Comunicado de Prensa

El Estado salvadoreño debe desconocer el CIADI y 

reformar la Ley de Inversiones

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica anunció a los Medios de Comunicación el inicio de reflexiones en torno a las implicaciones de las demandas hechas por empresas mineras contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 

 La Mesa Nacional  frente a la Minería Metálica desarrolla este día un conversatorio con diferentes sectores y espacios de la ciudadanía salvadoreña para discutir y definir estrategias de trabajo a futuro respecto a las implicaciones de las demandas interpuestas por compañías mineras contra el Estado de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 

Organizaciones sociales, ambientalistas, iglesias, académicos, especialistas en Derecho Internacional, discuten entre otros aspectos sobre la posibles nuevas demandas que empresas mineras podrían entablar contra el Estado salvadoreño a partir de la propuesta de Suspensión Temporal de minería presentada por el gobierno.  Aspecto relevante en este punto es la necesidad de reformar la Ley vigente de Inversiones, misma que ha permitido, por ejemplo, a la canadiense Pacific Rim, el seguir demandando al Estado salvadoreño por cerca de 100 millones de dólares en el CIADI.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses mezquinos que se defienden en tribunales como el CIADI. Las demandas de las empresas mineras son la prueba suficiente para que el gobierno detenga la firma y ratificación de acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea, respectivamente.

La propuesta de la Mesa Nacional frente a la Minería es impulsa r
la prohibición de la minería metálica de tal forma en que el país
asuma decisiones soberanas en materias de desarrollo e
inversión. 

La demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, además de basarse en lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está amparada en la Ley de Inversiones y demuestra que hace falta en El Salvador una revisión crítica y un análisis de la conveniencia de mantener en su legislación leyes tan permisivas y atentatorias contra la soberanía como la Ley vigente de Inversiones. La minera Commerce Group, que hace poco reinició el proceso de demanda contra El Salvador por más de 100 millones de dólares, podría seguir el mismo ejemplo de Pacific Rim y usar el CIADI para que se le devuelva el permiso de explotación de la mina San Sebastián, La Unión.

La opinión pública nacional e internacional ya conoce los conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos que provoca la presencia de empresas mineras en las comunidades salvadoreñas y por lo tanto, permitir que estas compañías extorsionen a El Salvador ante tribunales corporativos es un acto que atenta contra el bienestar y la calidad de vida de la población salvadoreña. El Estado salvadoreño debe salirse del CIADI y reformar el articulado de la Ley vigente de Inversiones, de tal forma que se garantice el respeto a nuestra soberanía y nuestra libertad de decidir sobre el tipo de desarrollo que queremos.

¡No al CIADI y a las demandas contra el Estado salvadoreño! ¡Reforma YA a la Ley de Inversiones!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -29 de Agosto de 2012

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Contradicciones del Ministro

*Editorial ARPAS

Eso le sucede al ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, con la decisión del Ejecutivo de solicitar a la Asamblea Legislativa una moratoria a la minería metálica, cuando lo que debió pedir es la prohibición definitiva de esta tenebrosa industria.

En una entrevista reciente –publicada en el semanario digital El Faro– Rosa Chávez no se convence ni a él mismo: reconoce que la actividad minera es de muy alto riesgo ambiental y asegura que no existen condiciones para que ésta se desarrolle en el país; pero insiste en que la suspensión temporal de los permisos de exploración y explotación es la decisión correcta.
Las contradicciones del ministro incluso van más allá cuando propone presionar a Guatemala para impedir la mina Cerro Blanco, que podría contaminarnos el Lago de Guija y el Río Lempa. ¿Acaso un gobierno, que no prohíbe los proyectos mineros en su territorio, tiene solvencia moral para exigirle a su vecino que prohíba los suyos?
Estudios realizados por el experto en minería Robert Moran y la geóloga Dina Larios, investigaciones de la Universidad de El Salvador y peritajes del propio Ministerio de Medioambiente en el Río San Sebastián, en una antigua zona minera de La Unión, confirman la inviabilidad de la minería de metales en El Salvador.
Científicos, organizaciones ambientales y hasta jerarcas católicos coinciden en que la industria minera es inviable en el país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y la grave situación hídrica.
Por eso, es certera la postura de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que rechaza la suspensión temporal y plantea la prohibición definitiva de esa nociva industria.
El Ejecutivo no debe posponer la decisión de prohibir de una vez la extracción de metales del subsuelo nacional. El Presidente Mauricio Funes –primero como candidato y después ya en posesión de su cargo– no prometió moratorias o suspensiones temporales de la minería, sino prohibirla en forma definitiva.
Ahora la presión ciudadana y popular debe ir hacia la Asamblea Legislativa, en cuyas manos está la decisión de aprobar la moratoria solicitada por los ministerios de Medioambiente y de Economía o la prohibición definitiva que han planteado amplios sectores sociales, académicos y religiosos del país.

Sobre Ley de Suspensión de Minería presentada por el Gobierno

El  Foro Nacional del Agua, que aglutina a comunidades,
organizaciones sociales, iglesias en torno a la defensa
del Derecho Humano al Agua, se pronunció ayer sobre la
suspensión temporal y falsa prohibición de minería.
Foto: http://www.stopesmining.org/j25/

El Salvador, con una extensión territorial de aproximadamente 20,935 km², posee 300 ríos principales. Según el “Informe de Calidad de Agua de los Ríos El Salvador 2011”, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente yRecursos Naturales (MARN), sólo un 10% del agua es buena y el 90%restante está en regular, mala o pésima calidad. No hay ningún porcentaje que muestre calidad excelente.

A la grave situación de contaminación en que se encuentran los ríos en nuestropaís, se suman los proyectos de exploración y explotación minera que son unaamenaza que atentan contra la vida de los principales cuerpos de agua: Lagode Güija, Río Lempa, Río Paz, Río Torola, Río Goascorán y otros. El ministerio de Economía y MARN presentaron el 7 de agosto 2012 a la Asamblea Legislativa, una propuesta de “Ley especial para la suspensión deprocedimientos administrativos relacionados a proyectos de exploración yexplotación de minería metálica”, ante esta situación, las organizaciones, iglesias y comunidades aglutinadas en el Foro del Agua CONSIDERAMOS:

a) Que los impactos de la explotación minera metálica en nuestro país nopueden superarse con mejorar procedimientos administrativos. Es unproblema que tiene que ver con la estrechez territorial, la densidadpoblacional, la ubicación de los proyectos mineros sobre nuestrosprincipales cuerpos de agua, la irreversibilidad de los daños que provoca laindustria minera y con el grado de fragilidad ambiental de nuestro país.

b) Que pretender superar la amenaza de los proyectos mineros con unainiciativa como la planteada por el Órgano Ejecutivo, sólo puedeconcebirse como una salida apremiante ante la necesidad del gobiernocentral de cumplir con su promesa, de no aprobar proyectos minerosmetálicos durante su período de gobierno, sin importarle que ésta no seauna solución definitiva al problema planteado

Ante las consideraciones anteriores, EXPRESAMOS:

1. Nuestro total rechazo a la propuesta de ley presentada por el ejecutivo, portratarse de una iniciativa que da una respuesta temporal y no unaprohibición definitiva de los proyectos mineros en el país.

2. Exigimos a la Asamblea Legislativa, que con carácter de urgencia retome elanálisis, discusión y aprobación del anteproyecto de Ley de Mineríapresentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en el mes denoviembre del año 2006.

3. Demandamos de la Asamblea Legislativa, una discusión transparente en elanálisis de las propuestas de anteproyectos de ley sobre minería, en la cualprevalezca el respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña yno los intereses económicos de las empresas extractivistas.

San Salvador, 22 de Agosto de 2012.

¿De dónde sacó el dinero Commerce Group?

Agosto de 2012

Lo último que se supo fue que la compañía minera de Milwaukee, Estados Unidos: Commerce Group, estaba esforzándose para conseguir los US $ 150,000 para pagar el proceso de apelación en el caso contra el Estado salvadoreño. Mientras se acercaba el día 19 de julio, fecha límite  establecida por el Tribunal que está conociendo el caso, y Commerce Group no daba señales de poder pagar, parecía que el caso estaba, sin lugar a dudas, terminado.

Sin embargo, para sorpresa de aquellos que han monitoreado el caso, Commerce Group logró reunir el efectivo y pagó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el último día hábil, según informan funcionarios salvadoreños. Cuatro días después, el  CIADI anunciaba que el caso se retomaba.

La pregunta que sobreviene es ¿De dónde sacó Commerce Group el dinero para continuar?

En noviembre de 2011 la compañía envió una carta al CIADI aduciendo que eran incapaces de pagar la relativamente pequeña garantía y además osaron en solicitar al CIADI que obligara al Estado salvadoreño a pagar los casi  US $ 70, 000 de sus gastos, señalando que el Gobierno les debía dinero fruto de impuestos pagados en exceso y por un depósito por la renta de inmuebles. La compañía no ha reportado ningún ingreso desde el año 2002 y ha estado descendiendo en su nivel de gasto de operaciones a lo largo de los años, presumiblemente mientras sus finanzas disminuyen.  Por lo tanto, si la compañía realmente está en situación desesperada que mencionan, y sus finanzas lo refuerzan ¿De dónde vino el rescate?

Commerce Group inició la demanda contra el Estado salvadoreño en 2009, demandando $100 millones de dólares en compensación de contribuciones a través de impuestos. Aunque la prueba científica es amplia, e incluye estudios recientes del Ministerio de Medio Ambiente que muestran la contaminación por cianuro y hierro en el agua local, Commerce Group argumenta que al negarle los permisos, el Gobierno salvadoreño está violando sus derechos de inversión. El caso ha llamado la atención internacionalmente como un ejemplo de los peligros de las cláusulas Inversor-Estado de los Tratados de Libre Comercio. La Coalición del Centro-Oeste de Estados Unidos contra la Minería Metálica llamó a la demanda “el cínico intento de una empresa fracasada de aprovecharse de Tratados Comerciales internacionales para hacer dinero que han sido incapaces de obtener por medios legítimos.

Fuente: Aliados Internacionales contra la Minería Metálica en El Salvador
http://www.stopesmining.org/j25/index.php/component/content/article/14-sample-data-articles/185-where-did-commerce-group-get-the-money

Para más información: stopesmining@gmail.com

Comunicado de Prensa 9 de agosto

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica afirma que la propuesta de Ley de Suspensión  de la actividad minero-metálica del gobierno es una falsa solución, y llama a la Asamblea Legislativa a prohibirla definitivamente

Representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica durante la conferencia de prensa ofrecida hoy jueves 9 de agosto de 2012. Foto: Comunicaciones MNFMM

Ante la propuesta de la Ley Especial para la Suspensión de Procedimientos de Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica presentada por el Gobierno salvadoreño a la Asamblea Legislativa, a la opinión pública nacional e internacional exponemos que:

La suspensión de los proyectos de exploración y explotación de metales propuesta por los ministros de Economía y Medio Ambiente, no elimina la amenaza de la minería metálica para el país, solo la entretiene. El proyecto de Ley es de carácter temporal, superficial y no tiene ninguna fundamentación científica; refleja que a este gobierno no le interesa prohibir la minería metálica, aún cuando hemos demostrado técnica y científicamente que la extracción de metales del subsuelo salvadoreño es irracional ya que contamina y destruye más el ambiente, a la vez que rompe el tejido social de las comunidades, vulnerando derechos fundamentales de las poblaciones.

Reiteramos que la grave degradación ambiental que sufre nuestro país es incompatible con una industria tan depredadora como la minería metálica. La grave contaminación que tiene afectados al 98% de nuestros ríos, la escasez crónica de agua potable que sufre la población, además de que El Salvador es uno de los países más deforestados y densamente poblados de América Latina y uno de los más vulnerables del mundo, con más del 98% de la población en zonas propensas a sufrir desastres, son razones que deberían bastar para cerrarle las puertas a las empresas mineras en El Salvador.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica consideramos que la Propuesta de Ley de Suspensión presentada por el gobierno es demagógica y una falsa solución a la amenaza que representa la voracidad de las transnacionales de la industria extractiva minera. Si lo que verdaderamente importa garantizar es la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el gobierno de Funes en lugar de buscar una salida superficial calculada para salvar únicamente su administración, debería promover la prohibición de la minería metálica a través de una nueva Ley de Minería explícita en ese sentido, justificada en la profunda crisis socioambiental que padecemos y cuya tendencia actual es a agravarse aceleradamente.

Entre otras inconsistencias, señalamos que la propuesta de crear un Comité de Seguimiento que monitoreará un supuesto “Plan de Fortalecimiento Institucional” y dictaminará el momento en que la suspensión pueda ser levantada, constituye una amenaza para la población salvadoreña, y en particular para las comunidades que ya se han visto afectadas por proyectos de exploración minera. Denunciamos que la decisión de prohibir o permitir la minería metálica no puede descansar sobre un grupo reducido de personas. Se trata de una decisión soberana del pueblo salvadoreño que, en consonancia con los principios constitucionales y del Derecho Internacional citados retóricamente en la propuesta de Ley de Suspensión, debe ser tomada por el pueblo salvadoreño en su conjunto y no por algunos cuantos empresarios y designados por el gobierno de turno.

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La institucionalidad del Estado, históricamente ha sucumbido a los intereses particulares de las grandes empresas cuyo único interés es saquear nuestros recursos naturales. Basta ver la destrucción que la minería metálica ha provocado en el Río San Sebastián del departamento de La Unión  o la terrible contaminación por plomo producida en el cantón Sitio del Niño, La Libertad, para constatar que las reglas del juego, la afamada institucionalidad, está dispuestas para favorecer a las empresas y que las buenas intenciones no protegen realmente a las grandes mayorías y tampoco promueven una vida digna y sustentable para el país. 

Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a la Asamblea Legislativa, a no dejarse sorprender por falsas soluciones, y que en lugar de abordar la propuesta de suspensión temporal de la extracción de metales del presidente Funes; exigimos que conozca, discuta y apruebe a la mayor brevedad posible la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentamos en 2006.

¡Rechazamos la demagogia y las falsas soluciones!

¡Exigimos la aprobación inmediata de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Agosto, 2012. 

Nota radiofónica de Radio Maya Visión

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CONVOCATORIA 9 DE AGOSTO

Día de Acción Continental contra las Industrias Extractivas canadienses

[Comunicado]
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica celebra Día de Acción Continental contra la industria extractiva canadiense

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en representación de organizaciones y comunidades que resisten al avance de proyectos de extracción minera en El Salvador, hoy 1 de agosto nos unimos al Día de Acción Continental contra la Industria Extractiva Canadiense. Este esfuerzo regional, es una denuncia a la complicidad que el referido gobierno norteamericano mantiene con las perversidades, la destrucción y la contaminación que promueven las empresas mineras en nuestros países.

Hace exactamente dos meses, cuando se anunció que la minera canadiense Pacific Rim, podrá seguir demandando al Estado salvadoreño por más de 100 millones de dólares, quedó en evidencia  de nuevo, la actitud mercenaria de estas empresas y de sus cómplices en el poder. Mientras las compañías demandan a los Estados para extorsionarlos, el gobierno canadiense promueve e impone acuerdos comerciales con los países del sur esencialmente para crear condiciones que permitan a sus industrias extractivas saquear los recursos naturales.

Si lo anterior es falso, es decir si Canadá no quiere nuestros minerales y le interesa el verdadero desarrollo del país, debería de desistir de las negociaciones por impulsar el Tratado de Libre Comercio que ya anunciaron se encuentra en la última fase de análisis. Los datos comerciales de Canadá lo revelan todo. Dicho país obtiene más del 4% de su Producto Interno Bruto a partir de la extracción minera en otros países; el 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX); las mineras canadienses tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países; Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total.

Por lo anterior, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica junto con organizaciones y comunidades en resistencia desde Canadá hasta Argentina, exigimos que el gobierno canadiense deje de ser cómplice del saqueo y la destrucción que promueven sus empresas y sus acuerdos comerciales.

Demandamos al gobierno canadiense que deje de financiar corporaciones mineras y que retire los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos, como es el caso de los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras empresas. Además, el gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero, obligándolas a que respeten los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente sano, a la consulta comunitaria previa, libre e informada.

Finalmente, en el marco del Día de Acción Continental contra la Industria Extractiva canadiense, ratificamos nuestro compromiso por prohibir la minería metálica en El Salvador. Exhortamos al señor presidente Mauricio Funes a que haga honor a su compromiso de no permitir la minería metálica y que impulse la prohibición de la extracción de metales en suelo salvadoreño.

No a la minería metálica en El Salvador. Cese a la complicidad del gobierno canadiense con la destrucción y la contaminación provocada por las empresas mineras.

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

1 de Agosto de 2012