Atender las vulnerabilidades*
Una buena noticia. Para atender las condiciones ambientales y sociales que convierten a El Salvador en el país más vulnerable del mundo, el Presidente Mauricio Funes decidió crear la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad.
Dicha instancia absorberá a la actual Dirección de Protección Civil y estará dirigida por Jorge Meléndez, actual titular de esta entidad dependiente del Ministerio de Gobernación.
Según el decreto presidencial, aprobado el 11 de enero de este año, algunas de las funciones principales de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad son:
- Elaborar, proponer y desarrollar programas, proyectos y acciones nacionales que mejoren las situaciones de vulnerabilidad que se presentan en todo el territorio nacional.
- Fortalecer y promover acciones y procesos de reducción del riesgo, como un elemento de estrategia nacional.
- Cooperar con todas las instituciones públicas, en especial con el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a fin de promover políticas y acciones tendientes al combate de la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y humanos.
-Fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de reducción del riesgo, capacitando a las poblaciones de las zonas de riesgo y al personal responsable de coordinar y dirigir dichas actividades, en coordinación con las municipalidades, gobernaciones departamentales y comisiones comunales.
- Fortalecer la cultura de prevención del riesgo y disminución de desastres, a través de programas a realizar en coordinación con el Ministerio de Educación y las municipalidades.
La creación de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad sucede en el contexto de la conmemoración del décimo aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001, marcada por la demanda ciudadana de superar las vulnerabilidades para evitar que fenómenos naturales provoquen nuevas tragedias humanas.
En esta coyuntura, organizaciones ambientalistas y medios de comunicación alternativos reclamaron a las instituciones estatales por el desinterés de abordar el grave deterioro ambiental del país. Entre las demandas planteadas están:
- La aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Agua y Ley Prohibitiva de la Minería Metálica, en el Parlamento.
- La creación de los Tribunales Ambientales, por la Corte Suprema de Justicia.
- La implementación de una política integral de recuperación ambiental del Ejecutivo.
Frente a dichas demandas, Casa Presidencial toma la iniciativa con una medida concreta: la creación de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad.
El país debe presionar, ahora, para que la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial también actúen cuanto antes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 18 de enero de 2011
martes, 11 de enero de 2011
Emplazar a ARENA*
La dirigencia del ex gobernante ARENA debe aclarar si la postura pro minera del diputado Vicente Menjívar es institucional o si es personal, para que el país determine si deberá pedirle cuentas al partido o al referido legislador en particular.
Menjívar ha destacado desde final del año pasado por promover la explotación minera, repitiendo las mentiras de Pacific Rim y demás empresas extractivas que presionan por una ley permisiva de esa tenebrosa industria vetada por la Administración Funes.
En la última sesión de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el parlamentario arenero se mostró servil ante los representantes mineros y, en declaraciones posteriores a una radio local, repitió sin escrúpulos los falaces argumentos de las compañías extractivas: que el 67% de la riqueza se quedaría en el país y que no habría contaminación ambiental.
Con semejante conducta, Menjívar retoma el rol del ex pecenista Orlado Arévalo (antiguo promotor de Pacific Rim) y deja mal parada a ARENA, partido que se ganaría el repudio nacional al respaldar proyectos que son rechazados por el Ejecutivo y la mayoría de sectores sociales, religiosos y académicos del país, incluidos sectores conservadores afines a ARENA.
Con esta posición, el principal partido de derecha también contradice posturas anti mineras externadas en el pasado, principalmente durante la administración del ex presidente Antonio Saca, quien le negó el permiso de explotación a Pacific Rim.
Atendiendo la línea del Ejecutivo, ARENA se abstuvo de apoyar el proyecto de ley elaborado por Pacific Rim y presentado en el Parlamento por Orlando Arévalo, Roberto Angulo, Francisco Merino y otros diputados del corrupto PCN. ARENA, incluso, respaldó un recomendable parcial al Ejecutivo que pedía negar permisos de explotación y suspender las licencias de exploración minera.
La última acción anti minera realizada por el grupo parlamentario arenero fue la introducción de una pieza de correspondencia que expresaba preocupación por la instalación de la mina Cerro Blanco, en Jutiapa (Guatemala), por los daños que podría causar al Lago de Guija y al Río Lempa.
Todo lo anterior se vino abajo con la nueva postura que plantea ARENA a través del diputado Menjívar. Por tanto, la cúpula arenera, encabezada por el ex presidente Alfredo Cristiani, debe aclarar y rectificar, si no quiere enfrentar el emplazamiento de los mismos sectores de derecha que rechazan la minería.
Como principal culpable del grave deterioro ambiental del país y responsable del otorgamiento de licencias de exploración minera a empresas que hoy demandan al país en tribunales internacionales, lo menos que debería hacer ARENA para reivindicarse es rechazar los proyectos mineros y votar a favor de una Ley que los prohíba en forma definitiva.
Mientras tanto, Menjívar debe ser investigado por el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y por la Fiscalía General de la República para indagar los motivos de su apoyo a la explotación minera.
Esto es necesario porque, conociendo las estrategias corruptoras de las compañías extractivas, no sería extraño que hayan comprado la voluntad del cuestionado legislador arenero.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Menjívar ha destacado desde final del año pasado por promover la explotación minera, repitiendo las mentiras de Pacific Rim y demás empresas extractivas que presionan por una ley permisiva de esa tenebrosa industria vetada por la Administración Funes.
En la última sesión de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el parlamentario arenero se mostró servil ante los representantes mineros y, en declaraciones posteriores a una radio local, repitió sin escrúpulos los falaces argumentos de las compañías extractivas: que el 67% de la riqueza se quedaría en el país y que no habría contaminación ambiental.
Con semejante conducta, Menjívar retoma el rol del ex pecenista Orlado Arévalo (antiguo promotor de Pacific Rim) y deja mal parada a ARENA, partido que se ganaría el repudio nacional al respaldar proyectos que son rechazados por el Ejecutivo y la mayoría de sectores sociales, religiosos y académicos del país, incluidos sectores conservadores afines a ARENA.
Con esta posición, el principal partido de derecha también contradice posturas anti mineras externadas en el pasado, principalmente durante la administración del ex presidente Antonio Saca, quien le negó el permiso de explotación a Pacific Rim.
Atendiendo la línea del Ejecutivo, ARENA se abstuvo de apoyar el proyecto de ley elaborado por Pacific Rim y presentado en el Parlamento por Orlando Arévalo, Roberto Angulo, Francisco Merino y otros diputados del corrupto PCN. ARENA, incluso, respaldó un recomendable parcial al Ejecutivo que pedía negar permisos de explotación y suspender las licencias de exploración minera.
La última acción anti minera realizada por el grupo parlamentario arenero fue la introducción de una pieza de correspondencia que expresaba preocupación por la instalación de la mina Cerro Blanco, en Jutiapa (Guatemala), por los daños que podría causar al Lago de Guija y al Río Lempa.
Todo lo anterior se vino abajo con la nueva postura que plantea ARENA a través del diputado Menjívar. Por tanto, la cúpula arenera, encabezada por el ex presidente Alfredo Cristiani, debe aclarar y rectificar, si no quiere enfrentar el emplazamiento de los mismos sectores de derecha que rechazan la minería.
Como principal culpable del grave deterioro ambiental del país y responsable del otorgamiento de licencias de exploración minera a empresas que hoy demandan al país en tribunales internacionales, lo menos que debería hacer ARENA para reivindicarse es rechazar los proyectos mineros y votar a favor de una Ley que los prohíba en forma definitiva.
Mientras tanto, Menjívar debe ser investigado por el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y por la Fiscalía General de la República para indagar los motivos de su apoyo a la explotación minera.
Esto es necesario porque, conociendo las estrategias corruptoras de las compañías extractivas, no sería extraño que hayan comprado la voluntad del cuestionado legislador arenero.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 4 de enero de 2011
Para luchar contra la impunidad*
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acaba de aprobar una medida que podría ser clave en la lucha contra la impunidad que prevalece en el país: Le quitó a la Fiscalía General de la República el monopolio de la investigación del delito y estableció que las víctimas, o sus representantes, pueden acudir directamente ante un juez para iniciar la acción penal cuando las autoridades fiscales no investiguen en un plazo de 10 días.
Con esto los célebres magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco buscan evitar que el derecho a la justicia no sea bloqueado por la incapacidad de la Fiscalía o por su falta de voluntad para investigar los crímenes.
Con esta aplaudible sentencia la Sala de lo Constitucional es consecuente con las demás resoluciones emitidas durante el año que recién terminó: la que permite las candidaturas independientes y prohíbe las listas cerradas que suelen imponer las cúpulas partidarias, la que suprimió la llamada “partida secreta” de Casa Presidencial y la que eliminó la impunidad de los editores y directores de medios de comunicación que cometan los delitos de difamación, calumnia e injuria.
La sentencia que termina con la exclusividad fiscal de la investigación criminal es importante por dos razones esenciales.
La primera es que contribuirá a la lucha contra la impunidad. En el país la mayoría de crímenes permanecen en la impunidad debido a la inoperancia de la Fiscalía o a posibles compromisos de sus titulares con la impunidad de algunos ilícitos, sobre todo crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, los actos de corrupción de los gobiernos de ARENA y los delitos del gran crimen organizado.
Con esta resolución, y las pertinentes reformas a los códigos Penal y Procesal Penal que deberá aprobar la Asamblea Legislativa, víctimas de todos los delitos que la Fiscalía no puede o no quiere investigar podrán acudir a los tribunales.
Esto incluye también a afectados por crímenes ambientales como la deforestación de la finca El Espino, contaminación del 90% de los ríos o delitos mineros como el secado de afluentes en Cabañas y la generación de drenaje ácido en La Unión. Por estos últimos deben ser enjuiciadas Pacific Rim y Commerce Group, empresas que a falta de acción penal en su contra demandan al Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Y la segunda razón de importancia de la resolución de la Sala de lo Constitucional es que, al ya no ser la Fiscalía la única entidad encargada de investigar los delitos, al crimen organizado le servirá muy poco su estrategia de infiltrarla.
De igual forma a los grupos de poder vinculados a algunos ilícitos les será insuficiente nombrar a un Fiscal General permisivo de la impunidad porque, si éste no investiga, algún juez sí lo hará a petición de las víctimas o de sus representantes.
Con todo esto ganarán las víctimas, la justicia y el país, porque la lucha contra la impunidad tendrá nuevas posibilidades.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Con esto los célebres magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco buscan evitar que el derecho a la justicia no sea bloqueado por la incapacidad de la Fiscalía o por su falta de voluntad para investigar los crímenes.
Con esta aplaudible sentencia la Sala de lo Constitucional es consecuente con las demás resoluciones emitidas durante el año que recién terminó: la que permite las candidaturas independientes y prohíbe las listas cerradas que suelen imponer las cúpulas partidarias, la que suprimió la llamada “partida secreta” de Casa Presidencial y la que eliminó la impunidad de los editores y directores de medios de comunicación que cometan los delitos de difamación, calumnia e injuria.
La sentencia que termina con la exclusividad fiscal de la investigación criminal es importante por dos razones esenciales.
La primera es que contribuirá a la lucha contra la impunidad. En el país la mayoría de crímenes permanecen en la impunidad debido a la inoperancia de la Fiscalía o a posibles compromisos de sus titulares con la impunidad de algunos ilícitos, sobre todo crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, los actos de corrupción de los gobiernos de ARENA y los delitos del gran crimen organizado.
Con esta resolución, y las pertinentes reformas a los códigos Penal y Procesal Penal que deberá aprobar la Asamblea Legislativa, víctimas de todos los delitos que la Fiscalía no puede o no quiere investigar podrán acudir a los tribunales.
Esto incluye también a afectados por crímenes ambientales como la deforestación de la finca El Espino, contaminación del 90% de los ríos o delitos mineros como el secado de afluentes en Cabañas y la generación de drenaje ácido en La Unión. Por estos últimos deben ser enjuiciadas Pacific Rim y Commerce Group, empresas que a falta de acción penal en su contra demandan al Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Y la segunda razón de importancia de la resolución de la Sala de lo Constitucional es que, al ya no ser la Fiscalía la única entidad encargada de investigar los delitos, al crimen organizado le servirá muy poco su estrategia de infiltrarla.
De igual forma a los grupos de poder vinculados a algunos ilícitos les será insuficiente nombrar a un Fiscal General permisivo de la impunidad porque, si éste no investiga, algún juez sí lo hará a petición de las víctimas o de sus representantes.
Con todo esto ganarán las víctimas, la justicia y el país, porque la lucha contra la impunidad tendrá nuevas posibilidades.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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