa
Nacional frente a la Minería Metálica -29 de Agosto de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario