lunes, 4 de febrero de 2013

Conferencia de Prensa. 4 de febrero.





La minería de oro y plata en la fronteras de Guatemala y Honduras amenaza
seriamente  los medios de  vida de El Salvador

La minería metálica es la industria más agresiva contra el ambiente. En la región mesoamericana, en especial la que se realice en las fronteras con Guatemala y Honduras, constituye una de las principales amenazas contra nuestra supervivencia.

Ante el inicio y avance de la contaminación provocada por proyectos transfronterizos como el Cerro Blanco, ubicados en la frontera con Guatemala; ante la reciente e irresponsable aprobación de una Ley Minera en Honduras, la cual fue hecha a medida y deseo de las transnacionales mineras; los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica enfatizamos una vez más que la extracción de minerales metálicos del subsuelo guatemalteco y hondureño fronterizo con El Salvador, dentro de la Cuenca del Rio Lempa,  es incompatible con el mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños-as así como con el goce, defensa y promoción de los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, a la información, a la participación. 

Además, la actitud permisiva de los Estados centroamericanos respecto a la industria minera representa una contradicción con la obligación de estos  de proteger a la población y los territorios ante daños ambientales que podrían afectar la calidad de la vida y la dignidad humana. Nuestro llamado es a detener el avance de la minería metálica y a hacer prevalecer la unidad y solidaridad entre países, porque la integración es posible no solo en términos comerciales o migratorios, si no que debiera ser principalmente en términos de desarrollar mejores condiciones para la preservación de la biodiversidad y la vida de todas y todos.

Nos resulta alarmante que, tal como lo señalan informes regionales, el 14% del territorio centroamericano se encuentre concesionado a la las corporaciones mineras y que estos se encuentran ubicados sobre las principales fuentes hídricas del corredor mesoamericano.  En el caso salvadoreño, los 49 proyectos de minería metálica que se encuentran en las fronteras con los vecinos países de Guatemala (8) y Honduras (41) son una amenaza tan inminente como letal. Y por lo mismo, es imperativo que los gobiernos introduzcan el enfoque de cuencas hidrográficas en la gestión de los territorios. 

El gobierno salvadoreño, por su parte, debe asumir una actitud más agresiva frente a la irresponsabilidad de los gobiernos vecinos de permitir proyectos de minería metálica ubicados en las cuencas que compartimos con dichos países. Ante la crisis ambiental que tenemos, no pueden quedarse de brazos cruzados ante la oportunidad de sentar un precedente importante en la lucha por la sustentabilidad y en contra de la visión extractivista y depredadora que impulsan organismos multilaterales y corporaciones en nombre de una economía verde absurda e imposible.

Los integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos solidarizamos y acompañamos a las comunidades y organizaciones hermanas de Guatemala y Honduras en su lucha por la vida y defensa de sus bienes naturales, en especial sus territorios y sus ecosistemas acuáticos. Denunciamos el entreguismo del gobierno guatemalteco y la genuflexión del congreso y gobierno hondureño

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica hacemos un enérgico llamado de atención a las autoridades salvadoreñas para que cumplan con su obligación de salvaguardar la vida y la dignidad de las y los salvadoreños.

Coincidimos plenamente con los informes y llamamientos  oportunos que instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han hecho frente a instancias nacionales e internacionales sobre la ambigüedad con que el Estado aborda el tema minero. Acompañamos decididamente el esfuerzo que ha hecho posible presentar un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la mina Cerro Blanco. El gobierno debe tomar acciones en el asunto y acatar las recomendaciones establecidas en el documento.  

Para enfrentar esta amenaza, exigimos al gobierno salvadoreño que, a partir de los principios del Derecho Ambiental de precaución y prevención, asuma  una posición transparente, firme y preventiva para anticipar los problemas que podrían suscitarse a partir de la activación minera y de proyectos como el de Cerro Blanco. Rechazamos la actitud negligente, dilatoria y poco afanada con que algunos despachos ministeriales o de algunas autónomas  han querido enfrentar el problema, queriendo tapar el sol con un dedo y, en el peor de los casos, por pura ignorancia de la crisis que vivimos.

El impacto negativo de la industria minera a gran escala no es solo un problema regional, sino también un problema global, a gran escala. Es por ello, que la Mesa también forma parte de esfuerzos organizados a nivel internacional.  En ese espíritu,  ochenta organizaciones de la sociedad civil provenientes de 14 países han firmado una carta, anexa, en apoyo a nuestra demanda ante el gobierno de introducir una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el Salvador.   

En este contexto, insistimos en que la prohibición minera se sustenta por lo menos en tres razones. Primero, para garantizar la protección de la población salvadoreña y para contribuir a la creación de condiciones que posibilitan el desarrollo pleno, justo y equitativo de la población. Segundo, para cumplir con la voluntad de la amplia mayoría del pueblo salvadoreño que ya demostró estar contra la minería. Y tercero, para gozar de mayor legitimidad al momento de exigir a otros países el alto a proyectos mineros que podrían afectarnos.

No a la minería metálica en El Salvador. No a la minería metálica en Centroamérica. ¡Sí a la vida!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
4 de febrero de 2013