lunes, 15 de febrero de 2010

Minería y CSJ*

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se apresta a resolver un recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). La demanda fue interpuesta por representantes de la Red Ciudadana frente al Comercio e Inversión Sinti Techan.

La CSJ considera válidos los argumentos de inconstitucionalidad contra los principios de “trato nacional” y de “expropiación indirecta”. El primero obliga al Estado a otorgar a las compañías estadounidenses los mismos beneficios que da a las empresas salvadoreñas, mientras el segundo define como expropiación indirecta cualquier acción u omisión gubernamental que perjudique las ganancias de los inversionistas.

La Corte también admite las objeciones al CAFTA-DR referidas a que atenta contra la integración centroamericana e interfiere en funciones de la Asamblea Legislativa, al permitir que el Ministerio de Economía suprima aranceles a las importaciones. Además, considera que la forma inconsulta y apresurada en que se aprobó contradice los preceptos de participación, transparencia y debido proceso.

Al tiempo que acepta la demanda contra el CAFTA-DR, la CSJ emite resoluciones que marcan un cambio significativo en su comportamiento de las últimas décadas, caracterizado por defender los intereses oligárquicos. Esto sucede a partir de la instalación de la nueva Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados probos y de notoria honorabilidad, como Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

Entre estas resoluciones destacan la condena a un diario de derecha que estafó a una lectora, la anulación del decreto legislativo que libraba a transportistas de pagar multas por infracciones de tránsito y la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Con esto la Corte genera expectativas en los sectores democráticos del país que celebrarían la eventual declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR, no sólo por sus insalvables ilegalidades, sino porque también llamaría la atención sobre los tratados de libre comercio actualmente en proceso de negociación y que se basan en las mismas disposiciones generales del CAFTA-DR. Entre éstos, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y un discreto TLC con Canadá.

Pero el efecto coyuntural más relevante de la posible derogación del CAFTA-DR sería dejar sin mecanismo legal a Pacific Rim y Commerce Group para demandar al Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación minera. Estas empresas de Canadá y Estados Unidos –respectivamente– se amparan en los capítulos de Inversiones y de Solución de Contro-versias del CAFTA-DR para exigir una indemnización de 100 millones de dólares, cada una, por “expropia-ción indirecta”.

Así mismo, la deseada resolución de la CSJ cerraría puertas a futuras demandas de empresas transna-cionales que pretende seguir el ejemplo de Pacific Rim y Commerce Group. Por tanto, el país entero debe movilizarse y demandar la pronta declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR.



*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.