Miércoles 10 de agosto de 2011, por Revista Pueblos
Al analizar la minería desde la perspectiva de las fronteras entre países se soslaya algo que es fundamental: la interdependencia entre los países, la convivencia que existe entre las comunidades, pero también entre los territorios, entre los recursos hídricos... En una frontera, en realidad, hay una unidad de territorio, de cultura, de economía, de política, etcétera.
Derecho internacional y minería transfronteriza
Por lo tanto, para analizar la minería transfronteriza es necesaria la perspectiva del derecho internacional, sobre todo el relacionado con el agua y el enfoque de cuenca, dado que la minería requiere para su proceso productivo grandes cantidades que suelen tomarse de aguas superficiales o subterráneas.
El concepto básico de cuenca plantea que se trata de “una unidad geográfica e hidrológica conformada por un río principal y todos los territorios comprendidos entre el naciente y la desembocadura de ese río”.
A partir de lo anterior, el concepto de cuenca establece o determina varios componentes, entre los que se encuentra la existencia de: 1) un río; 2) un territorio; 3) personas y seres vivos; 4) acuíferos asociados a recursos hídricos subterráneos (esto es importante porque, aunque pueden estar delimitados en la cuenca por su condición de ser subterráneos, pueden también superar más de una cuenca, pero en todo caso lo que el concepto nos está diciendo es que siempre que hay aguas superficiales también hay aguas subterráneas); 5) una línea costera si es que el río desemboca en el mar; y, 6) territorios adyacentes.
Lo anterior indica que aquellos ríos y otros cuerpos de agua que se encuentran en las fronteras adquieren una categoría especial: son en esencia cuencas transfronterizas, compartidas, internacionales, conceptos que se han venido reflejando en el desarrollo del derecho internacional.
Este esfuerzo de desarrollo conceptual se concretó durante la Conferencia de Helsinki, en el año 1986, aceptando que no se puede hablar sólo de cuencas unilaterales sino que es necesario incorporar la realidad de los Estados, ya que la inmensa mayoría de ellos, alrededor del mundo, tienen por lo menos una cuenca que comparten con otros países. Esa es la novedad: el reconocimiento de que intervienen dos o más Estados.
Asimismo, la Conferencia de Helsinki no sólo avanzó en la definición de la cuenca de naturaleza transfronteriza o compartida, sino que también definió o identificó los recursos incluidos en este concepto: 1) los cursos de las corrientes principales asociadas a los ríos; 2) los tributarios, es decir, los ríos que hacen que el río principal tenga un mayor cauce; 3) los lagos que forman parte de esos ríos; 4) el subsuelo, que hay que tener muy en cuenta en el debate que se realiza en torno a la minería; 5) el suelo, la flora, la fauna silvestre y los otros recursos naturales; 6) las aguas subterráneas; y, 7) la zona costera y marina.
Lo anterior permite dimensionar la importancia y la complejidad que implica adoptar el concepto de cuenca transfronteriza, estableciéndose con claridad que no se trata sólo de los ríos, sino que tenemos que ver en ambas riberas lo relativo a los elementos mencionados.
Soberanía compartida
Se acepta que los Estados que comparten un río tienen soberanía compartida sobre el mismo, y este concepto es clave porque las decisiones que se tomen sobre ese río también deben ser compartidas. Esto implica, entonces, que ningún país puede tomar decisiones unilaterales sobre el agua de una cuenca compartida. Es cierto que hay Estados que no aceptan esta noción (como Guatemala, que más bien se aferra al concepto de soberanía de cuenca), lo que supone la unilateralidad del país en cuestión para decidir sobre los recursos hidricos que se encuentran en su territorio, incluyendo aquellos que tienen una connotación transfronteriza.
Existe, sin embargo, un andamiaje jurídico, el derecho internacional sobre el agua, que no sólo permite identificar la trascendencia de estas problemáticas transfronterizas sino que también nos brinda herramientas de análisis. En primer lugar, nos facilita herramientas para buscar una mayor integración, alejándonos del concepto tradicional de las fronteras como puntos de conflicto y de separación de países (pues el concepto de cuenca nos da la oportunidad de verlo más como un factor integrador, visión que tiene mucha validez cuando se trata de organizaciones sociales y comunitarias). Además, nos ofrece argumentos importantes para desarrollar la defensa del territorio, que también es compartido, a partir de la delimitación de las cuencas transfronterizas, en función de la vida y de los ecosistemas.
Las Fronteras de Centroamérica
Respecto a Centroamérica, lo primero que debemos decir es que, desgraciadamente, esta pequeña región se dividió en cinco países, unos grandes y otros pequeños. A El Salvador le tocó ser el más pequeño de todos.
Amenazas y minería transfronteriza
En términos de amenazas se presenta un proceso creciente de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación y sedimentación de los suelos, así como contaminación de los cuerpos de agua. Además, se identifica un proceso creciente de dependencia de proyectos de generación hidroeléctrica, de tal forma que los ríos son vistos como generadores de energía. Otra amenaza la constituye la práctica de disposición inadecuada de desechos sólidos y la explotación a gran escala de árboles maderables de la poca reserva de bosques de la región.
El modelo de producción basado en agroquímicos es muy común en la zona transfronteriza (por ejemplo, en la zona de Asunción Mita, en Guatemala, la producción a gran escala de melones, y, en Costa Rica, de piña). Así, encontramos en las diferentes zonas de la región procesos productivos basados en agroquímicos que ocasionan severos daños a los ecosistemas. En resumen, estas son las principales amenazas que se configuran en la región y que llevan cierto tiempo desarrollándose, afectando cada vez más las condiciones de vida de las poblaciones que residen en esas zonas.
Sin embargo, es necesario plantear que en los últimos años en Centroamérica, al igual que en otras regiones del mundo, se ha venido expandiendo una amenaza aún mayor: la explotación minera, que pone en situación de riesgo las cuencas transfronterizas centroamericanas. Esto podría suponer un “jaque mate”, dado que la explotación minera, con mucho, es más dañina respecto a las amenazas señaladas anteriormente por las afectaciones a corto plazo y los impactos socioambientales a largo plazo.
Lo que se sabe de la explotación minera no permite siquiera considerar la posibilidad de que exista una tecnología “amigable” con el medioambiente. Toda industria extractiva y, desde luego, la minería metálica, afecta al medioambiente. En qué magnitud y en qué tiempo, depende de las condiciones del subsuelo y de la forma en que se desarrolle la explotación, pero la contaminación del agua y la liberación de metales pesados es inevitable. Asimismo, la probabilidad de que se produzca el drenaje ácido de minas a medio o largo plazo es altísima.
Observando la situación de los proyectos mineros a nivel centroamerica no, comenzando con la República de Guatemala, identificamos dos proyectos. Uno, conocido como Mina Marlin, está en explotación. Es propiedad de la empresa transnacional Goldcorp y se localiza en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, ambos municipios de San Marcos en situación transfronteriza con México. De acuerdo a denuncias hechas por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, ya ha realizado descargas hacia cuerpos de aguas compartidos con México. El otro proyecto es el conocido como Cerro Blanco, propiedad de la misma empresa, localizado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, en proceso de construcción y que iniciará las operaciones en el próximo año. Frente a este proyecto las organizaciones sociales y comunidades de El Salvador y Guatemala están desarrollando acciones de resistencia e incidencia para detenerlo definitivamente, dado los daños previsibles a cuerpos de agua compartidos como el río Ostua y el lago de Guija.
Otros proyectos en cuencas centroamericanas
En el caso de Costa Rica y Nicaragua encontramos el Proyecto Crucitas, que está en territorio costarricense pero que seguramente terminará afectando al río San Juan. Aunue este río se reconoce como nicaragüense, este proyecto se encuentra en su cuenca, que abarca a los dos países.
Respecto a El Salvador, Honduras y Guatemala, en el mapa se puede visualizar cuál es la perspectiva que tenemos de cara al avance de los proyectos mineros en la región. Si revisamos algunos datos específicos para estos tres países, encontramos que del total de su territorio (en conjunto forman una superficie de 242.000 km2), casi 72.000 km2 están concesionados para explotación minera, la mayor parte en Honduras y Guatemala. En Honduras hay 155 concesiones que representan 35.000 km2, mientras que en Guatemala existen 120.
Entre Honduras y El Salvador se identifican 41 proyectos mineros en la zona fronteriza, y, entre Guatemala y El Salvador, siete. Uno de ellos es de uranio y está ubicado en el municipio de Esquípulas en Guatemala; mientras que, en segundo lugar, tenemos el de Cerro Blanco, un proyecto minero que cuya explotación durará quince años.
En el mapa se identifica cómo todo el área norte de El Salvador es zona de explotaciones mineras, así como la zona sur de Honduras y la noroccidental de Guatemala. Es decir, que, si bien en la actualidad se conoce la existencia de siete proyectos mineros en Guatemala y de 41 en Honduras, esos no son todos porque, de acuerdo a la información de las propias empresas, en estas zonas pueden existir más reservas de oro y de plata que se encuentran en el punto de mira de las transnacionales.
Todos estos proyectos comprometen el futuro de los principales cuerpos de agua del país, como el río Lempa, el lago de Guija, el río Torola o el Goascaran, que se localizan en cuencas compartidas, unas con Guatemala y otras con Honduras.
Lucha estratégica
Por esa razón, la lucha contra la minería transfronteriza adquiere un carácter estratégico de primer orden. Necesitamos trasladar nuestra lucha como país más allá de nuestras fronteras. En ese sentido la idea de la cuenca y el derecho internacional se vuelve fundamental para entender que este tema trasciende el ámbito de los gobiernos, pues es además un asunto de las comunidades, que tienen el deber de desarrollar y fortalecer su resistencia.
Es necesario contar con una estrategia de difusión amplia del impacto de los proyectos mineros en las zonas transfronterizas, demandando la intervención de los países implicados en la búsqueda de una solución a favor de los pueblos y no de los intereses de las grandes transnacionales, depredadoras del medioambiente. No se debe soslayar el rol de las comunidades, de la población, pero se debe reconocer que los gobiernos y otras instituciones internacionales de Derechos Humanos y de defensa del medioambiente pueden y deben jugar un rol más activo e importante. Por tanto, es necesario continuar en la búsqueda de entendimientos, de alianzas entre las organizaciones sociales y de la institucionalidad, para lograr revertir estos proyectos transfronterizos nocivos para los pueblos de la región.
* Edgardo Mira es miembro del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador.
Este artículo ha sido publicado en el nº 47 de Pueblos - Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.
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