Once ex funcionarios del gobierno anterior fueron sancionados por destruir la Finca El Espino durante la fallida construcción del Boulevard “Diego de Holguín”. La lista de condenados la encabezan Hugo Barrera y Carlos Guerrero, ex titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN).
Estos ex funcionarios permitieron que una empresa constructora talara sin autorización 38 mil 958 árboles y cafetos en un área natural protegida del último pulmón de San Salvador, crimen por el que una cámara de la Corte de Cuentas de la República les impuso varias multas que juntas suman 9 mil 518 dólares.
La sanción es insuficiente por, al menos, dos razones. La primera es que el monto de la multa es risible, pues si dividimos los 9 mil 518 dólares entre los 38 mil 958 árboles derribados tenemos que Barrera, Guerrero y compañía pagarán 24 centavos de dólar por cada árbol cortado; y la segunda es que estos criminales ambientales no sólo deben ser multados, sino también procesados penalmente.
Sobre la primera razón, es bueno comentar la reciente sentencia de un juzgado ecuatoriano que condenó a la transnacional Texaco-Chevron a pagar 8 mil 200 millones de dólares (6 mil 100 millones de euros) por daños irreparables en la Amazonía.
A pesar de los poderosos lobbies de la petrolera estadounidense, que intentaron deslegitimar al Estado ecuatoriano ante el Congreso y Senado estadounidense, el valiente juez Nicolás Zambrano resolvió en favor de las comunidades amazónicas afectadas, cuya demanda había sido rechazada por tribunales de Texas y Nueva York.
La histórica resolución de la Corte Provincial de Sucumbíos (en el nororiente ecuatoriano), que no tiene precedentes en América Latina, debería inspirar juicios contra petroleras, mineras, gaseras de demás transnacionales extractivas que deterioran el ambiente en todas partes del planeta.
Y sobre la segunda razón vale recordar que contaminar el medioambiente es un ilícito perseguible penalmente, susceptible de investigación fiscal y enjuiciamiento en los tribunales de justicia. Es decir, los depredadores del ecosistema son tan criminales como los asesinos, narcotraficantes y extorsionistas.
Los mayores de estos delincuentes ambientales están en las altas esferas empresariales y estatales: constructores que destruyen bosques, industriales que tiran sus desechos a los ríos y funcionarios (ministros, diputados, jueces y alcaldes) que permiten por acción u omisión el deterioro ecológico.
Esto es importante recalcarlo porque desde los sectores dominantes se plantea que quienes atentan contra la sostenibilidad ambiental son las familias pobres que talan árboles para leña o madera, lavan en los ríos o quebradas y cazan las escasas especies animales para alimentar a sus hijos.
Ojalá que, como en Ecuador, en El Salvador pronto se procese a los criminales ambientales responsables de que el 90% de los afluentes del país estén contaminados, que sólo tengamos el 2% del bosque original y de las condiciones que nos catapultaron como el país más vulnerable del mundo, con el 87.5% del territorio nacional como zona riesgo y el 95% de la población en peligro de sufrir desastres.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 22 de febrero de 2011
martes, 8 de febrero de 2011
Wikileaks y la minería*
Las empresas mineras se coordinan con los embajadores de sus países de origen para comprar a funcionarios y arremeter contra las organizaciones que rechazan sus proyectos, según información de Wikileaks publicada en el periódico británico The Guardian y reproducida por los diarios peruanos.
El cable 38881 del sitio web del célebre periodista Julian Assange revela que el 11 de agosto de 2005 los embajadores de Estados Unidos y Canadá en Perú, junto al cónsul australiano y el oficial de inversiones y comercio de la embajada británica, se reunieron con representantes de las transnacionales Newmont, BHP Billiton, Barrick Gold y otras mineras estadounidenses, canadiense, australianas e inglesas.
El propósito de la cita fue acordar medidas contra las ONGs y comunidades opositoras a las actividades mineras, según un reporte del entonces embajador estadounidense en Lima, James Curtis Struble, fechado 19 de agosto de 2005. Dicho informe revela que organizaciones como Oxfam América y Amigos de la Tierra destacan como objetivos de la embestida de las compañías extractivas.
Uno de los acuerdos del encuentro de representantes mineros y diplomáticos fue reunirse con el gobierno y la jerarquía católica para pedirles, entre otras cosas, retirar de los territorios mineros a los maestros y sacerdotes que promueven la resistencia comunitaria contra la explotación minera.
En Perú, la noticia causa revuelo porque el reporte presenta al entonces jefe de gabinete del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, como hombre de confianza de las compañías extractivas. Este político, de descendencia alemana y también nacionalizado estadounidense, es candidato fuerte en las elecciones presidenciales de Perú, a realizarse el 10 de abril de este año.
Como resultado de las gestiones acordadas en la reunión de mineros y embajadores, hubo ataques contra sacerdotes, persecución judicial a líderes comunitarios, hostigamientos a miembros de organizaciones ambientalistas, promoción de la minería en los medios y actitud pro minera de Kuczynski y demás funcionarios del ex presidente Toledo.
Sobre la relación de Pacific Rim y Commerce Group con diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, Wikileaks aún no ha filtrado cables. Pero hay, al menos, dos evidencias al respecto.
Una es la declaración de la propia embajadora de Canadá, Claire A. Paulin, donde admite su apoyo a las tenebrosas empresas mineras. “El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, dice en una carta enviada a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La misiva de Paulin, fechada 29 de julio de 2010, responde a una nota que representantes de la Mesa le entregaron el 22 de junio del mismo año, en la que le solicitan abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense en el país y suspender las negociaciones del tratado de libre comercio de los países del CA4 con Canadá que favorecería a las inversiones mineras.
Y la segunda es el apoyo de Estados Unidos a Pacific Rim, permitiéndole establecerse en el estado de Nevada para activar mecanismos del CAFTA-DR en su demanda contra el gobierno salvadoreño.
En el artículo “Complicidad estadounidense” (Diario Co Latino 8/09/10), la Mesa denunció el respaldo de Washington a Pacific Rim y Commerce Group. Pero hasta hoy, la embajada de la Casa Blanca en el país guarda silencio.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El cable 38881 del sitio web del célebre periodista Julian Assange revela que el 11 de agosto de 2005 los embajadores de Estados Unidos y Canadá en Perú, junto al cónsul australiano y el oficial de inversiones y comercio de la embajada británica, se reunieron con representantes de las transnacionales Newmont, BHP Billiton, Barrick Gold y otras mineras estadounidenses, canadiense, australianas e inglesas.
El propósito de la cita fue acordar medidas contra las ONGs y comunidades opositoras a las actividades mineras, según un reporte del entonces embajador estadounidense en Lima, James Curtis Struble, fechado 19 de agosto de 2005. Dicho informe revela que organizaciones como Oxfam América y Amigos de la Tierra destacan como objetivos de la embestida de las compañías extractivas.
Uno de los acuerdos del encuentro de representantes mineros y diplomáticos fue reunirse con el gobierno y la jerarquía católica para pedirles, entre otras cosas, retirar de los territorios mineros a los maestros y sacerdotes que promueven la resistencia comunitaria contra la explotación minera.
En Perú, la noticia causa revuelo porque el reporte presenta al entonces jefe de gabinete del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, como hombre de confianza de las compañías extractivas. Este político, de descendencia alemana y también nacionalizado estadounidense, es candidato fuerte en las elecciones presidenciales de Perú, a realizarse el 10 de abril de este año.
Como resultado de las gestiones acordadas en la reunión de mineros y embajadores, hubo ataques contra sacerdotes, persecución judicial a líderes comunitarios, hostigamientos a miembros de organizaciones ambientalistas, promoción de la minería en los medios y actitud pro minera de Kuczynski y demás funcionarios del ex presidente Toledo.
Sobre la relación de Pacific Rim y Commerce Group con diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, Wikileaks aún no ha filtrado cables. Pero hay, al menos, dos evidencias al respecto.
Una es la declaración de la propia embajadora de Canadá, Claire A. Paulin, donde admite su apoyo a las tenebrosas empresas mineras. “El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, dice en una carta enviada a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La misiva de Paulin, fechada 29 de julio de 2010, responde a una nota que representantes de la Mesa le entregaron el 22 de junio del mismo año, en la que le solicitan abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense en el país y suspender las negociaciones del tratado de libre comercio de los países del CA4 con Canadá que favorecería a las inversiones mineras.
Y la segunda es el apoyo de Estados Unidos a Pacific Rim, permitiéndole establecerse en el estado de Nevada para activar mecanismos del CAFTA-DR en su demanda contra el gobierno salvadoreño.
En el artículo “Complicidad estadounidense” (Diario Co Latino 8/09/10), la Mesa denunció el respaldo de Washington a Pacific Rim y Commerce Group. Pero hasta hoy, la embajada de la Casa Blanca en el país guarda silencio.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 1 de febrero de 2011
Una mala y una buena *
Dos noticias, una mala y una buena. La mala es que nuevamente han sido amenazados a muerte miembros de Radio Victoria y el ambientalista Héctor Berríos, y la buena es que el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa empujará la aprobación de una normativa que prohíba en forma definitiva la minería de metales en el país.
Las amenazas a Radio Victoria son un atentado contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, tal como señalaron a inicio de semana la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS.
Ambos derechos, el de expresarse libremente y el de recibir información, están consignados en la Constitución de la República y en varios tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño. Por tanto, las autoridades fiscales y policiales tienen la obligación de perseguir cualquier acción que impida o violente su cumplimiento.
Las amenazas a Radio Victoria también son resultado de la impunidad de anteriores vejámenes contra su personal; por lo cual sólo una investigación efectiva y la justa condena de los autores intelectuales y materiales de las actuales amenazas pueden evitar que éstas se repitan nuevamente, porque la impunidad es un aliciente para los delincuentes y motivo de nuevos delitos.
Pero esclarecer las amenazas contra Radio Victoria no sería suficiente; es necesario también hacer justicia en todos los crímenes contra ambientalistas y prohibir en forma definitiva la minería de metales, para que Pacific Rim salga de Cabañas. Sólo así se acabará la conflictividad minera, que es la raíz del problema.
Y aquí viene la buena noticia, porque el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, promete empujar la aprobación de normativas que el país necesita con urgencia, entre éstas una ley prohibitiva de la minería. Esto no quiso hacerlo su antecesor Ciro Zepeda, cuyo partido más bien apoyó a Pacific Rim.
Reyes se comprometió, en su discurso de toma de posesión y en declaraciones a varios medios de comunicación, a transparentar el ejercicio y la función legislativa permitiendo el acceso a la información, rindiendo cuentas de la ejecución presupuestaria y aprobando leyes que beneficien a la población.
Consecuente con las inéditas expectativas ciudadanas generadas por la asunción del nuevo presidente legislativo, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica espera que el diputado Reyes acelere la discusión del proyecto de ley prohibitiva de la minería en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático para agendar pronto su aprobación en el pleno.
Y sobre la investigación de las amenazas contra Radio Victoria y el activista anti minero Héctor Berríos, y demás crímenes contra ambientalistas de Cabañas, la Mesa espera que esta vez la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil sí acaten la exhortación de la PDDH referida a una investigación integral, exhaustiva y profunda.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Las amenazas a Radio Victoria son un atentado contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, tal como señalaron a inicio de semana la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS.
Ambos derechos, el de expresarse libremente y el de recibir información, están consignados en la Constitución de la República y en varios tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño. Por tanto, las autoridades fiscales y policiales tienen la obligación de perseguir cualquier acción que impida o violente su cumplimiento.
Las amenazas a Radio Victoria también son resultado de la impunidad de anteriores vejámenes contra su personal; por lo cual sólo una investigación efectiva y la justa condena de los autores intelectuales y materiales de las actuales amenazas pueden evitar que éstas se repitan nuevamente, porque la impunidad es un aliciente para los delincuentes y motivo de nuevos delitos.
Pero esclarecer las amenazas contra Radio Victoria no sería suficiente; es necesario también hacer justicia en todos los crímenes contra ambientalistas y prohibir en forma definitiva la minería de metales, para que Pacific Rim salga de Cabañas. Sólo así se acabará la conflictividad minera, que es la raíz del problema.
Y aquí viene la buena noticia, porque el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, promete empujar la aprobación de normativas que el país necesita con urgencia, entre éstas una ley prohibitiva de la minería. Esto no quiso hacerlo su antecesor Ciro Zepeda, cuyo partido más bien apoyó a Pacific Rim.
Reyes se comprometió, en su discurso de toma de posesión y en declaraciones a varios medios de comunicación, a transparentar el ejercicio y la función legislativa permitiendo el acceso a la información, rindiendo cuentas de la ejecución presupuestaria y aprobando leyes que beneficien a la población.
Consecuente con las inéditas expectativas ciudadanas generadas por la asunción del nuevo presidente legislativo, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica espera que el diputado Reyes acelere la discusión del proyecto de ley prohibitiva de la minería en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático para agendar pronto su aprobación en el pleno.
Y sobre la investigación de las amenazas contra Radio Victoria y el activista anti minero Héctor Berríos, y demás crímenes contra ambientalistas de Cabañas, la Mesa espera que esta vez la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil sí acaten la exhortación de la PDDH referida a una investigación integral, exhaustiva y profunda.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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