martes, 14 de febrero de 2012

Los gastos por arbitraje en el CIADI y las consecuencias en el goce de los derechos sociales en El Salvador.


Febrero de 2012

Por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador[1]

El proceso legal impulsado por la compañía Pacific Rim[2] en contra del Estado salvadoreño ante el Centro Internacional para Disputas sobre Inversiones (CIADI), se encuentra hoy en día a la espera de resolución, luego que los tres árbitros que lo dirimen se han dado a la tarea de deliberar prolongadamente para dar una decisión sobre la última ronda de objeciones jurisdiccionales interpuestas por El Salvador. El hecho de que Pacific Rim haya creado un domicilio en el estado de Nevada, tres años después de haber iniciado los conflictos contra El Salvador, para luego argumentar que tiene derechos a reclamos en el marco del CAFTA-DR, puede considerarse como una especie de fraude, lo cual es de esperar, los árbitros lo tomen muy en cuenta para una resolución favorable para el país.
Tal resolución, se espera, se dé en los próximos días.
En esta etapa del proceso, el mejor de los escenarios para El Salvador sería que la resolución arbitral le favorezca y así pueda darse por concluida la demanda; el caso menos favorable para El Salvador sería que el tribunal otorgue el aval para dar seguimiento al proceso para que sea en la etapa de fondo, que es cuando ambas partes deberán presentar pruebas de cargo y descargo, donde se llegue a deducir responsabilidades.
En su demanda, Pacific Rim reclama una indemnización de 77 millones de dólares por haber invertido dinero en El Salvador, y potencialmente, la indemnización podría llegar a cientos de millones de dólares, debido a que la empresa alega pérdida en el valor de sus acciones generada por el no otorgamiento de los permisos de explotación.
Hay que recordar que El Salvador ha sido sentado en dos ocasiones en el “banquillo de los acusados” en tribunales supranacionales. La primera vez fue por la demanda que presentara a mediados de 2009 la empresa Commerce Group, con el supuesto argumento de que el país no contaba con una base legal para la negación de sus permisos de explotación minera.
Commerce Group exigía la compensación de 100 millones de dólares, así como el restablecimiento de sus permisos ambientales revocados, sin los cuales el proyecto de minería no podía funcionar.
Mediante resolución proveída en marzo de 2011, esta demanda no fue admitida por el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI);  no obstante ello, sólo para la etapa de objeciones preliminares, significó para El Salvador una erogación de  800,000 dólares.
En el caso de la demanda de Pacific Rim, que fue presentada también a mediados de 2009 y que posteriormente fue admitida por el CIADI, El Salvador ha proseguido con el proceso y en él ha interpuesto dos objeciones, lo que ha significado la prolongación del proceso y un considerable gasto para sostenerlo. Los costes de la prosecución de este proceso ante el CIADI se estiman para El Salvador en 4.3 millones de dólares.
Es decir, que, en suma por ambos procesos, El Salvador ha gastado un total de 5 millones de dólares.
Para El Salvador, un país con muy pocos recursos financieros, el estar pagando altas sumas millonarias en arbitraje, provoca, entre otros efectos, una profundización en precariedad e insatisfacción de derechos de las personas especialmente las menos favorecidas. A nuestro país le resulta sumamente inconveniente el estar asumiendo los costes procesales que generan las demandas presentadas en su contra ante el CIADI, e implica serios efectos económicos y sociales para la población.
Por ejemplo, esos 5 millones de dólares gastados en arbitraje pudieron haber permitido facilitar clases para alfabetizar a 140,000 adultos jóvenes y jubilados durante un año entero[3].
Otro uso social que se pudo haber realizado con esos 5 millones es duplicar la cantidad de becas disponibles para estudiantes de educación media[4].
Esos 5 millones de dólares equivalen a lo que el gobierno invierte cada año para la infraestructura y materiales para escuelas públicas que benefician a 384,615 estudiantes[5].
Los 5 millones de dólares pagados por arbitraje, son aproximadamente un tercio de lo que el gobierno invierte para el suministro de alimentos para alumnos en El Salvador[6].
Los 5 millones de dólares equivalen al monto que el gobierno invertirá para dar a cada estudiante de las escuelas públicas del país, un vaso de la leche cada día para ayudar a la nutrición y el desarrollo.
Los 5 millones de dólares gastados en arbitraje, pudieron servir para  financiar un quinto del total necesario para desarrollar el  programa de vacunación que el gobierno realizará en 2012.
5 millones de dólares pudieron servir para alimentar a 60,570 familias albergadas en refugios temporales durante 2 semanas durante una catástrofe natural[7].
Si esto y más puede hacerse con 5 millones de dólares, ¿Cuánto se dejaría de hacer con los 77 millones que Pacific Rim está demandando; o los cientos de millones que puede llegar a ganar?
Es por esto que cientos de organizaciones sociales y civiles de El Salvador, de Estados Unidos, de Canadá y del mundo, que representan a millones de personas, entregaron al CIADI y al Banco Mundial (donde este tribunal está alojado) en diciembre del 2011 una petición en la que se demanda respeto por el proceso doméstico de gobernabilidad y la soberanía de El Salvador y que el caso presentado por Pacific Rim sea desechado. Estamos a la espera.

[1] Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- la cual es Miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador.
[2] Compañía de capital canadiense y domiciliada hasta 2007 en Islas Caimán, estableció una filial en Estados Unidos, para beneficiarse del CAFTA-DR, pide que El Salvador la indemnice por unos $120 millones de dólares por daños y pérdidas en los réditos que esperaba de las transacciones con el oro y plata que podía extraer en el país.
[3] Este cálculo se hace sobre la base que en 2010 el gobierno gastó 2 millones de dólares para otorgar clases de alfabetismo para 56,000 personas.
[4] En 2011 el gobierno gastó 6 millones de dólares para becas de estudiantes de educación media.
[5] En 2012 el gobierno dará entre 13 a 25 dólares por estudiante a cada escuela pública para materiales e infraestructura. La diferencia en el monto depende del tipo de estudiante que la escuela atiende.
[6] Para el 2012, el gobierno tiene presupuestado 15.5 millones de dólares para el programa de alimentos escolares
[7] La depresión tropical 12E que golpeó al país en octubre de 2011, causó más de 650 millones de dólares en daños y perjuicios y provocó 34 vidas.