El Dorado, ese legendario lugar rebosante de minas de oro codiciado por los conquistadores y que motivó numerosas expediciones en su búsqueda, parece encontrarse en El Salvador. Este país, se encuentra inmerso en una batalla legal por este mineral. La empresa canadiense Pacific Rim (ahora Oceana Gold, pues compró a ésta en 2013) demandó al Estado por $301 millones como indemnización por no autorizar la explotación de la mina El Dorado, una decisión apoyada por las organizaciones sociales que se han aglutinado desde el 2005 en torno a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. La resolución, que no será apelable, será dictaminada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal adscrito al Banco Mundial.
“Cualquier juicio extraterritorial que trate de violentar el derecho que tiene el pueblo salvadoreño a salvaguardar la salud de la población, la defensa de nuestros recursos naturales carece de legitimidad, vulnera nuestra Constitución, y es una especie de chantaje que Pacific Rim y Oceana Gold quieren hacerle a la población”, afirma contundente Ángel Ibarrra, viceministro de Medio Ambiente.
El codiciado oro de El Dorado
Pacific Rim comenzó en 2002 a realizar tareas de exploración en el municipio de Cabañas, en la zona norte del país, y en 2004 solicitó el permiso de explotación para extraer oro. “En aquel momento la empresa se amparó en el nuevo impulso que se dio en el país a las inversiones extranjeras. Precisamente, en el año 2001 se reformó la Ley de Minería para hacerla más atractiva a los ojos de los inversionistas”, explica Edgardo Mira, presidente del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio (CEICOM). Es en 2009 cuando se inicia el litigio entre la multinacional y el Estado tras negarle el gobierno la licencia de explotación.
“Pacific Rim presentó un Estudio de Impacto Ambiental bastante deficiente, que no reunía los requerimientos técnicos ni científicos que el Ministerio del Ambiente requiere”, informa el viceministro. Se ha contactado con la empresa Oceana Gold, sin embargo, no ha ofrecido declaraciones. Esta empresa alega que se vulneró la Ley de inversiones del propio país.
Además, este proyecto nunca fue consultado con la población. “En el Salvador no ha habido consultas adecuadas, cuando hay un proyecto se consulta a aquella gente que se le va a brindar trabajo por lo que va a aceptar, o no se informa”, explica Luis Alonso, coordinador de proyecto de la organización Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Desde 2008 existe un compromiso público desde el Gobierno de no autorizar la explotación de proyectos mineros, existen en la actualidad 25 permisos de exploración suspendidos. “El Ministerio del Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía, realizó una evaluación ambiental estratégica para la industria minera entre el 2010 y 2011, y se comprobó que proyectos como el que plantea la Pacific Rim son incompatibles con la salud de la población, la alta vulnerabilidad ambiental y social del país con la densidad poblacional, y la salvaguardia de la calidad de los acuíferos, particularmente, el río Lempa que es el río más importante del país”.
La ganancia total para la empresa minera sería de unos 9.300 millones de dólares. Mientras los beneficios totales por regalías pagadas por la empresa para los municipios y el Estado podría ser de unos 94 millones de dólares cada uno, según los cálculos que realizan desde UNES.
“El tipo de minería que se quiere desarrollar es por lixiviación. Este proceso destruiría la montaña y vegetación, sacando grandes cantidades de piedra, y se vertería grandes cantidades de agua con cianuro que es muy tóxico. En este proceso de extracción se contamina agua, suelo, biodiversidad y la salud de la población”, aclara Luis Alonso.
Este país sufre la particularidad de que el 88,7% de su territorio está en riesgo y el 95,4% de la población es vulnerable ante los desastres, según las Naciones Unidas. Además, presenta una peculiaridad geográfica, "El Salvador es muy pequeño, 21mil km2 para una población de casi 7 millones de habitantes, no tiene condiciones este país para que las comunidades se desplacen de un lado para otro", apunta Teófilo Córdova, integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
El CIADI tiene hasta seis meses para dictar su resolución. De ser favorable a la empresa, no existe un recurso de apelación. “El laudo es final. Sólo existe un recurso de anulación que se enfoca sobre el proceso, más que de la legalidad de la cuestión. De acuerdo al convenio del CIADI, el Estado se encuentra en la obligación de cumplir el laudo de buena fe”, apunta Marcos Orellana, director del Centro Internacional para el Derecho Medioambiental (CIEL, siglas en inglés).
Respecto del tribunal, Orellana afirma que en la actualidad “el arbitraje de inversiones, más allá de proteger una inversión, pasa a ser una herramienta de presión, una suerte de extorsión del inversor para reclamar contra el Estado cuando no está satisfecho con las decisiones que éste adopta en materias de interés público”.
El agua, un bien escaso
"Podemos vivir sin oro, pero no sin agua", es el lema de las organizaciones que defienden un Salvador libre de minería metálica. El volumen de agua que se necesita por onza de oro es del orden de 3.700 L/onza. Si se considera que solo en la veta La Minita del proyecto El Dorado se pretende extraer 490.758 onzas de oro, eso significa casi 1,8 mil millones de litros de agua. "El agua que se emplearía en la mina El Dorado representa el agua que podría suministrarse cada año a 1.320 familias de cuatro personas", concluye el informe "Riesgos y posibles impactos de la minería metálica en el Salvador".
Unos datos alarmantes si consideramos que el agua en el Salvador es un bien muy escaso, tiene una disponibilidad de 1.752 m3 per cápita anual, la menor de Centroamérica, como señala la CEPAL, y la acerca a una situación de “estrés hídrico” considerado menor de 1700 m3 per cápita anual. El 20% de los hogares más pobres de El Salvador gastan en promedio más del 10% de sus ingresos en agua, según el informe de este organismo.
El acceso al agua potable es limitado, en las zonas rurales en torno al 31%, en las urbanas aproximadamente del 93%; y en un porcentaje muy significativo, los sistemas de abastecimiento carecen de servicios de calidad, pues el agua está contaminada o el servicio es irregular e ineficiente, y se restringe a ciertas horas del día, como informa una Evaluación Ambiental Estratégica realizada para el Ministerio de Economía.
El Ministerio del Medio Ambiente, en un informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, documenta que el índice de calidad del agua en las evaluaciones hechas a 55 ríos del país, reveló que el 65% de los sitios analizados tiene una calidad “regular”, 33% de mala a pésima, sólo el 2% mostraron una calidad “buena”. “Nuestro país tienen condiciones críticas en materia de calidad de agua y la minera resultaría incompatible con la minería”, comenta el viceministro.
Territorio libre de minería
A pesar de su riqueza en minerales, el Salvador busca ser un país libre de minería metálica, como lo constata la posición del Ejecutivo manifestada a través del viceministro quien asegura que “no se va autorizar ningún permiso de exploración ni de explotación en minería”. Además de la consulta popular realizada en septiembre en el municipio de San José las Flores, donde el 99% de los habitantes expresaron un rotundo no este tipo de proyectos.
“El hecho de que municipios reflexionen y voten por proyectos que les incumben, tiene que ver con la esencia democrática de nuestro gobierno que está orientada a construir el ‘Buen Vivir’ “, sentencia Ibarra. “Los resultados que arrojaron la consulta demostraron que los proyectos metalúrgicos no son la alternativa en el Salvador”, comenta Teófilo Córdova.
