La transnacional minera de
origen canadiense Pacific Rim recientemente circuló en algunos medios de
comunicación estadounidenses un comunicado, que también fue recogido como
noticia en algunos medios de El Salvador, donde se aseguró que el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
resolverá el próximo 31 de mayo sobre si este tribunal tiene jurisdicción en el
arbitraje interpuesto por la empresa canadiense contra el Estado salvadoreño.
Pacific Rim hizo algunas
alusiones a comunidades y organizaciones sociales que enarbolan la oposición
ciudadana a los proyectos de minería metálica en El Salvador. Al respecto, la
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, ante la opinión pública nacional e
internacional, expresa que:
Las valoraciones publicadas
por la empresa Pacific Rim son tendenciosas y constituyen una maniobra
mediática que busca algún tipo de injerencia a su beneficio tanto en la
resolución del tribunal del CIADI como en la opinión pública nacional e
internacional. Desde nuestra perspectiva, estas declaraciones buscan confundir
a la población mediante la creación de falsas expectativas y así, una vez más
intentar provocar la desunión social y
deslegitimar el libre derecho de las comunidades afectadas por los
procesos de exploración minera de negarse a aceptar en sus localidades una
industria tan destructiva y contaminante como es la explotación de minas de oro
y plata.
Las organizaciones sociales
y comunidades que nos oponemos a los proyectos de explotación minero-metálica
en El Salvador hemos sustentado nuestros argumentos en verdades científicas.
Hemos demostrado que desde los enfoques sociales, económicos, pero
principalmente ambientales, la minería metálica es inviable por ser una industria que utiliza y contamina
irracionalmente el agua, en un país territorialmente estrecho, con alta
densidad poblacional y con un estrés hídrico severo. Los impactos negativos en la salud, en el
ambiente y, en general, en la calidad de vida, constituyen nuestras principales
razones para rechazar la minería metálica.
Por lo anterior, si hasta el
momento el Estado salvadoreño ha limitado permisos de exploración y explotación
de minas, no se trata, en ningún sentido, a consecuencia del bloqueo impulsado
por organizaciones “forajidas” o “anti-desarrollo” como la empresa suele
referirse a las mismas. Tales calificativos son expresión del real desprecio
con que, quienes emiten esos comentarios, ven a las comunidades; negando en
absoluto la búsqueda que como organizaciones y comunidades estamos promoviendo
por un modelo de sustentabilidad y equilibrio con la naturaleza y la vida en
todas sus formas.
Nuestras decisiones se basan en la claridad política y
soberana de que el pueblo salvadoreño es libre de decidir sobre el tipo de
desarrollo que quiere impulsar. En 2008, una encuesta del Instituto de Opinión
Pública de la Universidad Centroamericana UCA, señaló que más del 62% de la
población en territorio con potencial minero, estaba en contra de estos
proyectos por considerarlos una actividad económica poco significativa que,
además, amenaza la salud y el ambiente. El Gobierno salvadoreño, al no permitir
ningún proyecto de minería metálica, está haciendo uso de su legítimo derecho
de decidir sobre asuntos políticos internos que deben, a través de un ejercicio
democrático responsable, atender a los intereses y a las necesidades de la
mayoría de la población.
Hay que agregar que el hecho
de llamar organizaciones “anti-desarrollo” a aquellas que pertenecemos al
movimiento que ha contribuido a impedir la minería metálica en El Salvador,
merece por parte de Pacific Rim una explicación y disculpas públicas a 256organizaciones de todo el mundo que, en representación de millones de personas,
se han sumado para exigir que el CIADI resuelva a favor de El Salvador la
demanda que la empresa ha interpuesto en su contra.
Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica
San Salvador, 3 de
mayo de 2012.
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