A dos años del
asesinato de los compañeros y compañeras ambientalistas Dora Sorto y Ramiro Rivera,
y en el marco de la anunciada fase final de las peligrosas negociaciones de un
tratado de libre comercio que sostienen funcionarios salvadoreños con el
Gobierno de Canadá, venimos hoy a honrar la lucha que impulsaron en vida
nuestros compañeros en contra de proyectos de explotación minera.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa hoy su más
enérgico rechazo a cualquier inversión en proyectos de minería metálica que
quiera impulsarse en El Salvador. El combo
del Presidente Mauricio Funes de el TLC con Canadá, la propuesta de Ley de Asocio
Público-Privado y el Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos son la continuación de políticas neoliberales
de privatización de servicios y bienes públicos
que afectarán más los precarios derechos económicos, laborales, sociales
y culturales de la población salvadoreña. Al igual que la privatización de
servicios durante los años noventa con Cristiani y Calderón Sol, la Dolarización en el 2001 con Francisco
Flores, y el Tratado de Libre Comercio con USA en 2004 con Antonio Saca; y tantas otras medidas
similares, el Gobierno de Funes busca garantizar la inversión extranjera a toda
costa y a cualquier precio.
Como si nadie hubiera aprendido la dura lección de privilegiar
indiscriminadamente el libre mercado, los Gobiernos de El Salvador y Canadá han
estado evaluando nuevas formas de inversión y negociando a espaldas de la gente
un tratado de libre comercio entre ambos países. Estamos seguros que si estas
medidas neoliberales hubiesen tenido algo de éxito, El Salvador y Centroamérica
no estarían hoy sumidas en una crisis de vulnerabilidad y pobreza, o en una crisis humanitaria que
cruelmente expulsa de sus países a miles y miles de migrantes cada día. No es posible combatir una enfermedad o un
padecimiento si no se cambian o abandonan las condiciones que la provocaron.
A la administración de Funes
parece no significarle nada que 85 de cada 100 salvadoreños/as vivan en una
zona propensa a desastres; que 500 salvadoreños/as tengan que emigrar
diariamente hacia el exterior, en búsqueda de condiciones que no ven posibles
en el país. ¿Cuál ha sido entonces el éxito de estos acuerdos comerciales? El
Salvador, hoy, es una nación más pobre, más vulnerable y mucho menos soberana
porque dependemos de mercados externos y porque no somos capaces de producir
nuestro propio alimento.
Ya en 2008, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” señaló que el 62.5% de la
población encuestada en territorios con potencial minero se oponían a dicha
industria por no considerarla viable ni económicamente rentable. Basados en la
experiencia de lo que ha significado el CAFTA o el TLC con Estados Unidos,
podemos decir que este nuevo tratado comercial con Canadá solo profundizaría en
nuestra tierra la injusticia, la desigualdad y la dependencia económica,
política y social a la que los países periféricos han estado sometidos
intencionadamente. Esa es la naturaleza imperialista de los tratados
comerciales: buscan legalizar los privilegios de las grandes transnacionales.
Así lo demuestran las dos demandas millonarias que empresas
estadounidenses y canadienses han entablado contra el Estado salvadoreño ante
un tribunal de arreglo de inversiones del Banco Mundial. En total, ambas
demandas exigen cerca de 200 millones de dólares y alegan que el Tratado de
Libre Comercio les permite está por encima del derecho soberano del pueblo
salvadoreño de decir NO a un tipo de inversión que amenace su vida y la de las
generaciones futuras.
Junto con las comunidades organizadas en los departamentos de
Chalatenango, Cabañas y La Unión, donde la población ha dicho que no está dispuesta a ceder ni un
centímetro de tierra a las empresas mineras; venimos a decir NO al
TLC con Canadá, porque sabemos que la minería es una de sus principales
industrias y la medula de ese tratado: de ella depende el 3.7% de su Producto
Interno Bruto y representa el 30% del mercado mundial de minería. Para este
año, 43 de las 137 –es decir más del 30% del total- de demandas en tribunales
del Banco Mundial eran concernientes a asuntos de minería, petróleo o gas.
Ante ese modelo de desarrollo y los acuerdos comerciales que convierte a
los países en mercados y mercancías sin
respetar los derechos sus poblaciones,
las organizaciones sociales, comunitarias y religiosas que trabajamos
por la sustentabilidad ambiental y por la defensa de los Derechos Humanos,
expresamos hoy que:
Aunque a los políticos sean fáciles de comprar y corromper con el
dinero, el pueblo salvadoreño y los ideales de democracia, sustentabilidad y
justicia que soñamos no están en venta.
Los compañeros Ramiro y Dora viven en nuestras luchas.
¡No a la minería metálica! ¡No al TLC con Canadá!
San
Salvador, 20 de diciembre de 2011
