La problemática minera ha causado el mayor interés y muestras de solidaridad de la Comunidad Internacional hacia El Salvador, durante la época de posguerra. Cada semana llegan delegaciones extranjeras –sobre todo procedentes de Estados, Unidos, Canadá y Europa– para constatar la conflictividad e impunidad en Cabañas, provocado por la presencia de Pacific Rim y la inoperancia fiscal y policial.
Voces de la Frontera es una de estas organizaciones de la solidaridad internacional que más recientemente visitó el país para verificar los vejámenes de Pacific Rim. Para esto, integró un selecto grupo de profesionales estadounidenses y canadienses que antes de partir, el 15 del presente mes, publicó sus hallazgos y recomendaciones.
La delegación revisó estudios sobre los impactos de la minería y entrevistó a víctimas de la conflictividad, autoridades gubernamentales y organizaciones ecologistas. Así determinó que la situación de Cabañas se caracteriza por una serie de amenazas y ataques que atemorizan a las comunidades, división de familias y falta de investigaciones adecuadas de los crímenes.
Voces de la Frontera también comprobó daños ambientales causados por las actividades de exploración minera en San Isidro y Guacotecti, donde Pacific Rim profundizó mantos acuíferos, contaminó ríos y cometió otros delitos ambientales que permanecen en la impunidad.
En sus recomendaciones, la delegación destaca la realización de una investigación independiente, dirigida por un fiscal especial y supervisada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución que insiste en indagar a profundidad los móviles de la confrontación en Cabañas para identificar a todos los autores intelectuales y materiales.
Voces de la Frontera también plantea hacer una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la minería de metales, para lo cual es necesario dotar de mayores recursos financieros y técnicos al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.
Al gobierno del Presidente Mauricio Funes, la delegación exhorta a impulsar una legislación que prohíba los proyectos mineros para cerrar en forma definitiva la posibilidad de desarrollar esta nociva industria en el país, como lo demanda la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde octubre de 2007.
Sobre Pacific Rim y demás empresas mineras, Voces de la Frontera sostiene que éstas deben respetar el derecho soberano de El Salvador a rechazar proyectos que dañan al medioambiente y a la población. Es más, a la compañía canadiense le exige retirar su demanda contra el Estado salvadoreño en el CIADI.
Acerca del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), al que Pacific Rim se ampara para exigir al país una indemnización de 100 millones de dólares, la delegación propone que éste sea renegociado para evitar que las ventajas a los inversionistas no violenten los derechos humanos y la soberanía de El Salvador.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 24 de febrero de 2010
jueves, 18 de febrero de 2010
Pacific Rim se incrimina*
Desesperada por la conmoción nacional e internacional causada por la conflictividad minera y las injustas demandas contra el Estado salvadoreño, Pacific Rim publicó –el lunes 8 de febrero recién pasado– en los principales periódicos del país un pronunciamiento donde se desvincula de los crímenes contra ecologistas que rechazan la minería metálica en Cabañas.
La empresa, que dice basarse en la protección ambiental y en la solidaridad social, se presenta como víctima de “señalamientos irresponsables y sin fundamento” de grupos apoyados por “organizaciones radicales que tiene por objetivo obstaculizar el desarrollo en El Salvador”.
En su comunicado, la minera canadiense confirma su falta de argumentos y repite las mentiras que utilizó cuando intentó en vano engañar al país sobre los falsos beneficios de la extracción de metales preciosos. Por ejemplo, sostiene que el proyecto El Dorado es un modelo de minería “responsable”, y que aportaría “más del 28% de su producción como ingresos fiscales”.
¿Cree Pacific Rim que la población no supo del secado de afluentes en San Isidro, y que la ciudadanía ignora que la Ley de Minería obliga a las empresas extractivas a pagar sólo el 2% de sus ganancias en regalías?
En tal sentido, el pronunciamiento es irrelevante. Sin embargo, incluye un elemento digno de comentar: Pacific Rim se incrimina en los hechos delictivos que busca desmentir, cuando destaca que “ha fortalecido programas de salud, educación y medioambiente que realizan instituciones privadas, estatales, municipales y adescos, para sumar bienestar en las comunidades”.
¡Fiscalía, tome nota de lo anterior! Pacific Rim admite la acusación que le hace el país entero: haber implementado en Cabañas una estrategia de compra de voluntades, a través de financiamiento de proyectos y otorgamiento de prebendas que causaron división, conflictos y niveles de violencia jamás vistos en las pacíficas comunidades de Cabañas.
Así, en su “aclaración pública”, Pacific Rim más bien reconoce su responsabilidad en los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, atentados y amenazas que han puesto la mirada del mundo en El Salvador. La visita la organización Voces de la Frontera y publicaciones en prestigiosos medios extranjeros, como el periódico británico The Guardian, son las muestras más recientes de esto.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, quien se comprometió –durante el acto de inicio del año escolar en Sensuntepeque– a investigar tales crímenes, debe pedir la inclusión de la minera canadiense en la lista de sospechosos.
Por su parte, las autoridades fiscales y policiales tienen que abrir líneas de investigación que identifiquen a los autores intelectuales de los crímenes en Cabañas y, en esto, no pueden olvidar que todos los caminos de la violencia en Cabañas conducen hacia la minería de Pacific Rim y sus lacayos (diputados, alcaldes, etc.).
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La empresa, que dice basarse en la protección ambiental y en la solidaridad social, se presenta como víctima de “señalamientos irresponsables y sin fundamento” de grupos apoyados por “organizaciones radicales que tiene por objetivo obstaculizar el desarrollo en El Salvador”.
En su comunicado, la minera canadiense confirma su falta de argumentos y repite las mentiras que utilizó cuando intentó en vano engañar al país sobre los falsos beneficios de la extracción de metales preciosos. Por ejemplo, sostiene que el proyecto El Dorado es un modelo de minería “responsable”, y que aportaría “más del 28% de su producción como ingresos fiscales”.
¿Cree Pacific Rim que la población no supo del secado de afluentes en San Isidro, y que la ciudadanía ignora que la Ley de Minería obliga a las empresas extractivas a pagar sólo el 2% de sus ganancias en regalías?
En tal sentido, el pronunciamiento es irrelevante. Sin embargo, incluye un elemento digno de comentar: Pacific Rim se incrimina en los hechos delictivos que busca desmentir, cuando destaca que “ha fortalecido programas de salud, educación y medioambiente que realizan instituciones privadas, estatales, municipales y adescos, para sumar bienestar en las comunidades”.
¡Fiscalía, tome nota de lo anterior! Pacific Rim admite la acusación que le hace el país entero: haber implementado en Cabañas una estrategia de compra de voluntades, a través de financiamiento de proyectos y otorgamiento de prebendas que causaron división, conflictos y niveles de violencia jamás vistos en las pacíficas comunidades de Cabañas.
Así, en su “aclaración pública”, Pacific Rim más bien reconoce su responsabilidad en los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, atentados y amenazas que han puesto la mirada del mundo en El Salvador. La visita la organización Voces de la Frontera y publicaciones en prestigiosos medios extranjeros, como el periódico británico The Guardian, son las muestras más recientes de esto.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, quien se comprometió –durante el acto de inicio del año escolar en Sensuntepeque– a investigar tales crímenes, debe pedir la inclusión de la minera canadiense en la lista de sospechosos.
Por su parte, las autoridades fiscales y policiales tienen que abrir líneas de investigación que identifiquen a los autores intelectuales de los crímenes en Cabañas y, en esto, no pueden olvidar que todos los caminos de la violencia en Cabañas conducen hacia la minería de Pacific Rim y sus lacayos (diputados, alcaldes, etc.).
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 15 de febrero de 2010
Minería y CSJ*
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se apresta a resolver un recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). La demanda fue interpuesta por representantes de la Red Ciudadana frente al Comercio e Inversión Sinti Techan.
La CSJ considera válidos los argumentos de inconstitucionalidad contra los principios de “trato nacional” y de “expropiación indirecta”. El primero obliga al Estado a otorgar a las compañías estadounidenses los mismos beneficios que da a las empresas salvadoreñas, mientras el segundo define como expropiación indirecta cualquier acción u omisión gubernamental que perjudique las ganancias de los inversionistas.
La Corte también admite las objeciones al CAFTA-DR referidas a que atenta contra la integración centroamericana e interfiere en funciones de la Asamblea Legislativa, al permitir que el Ministerio de Economía suprima aranceles a las importaciones. Además, considera que la forma inconsulta y apresurada en que se aprobó contradice los preceptos de participación, transparencia y debido proceso.
Al tiempo que acepta la demanda contra el CAFTA-DR, la CSJ emite resoluciones que marcan un cambio significativo en su comportamiento de las últimas décadas, caracterizado por defender los intereses oligárquicos. Esto sucede a partir de la instalación de la nueva Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados probos y de notoria honorabilidad, como Florentín Meléndez y Sidney Blanco.
Entre estas resoluciones destacan la condena a un diario de derecha que estafó a una lectora, la anulación del decreto legislativo que libraba a transportistas de pagar multas por infracciones de tránsito y la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Con esto la Corte genera expectativas en los sectores democráticos del país que celebrarían la eventual declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR, no sólo por sus insalvables ilegalidades, sino porque también llamaría la atención sobre los tratados de libre comercio actualmente en proceso de negociación y que se basan en las mismas disposiciones generales del CAFTA-DR. Entre éstos, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y un discreto TLC con Canadá.
Pero el efecto coyuntural más relevante de la posible derogación del CAFTA-DR sería dejar sin mecanismo legal a Pacific Rim y Commerce Group para demandar al Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación minera. Estas empresas de Canadá y Estados Unidos –respectivamente– se amparan en los capítulos de Inversiones y de Solución de Contro-versias del CAFTA-DR para exigir una indemnización de 100 millones de dólares, cada una, por “expropia-ción indirecta”.
Así mismo, la deseada resolución de la CSJ cerraría puertas a futuras demandas de empresas transna-cionales que pretende seguir el ejemplo de Pacific Rim y Commerce Group. Por tanto, el país entero debe movilizarse y demandar la pronta declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La CSJ considera válidos los argumentos de inconstitucionalidad contra los principios de “trato nacional” y de “expropiación indirecta”. El primero obliga al Estado a otorgar a las compañías estadounidenses los mismos beneficios que da a las empresas salvadoreñas, mientras el segundo define como expropiación indirecta cualquier acción u omisión gubernamental que perjudique las ganancias de los inversionistas.
La Corte también admite las objeciones al CAFTA-DR referidas a que atenta contra la integración centroamericana e interfiere en funciones de la Asamblea Legislativa, al permitir que el Ministerio de Economía suprima aranceles a las importaciones. Además, considera que la forma inconsulta y apresurada en que se aprobó contradice los preceptos de participación, transparencia y debido proceso.
Al tiempo que acepta la demanda contra el CAFTA-DR, la CSJ emite resoluciones que marcan un cambio significativo en su comportamiento de las últimas décadas, caracterizado por defender los intereses oligárquicos. Esto sucede a partir de la instalación de la nueva Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados probos y de notoria honorabilidad, como Florentín Meléndez y Sidney Blanco.
Entre estas resoluciones destacan la condena a un diario de derecha que estafó a una lectora, la anulación del decreto legislativo que libraba a transportistas de pagar multas por infracciones de tránsito y la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Con esto la Corte genera expectativas en los sectores democráticos del país que celebrarían la eventual declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR, no sólo por sus insalvables ilegalidades, sino porque también llamaría la atención sobre los tratados de libre comercio actualmente en proceso de negociación y que se basan en las mismas disposiciones generales del CAFTA-DR. Entre éstos, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y un discreto TLC con Canadá.
Pero el efecto coyuntural más relevante de la posible derogación del CAFTA-DR sería dejar sin mecanismo legal a Pacific Rim y Commerce Group para demandar al Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación minera. Estas empresas de Canadá y Estados Unidos –respectivamente– se amparan en los capítulos de Inversiones y de Solución de Contro-versias del CAFTA-DR para exigir una indemnización de 100 millones de dólares, cada una, por “expropia-ción indirecta”.
Así mismo, la deseada resolución de la CSJ cerraría puertas a futuras demandas de empresas transna-cionales que pretende seguir el ejemplo de Pacific Rim y Commerce Group. Por tanto, el país entero debe movilizarse y demandar la pronta declaración de inconstitucionalidad del CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 2 de febrero de 2010
COMUNICADO DE PRENSA Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se presenta como querellante en Caso Marcelo Rivera
Ante la insuficiente investigación fiscal y policial de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se presenta como querellante del caso.
Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido el 18 de junio de 2009 y fue encontrado asesinado, con señales de torturas, en un área rural de Ilobasco, Cabañas, después de doce días de intensa búsqueda realizada por sus familiares, amigos y compañeros de lucha.
Al momento de su muerte, Gustavo Marcelo se desempeñaba como Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, representante legal de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y miembro de la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.
Su principal legado a Cabañas y a El Salvador fue su fructífero trabajo de información, concientización, organización y movilización comunitaria contra las actividades mineras. Además, su lucha por los derechos humanos y la democracia.
Hasta hoy, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil sostiene la hipótesis de que dichos crímenes fueron por “motivos personales” y cometidos por la delincuencia común, a pesar de que su desaparición forzada, torturas y asesinato fueron precedidos por una serie de amenazas, atentados y persecuciones debido a su oposición a los proyectos de la empresa minera Pacific Rim y a las malas prácticas del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Investigaciones independientes arrojan fuertes indicios de que los crímenes están relacionados con el activismo antiminero y la militancia política de Gustavo Marcelo. Sin embargo, la Fiscalía y Policía se niegan a abrir líneas de investigación que lleven a la identificación de los autores intelectuales, a pesar de la creciente presión nacional e internacional.
Esta negligencia fiscal y policial en la investigación obliga a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a presentarse como querellante en el caso, a través de sus abogados Lic. Luis Francisco López y Lic. Héctor García Berríos, quienes aportarán elementos que buscan evitar que los horrendos crímenes contra Gustavo Marcelo Rivera queden en la impunidad.
San Salvador, 2 de febrero de 2010.
Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido el 18 de junio de 2009 y fue encontrado asesinado, con señales de torturas, en un área rural de Ilobasco, Cabañas, después de doce días de intensa búsqueda realizada por sus familiares, amigos y compañeros de lucha.
Al momento de su muerte, Gustavo Marcelo se desempeñaba como Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, representante legal de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y miembro de la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.
Su principal legado a Cabañas y a El Salvador fue su fructífero trabajo de información, concientización, organización y movilización comunitaria contra las actividades mineras. Además, su lucha por los derechos humanos y la democracia.
Hasta hoy, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil sostiene la hipótesis de que dichos crímenes fueron por “motivos personales” y cometidos por la delincuencia común, a pesar de que su desaparición forzada, torturas y asesinato fueron precedidos por una serie de amenazas, atentados y persecuciones debido a su oposición a los proyectos de la empresa minera Pacific Rim y a las malas prácticas del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Investigaciones independientes arrojan fuertes indicios de que los crímenes están relacionados con el activismo antiminero y la militancia política de Gustavo Marcelo. Sin embargo, la Fiscalía y Policía se niegan a abrir líneas de investigación que lleven a la identificación de los autores intelectuales, a pesar de la creciente presión nacional e internacional.
Esta negligencia fiscal y policial en la investigación obliga a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a presentarse como querellante en el caso, a través de sus abogados Lic. Luis Francisco López y Lic. Héctor García Berríos, quienes aportarán elementos que buscan evitar que los horrendos crímenes contra Gustavo Marcelo Rivera queden en la impunidad.
San Salvador, 2 de febrero de 2010.
Acatar la petición*
Después de varios meses de silencio sobre la problemática minera, la Iglesia Católica vuelve a la carga. Esta vez, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al Presidente de la República, Mauricio Funes, interceder ante su homólogo guatemalteco, Álvaro Colom, para revertir un proyecto minero que dañaría a El Salvador.
Es la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala), a sólo 18 kilómetros de Metapán, Santa Ana. El proyecto es operado por la minera canadiense Goldcorp. Sus desechos llegarían al Río Lempa, debido a su conexión subterránea con el Lago de Güija que recibiría los residuos con cianuro, metales pesados y drenaje ácido a través de los ríos Ostúa y Angue.
La amenaza fue planteada –en octubre de 2008– por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, basada en denuncias de pobladores de la zona, estudios del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y notas periodísticas sobre la creación de un grupo de monitoreo del agua, con miembros del Ejecutivo salvadoreño, Alcaldía de Metapán y del Ministerio de Medioambiente de Guatemala.
El 1º de febrero recién pasado, el Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, en solidaridad con Monseñor José Luis Escobar Alas, planteó la misma petición al Presidente guatemalteco, Álvaro Colom, a quien pidió detener la referida mina, que está en proceso de construcción para extraer de oro y plata.
Los posibles estragos que la explotación minera de Guatemala causaría en nuestro país, confirman que no es suficiente prohibirla en El Salvador, sino que es necesario evitar que naciones vecinas realicen estos proyectos cerca de nuestras fronteras. Es decir, la cercanía territorial y la conectividad hídrica exigen abordar la minería de metales como un problema regional.
Este planteamiento lo hizo el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, en su “Resolución sobre los Impactos Ambientales y Socioculturales de la Actividad Minera en los Países de la Región”, aprobada el 30 de julio de 2009, en Panamá, por iniciativa del procurador salvadoreño, Óscar Luna.
Según dicha resolución, la minería está entre las actividades más contaminantes, es un riesgo para la salud y vulnera los derechos humanos. Y señala como casos impactantes los conflictos en San Marcos (Guatemala), contaminación del Río San Sebastián (El Salvador) y daños a la salud en Valle de Siria (Honduras), Bonanza (Nicaragua), San Carlos (Costa Rica) y Cerro Petaquilla (Panamá).
La administración Funes está enterada del problema, pues el Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, visitó el lugar –en el marco del Plan Trifinio– y escuchó la preocupación de las comunidades del norte santaneco, a quienes prometió discutirla con su homólogo Guatemalteco, Rafael Espada.
El Presidente Mauricio Funes debe atender con rapidez la solicitud del Arzobispo de San Salvador, antes de que sea tarde. Por su lado, la sociedad civil centroamericana debe presionar para que todos los gobiernos de la región prohíban la minería de metales en sus países.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Es la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala), a sólo 18 kilómetros de Metapán, Santa Ana. El proyecto es operado por la minera canadiense Goldcorp. Sus desechos llegarían al Río Lempa, debido a su conexión subterránea con el Lago de Güija que recibiría los residuos con cianuro, metales pesados y drenaje ácido a través de los ríos Ostúa y Angue.
La amenaza fue planteada –en octubre de 2008– por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, basada en denuncias de pobladores de la zona, estudios del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y notas periodísticas sobre la creación de un grupo de monitoreo del agua, con miembros del Ejecutivo salvadoreño, Alcaldía de Metapán y del Ministerio de Medioambiente de Guatemala.
El 1º de febrero recién pasado, el Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, en solidaridad con Monseñor José Luis Escobar Alas, planteó la misma petición al Presidente guatemalteco, Álvaro Colom, a quien pidió detener la referida mina, que está en proceso de construcción para extraer de oro y plata.
Los posibles estragos que la explotación minera de Guatemala causaría en nuestro país, confirman que no es suficiente prohibirla en El Salvador, sino que es necesario evitar que naciones vecinas realicen estos proyectos cerca de nuestras fronteras. Es decir, la cercanía territorial y la conectividad hídrica exigen abordar la minería de metales como un problema regional.
Este planteamiento lo hizo el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, en su “Resolución sobre los Impactos Ambientales y Socioculturales de la Actividad Minera en los Países de la Región”, aprobada el 30 de julio de 2009, en Panamá, por iniciativa del procurador salvadoreño, Óscar Luna.
Según dicha resolución, la minería está entre las actividades más contaminantes, es un riesgo para la salud y vulnera los derechos humanos. Y señala como casos impactantes los conflictos en San Marcos (Guatemala), contaminación del Río San Sebastián (El Salvador) y daños a la salud en Valle de Siria (Honduras), Bonanza (Nicaragua), San Carlos (Costa Rica) y Cerro Petaquilla (Panamá).
La administración Funes está enterada del problema, pues el Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, visitó el lugar –en el marco del Plan Trifinio– y escuchó la preocupación de las comunidades del norte santaneco, a quienes prometió discutirla con su homólogo Guatemalteco, Rafael Espada.
El Presidente Mauricio Funes debe atender con rapidez la solicitud del Arzobispo de San Salvador, antes de que sea tarde. Por su lado, la sociedad civil centroamericana debe presionar para que todos los gobiernos de la región prohíban la minería de metales en sus países.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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