El accidente que mantiene sepultados a treinta y tres mineros en el norte de Chile refleja los peligros de la extracción de metales del subsuelo con el método de minería subterránea, que consiste en cavar túneles incluso más abajo de los setecientos metros de profundidad de la mina San José.
Las empresas extractivas suelen presentar la minería subterránea como un modelo menos contaminante y peligroso, con respecto a la minería a cielo abierto. Sin embargo, el referido caso chileno y muchos otros accidentes en países como México, China o China, demuestran lo contrario.
El peligro es mayor en lugares de riesgo sísmico, pues incrementa la posibilidad de derrumbes al interior de los túneles que llegan hasta las vetas de metales preciosos. En la mayoría de estos accidentes, los mineros atrapados mueren de inmediato debido a la falta de oxígeno.
En tal sentido, el accidente minero en Chile debe ratificar la decisión del gobierno salvadoreño de impedir estos proyectos de Pacific Rim y otras compañías extractivas. Recordemos que la mina que pretendía instalar en San Isidro, Cabañas, estaba diseñada como subterránea.
Otros accidentes peligrosos en los proyectos mineros tienen que ver con el derrame de cianuro y otros químicos tóxicos utilizados para separar el oro y plata del resto de metales. Estos fueron abordados en el artículo “Minería: una industria accidentada” (Co Latino, 15 de oct. de 2008).
En estos casos los vertidos contaminan irreversiblemente ríos y mantos acuíferos, y acaban con diversas especies acuáticas y terrestres. Los intentos de recuperación de los afluentes cuestan millones de dólares a los gobiernos, que sacrifican inversiones sociales para atender daños mineros.
Casi siempre esto sucede cuando los depósitos de colas, lagunas donde las mineras depositan sus desechos, sucumben ante huracanes o su membrana se rompe a causa de movimientos telúricos. Pacific Rim iba a construir un depósito de residuos en un terreno cercano a varias comunidades.
Ahora que inicia la discusión sobre la ley que prohíba la minería de metales, en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el país entero debe movilizarse y presionar a los diputados y diputadas para que aprueben cuanto antes dicha normativa.
En teoría todos los grupos parlamentarios están a favor de prohibir la explotación minera, excepto el PCN que en su momento abanderó una propuesta de ley permisiva de la minería, elaborada por un reconocido ex canciller y ex candidato presidencial, empleado de Pacific Rim.
La referida comisión parlamentaria, presidida casualmente por el pecenista Ciro Zepeda, pasó dilatando la discusión durante más de un mes; pero la semana pasada el debate comenzó. Los legisladores ya tienen respaldo del Ejecutivo, pues el Presidente Funes avala la propuesta de ley.
El próximo 21 de septiembre, una delegación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los parlamentarios sus argumentos a favor de la iniciativa, entre los que reitera la urgencia de evitar más demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Todos los ojos están sobre la Asamblea Legislativa, que tiene la responsabilidad de prohibir en forma definitiva la exploración y explotación minera para poner al país a salvo del peligro.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 31 de agosto de 2010
martes, 24 de agosto de 2010
Respaldo presidencial a ley antiminera*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se pronunció, el pasado 21 de agosto, a favor de una ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva.
En declaraciones posteriores al recibimiento de la propuesta de política pública para la juventud, el Presidente mostró voluntad de respaldar el proyecto de nueva ley de minería que impulsa la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde finales de 2007.
Funes dijo a los medios de comunicación estar dispuesto a llevar dicha propuesta de ley a discusión con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con los que su gobierno logra consensos en otros temas.
Como reacción, representantes de la Mesa expresaron ayer, en conferencia de prensa, su satisfacción por las referidas declaraciones del Presidente, a las que calificaron como “un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno”.
La Mesa recordó que Funes “se comprometió a no permitir los proyectos mineros, primero como candidato y después ya como Presidente, pero se negaba a impulsar una ley que los prohíba argumentando que sus palabras eran suficientes”.
“Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera, es un aplaudible cambio de actitud”, plantea el posicionamiento de la Mesa.
Para tomar la palabra a Funes, la Mesa anunció que en los próximos días le entregará su proyecto de ley para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
Dicha propuesta de ley, que se encuentra en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento, prohíbe expresamente la minería metálica y regula más estrictamente la minería no metálica.
Según la Mesa, esta ley es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group, compañías mineras que exigen al país millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación.
Esta ley también terminaría la violencia minera, al obligar la retirada de las empresas; y daría más fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el respaldo presidencial al proyecto de ley prohibitiva de la minería mueva a los diputados, que aún no pueden discutirla, porque el presidente de la comisión respectiva se niega a convocarla, tras varios meses de haber sido creada.
La postura del Presidente Funes también va a generar el respaldo de todas las instituciones y sectores sociales, políticos, económicos, académicos y religiosos del país, a dicha propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe lo más pronto posible.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
En declaraciones posteriores al recibimiento de la propuesta de política pública para la juventud, el Presidente mostró voluntad de respaldar el proyecto de nueva ley de minería que impulsa la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde finales de 2007.
Funes dijo a los medios de comunicación estar dispuesto a llevar dicha propuesta de ley a discusión con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con los que su gobierno logra consensos en otros temas.
Como reacción, representantes de la Mesa expresaron ayer, en conferencia de prensa, su satisfacción por las referidas declaraciones del Presidente, a las que calificaron como “un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno”.
La Mesa recordó que Funes “se comprometió a no permitir los proyectos mineros, primero como candidato y después ya como Presidente, pero se negaba a impulsar una ley que los prohíba argumentando que sus palabras eran suficientes”.
“Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera, es un aplaudible cambio de actitud”, plantea el posicionamiento de la Mesa.
Para tomar la palabra a Funes, la Mesa anunció que en los próximos días le entregará su proyecto de ley para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
Dicha propuesta de ley, que se encuentra en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento, prohíbe expresamente la minería metálica y regula más estrictamente la minería no metálica.
Según la Mesa, esta ley es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group, compañías mineras que exigen al país millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación.
Esta ley también terminaría la violencia minera, al obligar la retirada de las empresas; y daría más fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el respaldo presidencial al proyecto de ley prohibitiva de la minería mueva a los diputados, que aún no pueden discutirla, porque el presidente de la comisión respectiva se niega a convocarla, tras varios meses de haber sido creada.
La postura del Presidente Funes también va a generar el respaldo de todas las instituciones y sectores sociales, políticos, económicos, académicos y religiosos del país, a dicha propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe lo más pronto posible.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
COMUNICADO DE PRENSA
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se pronunció, el 21 de agosto recién pasado, a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales en el país.
El Mandatario mostró disposición de apoyar el proyecto de ley, propuesto por la Mesa Nacional frente a la Minería, y discutirlo con los partidos políticos representados en el Parlamento.
Ante dichas declaraciones presidenciales, la Mesa expresa lo siguiente:
En primer lugar, saluda con satisfacción las declaraciones del Presidente Funes, ya que constituyen un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno.
El Mandatario se comprometió a no permitir los proyectos mineros, como candidato presidencial, primero, y después ya como Jefe de Estado; sin embargo, se negaba a impulsar una ley que los prohíba, argumentando que sus palabras eran suficientes.
Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera es un aplaudible cambio de actitud.
Y en segundo lugar, la Mesa anuncia que en los próximos días entregará al Presidente Funes su propuesta de Ley, presentada a la Asamblea Legislativa en octubre de 2007, para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que la Ley que prohíba la minería de metales es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group que exigen millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación minera.
Esta Ley también acabará con el factor de violencia en Cabañas, pues obligará la retirada de las empresas mineras; y dará mayor fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
San Salvador, 24 de agosto de 2010.
El Mandatario mostró disposición de apoyar el proyecto de ley, propuesto por la Mesa Nacional frente a la Minería, y discutirlo con los partidos políticos representados en el Parlamento.
Ante dichas declaraciones presidenciales, la Mesa expresa lo siguiente:
En primer lugar, saluda con satisfacción las declaraciones del Presidente Funes, ya que constituyen un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno.
El Mandatario se comprometió a no permitir los proyectos mineros, como candidato presidencial, primero, y después ya como Jefe de Estado; sin embargo, se negaba a impulsar una ley que los prohíba, argumentando que sus palabras eran suficientes.
Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera es un aplaudible cambio de actitud.
Y en segundo lugar, la Mesa anuncia que en los próximos días entregará al Presidente Funes su propuesta de Ley, presentada a la Asamblea Legislativa en octubre de 2007, para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que la Ley que prohíba la minería de metales es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group que exigen millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación minera.
Esta Ley también acabará con el factor de violencia en Cabañas, pues obligará la retirada de las empresas mineras; y dará mayor fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
San Salvador, 24 de agosto de 2010.
martes, 17 de agosto de 2010
Mentiras y confesiones*
Mentiras y confesiones*
La mentira es la base de la estrategia de Pacific Rim. Al gobierno intentó sorprenderlo con mentiras, diciendo que sus actividades no causarían ningún daño, para que le otorgara permisos de explotación minera. Sin embargo, secó afluentes, generó violencia y compró voluntades.
Con mentiras también quiso lograr su “licencia social”, tratando de engañar a las comunidades de Cabañas, y a la población en general, sobre falsos beneficios económicos y aportes al desarrollo. Todos recordamos la feroz campaña publicitaria sobre la “minería verde”, en la que Pacific Rim gastó varios de los 100 millones de dólares que hoy nos exige como indemnización.
La misma estrategia mentirosa usa para sostener su demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific Rim dice que El Salvador violó sus derechos, derechos que nunca adquirió porque los permisos de explotación no son automáticos, sino que dependen de requisitos que Pacific Rim incumplió: no superó las observaciones ambientales, no hizo un estudio de factibilidad y no era propietaria de toda el área donde pretendía operar.
Otra mentira con que Pacific Rim engaña al CIADI consiste en presentarse como empresa estadounidense, para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR). Pacific Rim es canadiense, y cambió su nacionalidad después de surgida la controversia legal para demandar al país a través del CAFTA-DR.
Aquí Pacific Rim también miente por omisión: no revela al CIADI que los hechos denunciados son anteriores a la entrada en vigencia del CAFTA-DR. Es decir, oculta otro dato que desvirtúa su demanda: el gobierno salvadoreño negó el permiso de explotación en 2004 y el CAFTA-DR se implementó en 2006; y, al no ser retroactivo, la demanda no procede bajo sus disposiciones.
A diferencia de Pacific Rim, que oculta los pecados que comete, la Embajada de Canadá en El Salvador no tiene vergüenza para admitirlos. En una carta dirigida a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fechada 29 de julio de 2010 y firmada por la embajadora Claire A. Paulin, confiesa que el gobierno canadiense apoya a las compañías mineras.
“El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, razón por la cual –dice– Canadá “impulsa una política de responsabilidad social de las empresas”, estrategias de relaciones públicas y de imagen detrás de las cuales las transnacionales esconden los daños ambientales y sociales que provocan.
Otra confesión que debería indignar al país es el reconocimiento de que el gobierno canadiense presiona al salvadoreño y a los demás que integran el CA-4 para suscribir un tratado de libre comercio que, en opinión de la Mesa frente a la Minería, podría favorecer a las empresas extractivas canadienses: Pacific Rim, Gold Corp, Barrick Gold, etc.
“Canadá considera importante continuar avanzando en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el grupo del CA-4, pues se espera que dicho acuerdo traiga beneficios para todos los participantes”, reza la nota, la cual responde a una misiva que la Mesa entregó a la Embajada de Canadá el pasado 22 de julio, donde le pide abstenerse de apoyar a Pacific Rim y de imponer el referido tratado comercial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La mentira es la base de la estrategia de Pacific Rim. Al gobierno intentó sorprenderlo con mentiras, diciendo que sus actividades no causarían ningún daño, para que le otorgara permisos de explotación minera. Sin embargo, secó afluentes, generó violencia y compró voluntades.
Con mentiras también quiso lograr su “licencia social”, tratando de engañar a las comunidades de Cabañas, y a la población en general, sobre falsos beneficios económicos y aportes al desarrollo. Todos recordamos la feroz campaña publicitaria sobre la “minería verde”, en la que Pacific Rim gastó varios de los 100 millones de dólares que hoy nos exige como indemnización.
La misma estrategia mentirosa usa para sostener su demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific Rim dice que El Salvador violó sus derechos, derechos que nunca adquirió porque los permisos de explotación no son automáticos, sino que dependen de requisitos que Pacific Rim incumplió: no superó las observaciones ambientales, no hizo un estudio de factibilidad y no era propietaria de toda el área donde pretendía operar.
Otra mentira con que Pacific Rim engaña al CIADI consiste en presentarse como empresa estadounidense, para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR). Pacific Rim es canadiense, y cambió su nacionalidad después de surgida la controversia legal para demandar al país a través del CAFTA-DR.
Aquí Pacific Rim también miente por omisión: no revela al CIADI que los hechos denunciados son anteriores a la entrada en vigencia del CAFTA-DR. Es decir, oculta otro dato que desvirtúa su demanda: el gobierno salvadoreño negó el permiso de explotación en 2004 y el CAFTA-DR se implementó en 2006; y, al no ser retroactivo, la demanda no procede bajo sus disposiciones.
A diferencia de Pacific Rim, que oculta los pecados que comete, la Embajada de Canadá en El Salvador no tiene vergüenza para admitirlos. En una carta dirigida a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fechada 29 de julio de 2010 y firmada por la embajadora Claire A. Paulin, confiesa que el gobierno canadiense apoya a las compañías mineras.
“El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, razón por la cual –dice– Canadá “impulsa una política de responsabilidad social de las empresas”, estrategias de relaciones públicas y de imagen detrás de las cuales las transnacionales esconden los daños ambientales y sociales que provocan.
Otra confesión que debería indignar al país es el reconocimiento de que el gobierno canadiense presiona al salvadoreño y a los demás que integran el CA-4 para suscribir un tratado de libre comercio que, en opinión de la Mesa frente a la Minería, podría favorecer a las empresas extractivas canadienses: Pacific Rim, Gold Corp, Barrick Gold, etc.
“Canadá considera importante continuar avanzando en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el grupo del CA-4, pues se espera que dicho acuerdo traiga beneficios para todos los participantes”, reza la nota, la cual responde a una misiva que la Mesa entregó a la Embajada de Canadá el pasado 22 de julio, donde le pide abstenerse de apoyar a Pacific Rim y de imponer el referido tratado comercial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 10 de agosto de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y admitió la demanda de Pacific Rim, empresa canadiense que exige al gobierno una millonaria indemnización por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.
Decisión aberrante*
El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y declaró procedente la demanda de Pacific Rim.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 4 de agosto de 2010
¿Y los autores intelectuales?
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 3 de agosto de 2010
NOTA DE PRENSA
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
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