El Estado salvadoreño estará de nuevo en el banquillo de los acusados por defender el medioambiente y proteger la salud de la población, pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) estableció a inicios de esta semana el 15 de noviembre como fecha para la audiencia inicial, por la demanda de Commerce Group.
Esta minera estadounidense exige al gobierno un pago de 100 millones de dólares por suspenderle una licencia de explotación en Santa Rosa de Lima, La Unión. Dicho permiso le fue revertido por contaminar el Río San Sebastián y causar otros daños irreversibles al ecosistema.
Tales perjuicios fueron revelados en estudios realizados por vulcanólogos de la Universidad de El Salvador (UES) y miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
También fueron constatados por destacados científicos, entre ellos el químico italiano Flaviano Bianchini y Dina Larios, geóloga de la Ohio University; y por indagaciones de campo efectuadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Por esto el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca, le anuló la licencia de extracción de oro y plata.
Commerce Group, entonces, decidió seguir el ejemplo de Pacific Rim y demandó al Estado en el CIADI, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
EL 15 de noviembre los “jueces” Albert Jan van den Berg (Holanda), Horacio Grigera (Argentina) y J. Christopher Thomas (Canadá) decidirán si el país es enjuiciado por “violentar los derechos” de Commerce Group que contaminó agua, aire y suelo en el norte unionense.
Si estos árbitros consideran válida la demanda de Commerce Group, El Salvador enfrentará dos juicios en el CIADI que en agosto de este año admitió la querella de Pacific Rim, causante de conflictos sociales, daños ambientales y contaminación institucional en su intento de explotar la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Que las empresas mineras exijan millonarias indemnizaciones a un país que hasta los salarios de los empleados públicos financia con préstamos, es un acto de extorsión que el pueblo entero debe rechazar.
Y a estas dos extorsiones pueden sumarse otras, si la Asamblea Legislativa no aprueba una Ley que prohíba en forma definitiva la minería. La semana pasada, desde este espacio de opinión en Co Latino, se alertó sobre la posibilidad de que 83 solicitudes de permisos de exploración y de explotación se conviertan en demandas contra El Salvador en el CIADI.
El combate a las extorsiones de las compañías extractivas también incluye revertir el CAFTA-DR, revisar los acuerdos bilaterales de inversión, la Ley de Inversiones y otras normativas que otorgan derechos a las transnacionales en detrimento la soberanía nacional y los derechos humanos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 26 de octubre de 2010
martes, 19 de octubre de 2010
El negocio de demandar al Estado*
El pasado martes 12 de octubre, el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, reveló una preocupante información que debería alertar al país entero: la existencia de 73 solicitudes de licencias de exploración minera.
Dicho funcionario también declaró que existen diez solicitudes de permisos ambientales para extraer oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
Estas afirmaciones del titular del MARN fueron expresadas, el pasado martes 12 de octubre, en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que estudia la propuesta de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva las actividades mineras.
La información externada por el ministro Rosa Chávez desnuda una estrategia perversa de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración y de explotación para, después, demandar al Estado por negar dichos permisos.
Es decir: conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Esto hacen Pacific Rim y Commerce Group, que piden 100 millones de dólares cada una en sus demandas procesadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), basadas en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En tal sentido, El Salvador podría enfrentar próximamente 83 nuevas demandas en el CIADI o en cualquier otro tribunal corporativo, y pagar varios miles de millones de dólares, en caso de perder los respectivos arbitrajes.
Así, el interés real de las compañías mineras –que suscriben las 83 solicitudes de exploración y de explotación– no es extraer los minerales, sino conseguir dinero fácil demandando al Estado por negar los permisos. El negocio es demandar al país, para lograr millonarias indemnizaciones.
Frente a tan descarada estrategia, la solución es clara: prohibir en forma definitiva la minería metálica a través de una Ley, para evitar más solicitudes de exploración y de explotación presentadas por las tenebrosas empresas extractivas.
Dicha Ley también evitaría nuevas demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Ante esto, es oportuno reiterar el llamado a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento para que dictamen ya a favor de la propuesta de ley prohibitiva de la minería y, al pleno legislativo, a que la aprueben con extrema prioridad.
Los datos revelados por el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, debería ser el detonante de una fuerte movilización y presión ciudadana a favor de la aprobación de la referida Ley, para acabar con esta estrategia de extorsión de las empresas mineras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Dicho funcionario también declaró que existen diez solicitudes de permisos ambientales para extraer oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
Estas afirmaciones del titular del MARN fueron expresadas, el pasado martes 12 de octubre, en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que estudia la propuesta de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva las actividades mineras.
La información externada por el ministro Rosa Chávez desnuda una estrategia perversa de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración y de explotación para, después, demandar al Estado por negar dichos permisos.
Es decir: conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Esto hacen Pacific Rim y Commerce Group, que piden 100 millones de dólares cada una en sus demandas procesadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), basadas en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En tal sentido, El Salvador podría enfrentar próximamente 83 nuevas demandas en el CIADI o en cualquier otro tribunal corporativo, y pagar varios miles de millones de dólares, en caso de perder los respectivos arbitrajes.
Así, el interés real de las compañías mineras –que suscriben las 83 solicitudes de exploración y de explotación– no es extraer los minerales, sino conseguir dinero fácil demandando al Estado por negar los permisos. El negocio es demandar al país, para lograr millonarias indemnizaciones.
Frente a tan descarada estrategia, la solución es clara: prohibir en forma definitiva la minería metálica a través de una Ley, para evitar más solicitudes de exploración y de explotación presentadas por las tenebrosas empresas extractivas.
Dicha Ley también evitaría nuevas demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Ante esto, es oportuno reiterar el llamado a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento para que dictamen ya a favor de la propuesta de ley prohibitiva de la minería y, al pleno legislativo, a que la aprueben con extrema prioridad.
Los datos revelados por el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, debería ser el detonante de una fuerte movilización y presión ciudadana a favor de la aprobación de la referida Ley, para acabar con esta estrategia de extorsión de las empresas mineras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 18 de octubre de 2010
NOTA DE PRENSA
Acontecimientos recientes confirman claramente la necesidad de prohibir en forma definitiva la minería de metales en nuestro país.
El primero es la preocupante declaración del ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, el pasado martes 12 del presente mes en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, referida a la existencia de 73 nuevas solicitudes de licencias de exploración minera y 10 solicitudes de permisos ambientales para explotar minerales. Por esta razón, el ministro expresó la intención gubernamental de establecer una moratoria, que cerraría las puertas a más solicitudes de empresas extractivas.
Y el segundo es el accidente que soterró a los 33 mineros en Chile, que fueron rescatados la semana pasada tras permanecer más de dos meses a 700 metros bajo tierra. El hecho, que algunos medios de comunicación convirtieron en “reality show”, demuestra los peligros de la extracción de metales del subsuelo. Diariamente suceden en diversos países del mundo derrumbes y explosiones en minas subterráneas en las que mueren decenas, cientos y hasta miles de mineros. Como casos emblemáticos pueden mencionarse la muerte de 65 mineros en México (febrero de 2008), 69 mineros fallecidos en Ucrania (noviembre de 2007) y 73 mineros muertos en China (febrero de 2009). En este país asiático, donde suceden accidentes mineros casi a diario, se registra la peor tragedia minera: la muerte de 1,572 mineros, debido a la explosión en una mina de carbón en 1942.
Ambos hechos demuestran cuán necesario es prohibir la minería metálica en forma definitiva, a través de una Ley.
El primer hecho devela la estrategia de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración para, después, demandar al Estado por negárselas, tal como hicieron Pacific Rim y Commerce Group; por lo que la aprobación de una Ley contra la minería es impostergable. Y el segundo expone algunos de los peligros que enfrenta el país, en caso de no prohibir la minería metálica, peligros que podemos evitar avalando una Ley prohibitiva de la minería de metales.
En tal sentido, es aplaudible que Monseñor José Luis Escobar haya pedido, en conferencia de prensa el pasado domingo 10 de octubre, la aprobación de una Ley contra la minería. Al llamado, planteado por el Arzobispo de San Salvador a la Asamblea Legislativa, debemos sumarnos todos los salvadoreños y salvadoreñas.
San Salvador, 19 de octubre de 2010.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El primero es la preocupante declaración del ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, el pasado martes 12 del presente mes en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, referida a la existencia de 73 nuevas solicitudes de licencias de exploración minera y 10 solicitudes de permisos ambientales para explotar minerales. Por esta razón, el ministro expresó la intención gubernamental de establecer una moratoria, que cerraría las puertas a más solicitudes de empresas extractivas.
Y el segundo es el accidente que soterró a los 33 mineros en Chile, que fueron rescatados la semana pasada tras permanecer más de dos meses a 700 metros bajo tierra. El hecho, que algunos medios de comunicación convirtieron en “reality show”, demuestra los peligros de la extracción de metales del subsuelo. Diariamente suceden en diversos países del mundo derrumbes y explosiones en minas subterráneas en las que mueren decenas, cientos y hasta miles de mineros. Como casos emblemáticos pueden mencionarse la muerte de 65 mineros en México (febrero de 2008), 69 mineros fallecidos en Ucrania (noviembre de 2007) y 73 mineros muertos en China (febrero de 2009). En este país asiático, donde suceden accidentes mineros casi a diario, se registra la peor tragedia minera: la muerte de 1,572 mineros, debido a la explosión en una mina de carbón en 1942.
Ambos hechos demuestran cuán necesario es prohibir la minería metálica en forma definitiva, a través de una Ley.
El primer hecho devela la estrategia de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración para, después, demandar al Estado por negárselas, tal como hicieron Pacific Rim y Commerce Group; por lo que la aprobación de una Ley contra la minería es impostergable. Y el segundo expone algunos de los peligros que enfrenta el país, en caso de no prohibir la minería metálica, peligros que podemos evitar avalando una Ley prohibitiva de la minería de metales.
En tal sentido, es aplaudible que Monseñor José Luis Escobar haya pedido, en conferencia de prensa el pasado domingo 10 de octubre, la aprobación de una Ley contra la minería. Al llamado, planteado por el Arzobispo de San Salvador a la Asamblea Legislativa, debemos sumarnos todos los salvadoreños y salvadoreñas.
San Salvador, 19 de octubre de 2010.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 12 de octubre de 2010
Acertada petición eclesial*
Consecuente con su postura de rechazo a la extracción de metales, la Iglesia Católica pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una Ley que prohíba esta nociva industria, tal como lo demandan las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El llamado al Parlamento lo hizo Monseñor José Luis Escobar Alas en su conferencia de prensa del pasado domingo 10 de octubre. “Como Iglesia le pedimos a los diputados que pronto promulguen la Ley (prohibitiva de la minería), que escuchen el clamor de la gente”, expresó el Arzobispo de San Salvador.
El jerarca religioso argumentó que los daños de la extracción de metales son irreversibles, por lo que la mayoría de la población rechaza esos tenebrosos proyectos. “Al hacer una encuesta se darán cuenta de que la gran mayoría de la población se opone a la explotación minera en el país”, declaró.
La solicitud de Monseñor Escobar Alas surge justo cuando la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discute la propuesta de Ley que prohíba la minería metálica y regule adecuadamente la minería no metálica, presentada hace tres años.
Dicha instancia parlamentaria escuchó hace tres semanas los argumentos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y ayer recibió a los titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales para conocer los suyos.
La petición del Arzobispo capitalino es consecuente con la postura antiminera expresada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) planteada en su pronunciamiento “Cuidemos la Casa de Todos”, publicado el 3 de mayo de 2007.
Por esta posición valiente, la CEDES fue víctima de vejámenes de Pacific Rim, empresa canadiense que ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Esta compañía minera enviaba a grupos de supuestos trabajadores a apostarse frente a Catedral Metropolita para insultar a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, a quien reclamaban por su digna postura de defensa del medioambiente y la vida.
La jerarquía católica también ha levantado su voz contra la minería transfronteriza, específicamente contra la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa (Guatemala), la cual podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el llamado de Monseñor Escobar Alas acelere la aprobación de la Ley contra la minería, y provoque la discusión de otras normativas ambientales urgentes: Ley General de Agua, Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, reformas a la Ley de Protección Civil, entre otras.
El Arzobispo de San Salvador también debería exigir la aprobación de la Ley de Medicamentos, Ley de Desarme, Ley de Partidos Políticos, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Convivencia Pacífica.
Todas las instituciones y sectores nacionales que, en distintos momentos, se han manifestado en contra de los proyectos mineros, deben ser consecuentes con dicha postura y seguir el ejemplo de Monseñor Escobar Alas: exigir al Parlamento la pronta aprobación de una Ley que prohíba la minería metálica.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El llamado al Parlamento lo hizo Monseñor José Luis Escobar Alas en su conferencia de prensa del pasado domingo 10 de octubre. “Como Iglesia le pedimos a los diputados que pronto promulguen la Ley (prohibitiva de la minería), que escuchen el clamor de la gente”, expresó el Arzobispo de San Salvador.
El jerarca religioso argumentó que los daños de la extracción de metales son irreversibles, por lo que la mayoría de la población rechaza esos tenebrosos proyectos. “Al hacer una encuesta se darán cuenta de que la gran mayoría de la población se opone a la explotación minera en el país”, declaró.
La solicitud de Monseñor Escobar Alas surge justo cuando la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discute la propuesta de Ley que prohíba la minería metálica y regule adecuadamente la minería no metálica, presentada hace tres años.
Dicha instancia parlamentaria escuchó hace tres semanas los argumentos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y ayer recibió a los titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales para conocer los suyos.
La petición del Arzobispo capitalino es consecuente con la postura antiminera expresada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) planteada en su pronunciamiento “Cuidemos la Casa de Todos”, publicado el 3 de mayo de 2007.
Por esta posición valiente, la CEDES fue víctima de vejámenes de Pacific Rim, empresa canadiense que ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Esta compañía minera enviaba a grupos de supuestos trabajadores a apostarse frente a Catedral Metropolita para insultar a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, a quien reclamaban por su digna postura de defensa del medioambiente y la vida.
La jerarquía católica también ha levantado su voz contra la minería transfronteriza, específicamente contra la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa (Guatemala), la cual podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el llamado de Monseñor Escobar Alas acelere la aprobación de la Ley contra la minería, y provoque la discusión de otras normativas ambientales urgentes: Ley General de Agua, Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, reformas a la Ley de Protección Civil, entre otras.
El Arzobispo de San Salvador también debería exigir la aprobación de la Ley de Medicamentos, Ley de Desarme, Ley de Partidos Políticos, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Convivencia Pacífica.
Todas las instituciones y sectores nacionales que, en distintos momentos, se han manifestado en contra de los proyectos mineros, deben ser consecuentes con dicha postura y seguir el ejemplo de Monseñor Escobar Alas: exigir al Parlamento la pronta aprobación de una Ley que prohíba la minería metálica.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 5 de octubre de 2010
Crítica válida y oportuna*
El congresista demócrata James McGovern criticó a la Fiscalía General de la República por negarse a investigar repudiables crímenes que permanecen impunes, a pesar de las constantes demandas de diversos sectores nacionales y de reconocidos actores de la comunidad internacional.
Para el prestigioso legislador estadounidense, existen problemas institucionales que constituyen serios obstáculos para la búsqueda de la justicia, la superación de la impunidad y para la consolidación democrática.
“Uno de estos obstáculos es la Fiscalía, donde muchos casos de asesinatos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero no avanzan”, señaló McGovern, al tiempo que pidió apoyar al Presidente Mauricio Funes y defendió a la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, acosada por una comisión integrada por diputados de derecha.
El influyente congresista ha pedido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones investigar el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, los posibles vínculos del ex jefe de la DAN Godofredo Miranda con el narcotráfico, el asesinato de la niña Katya Miranda, entre otros casos sonados.
McGovern, incluso se reunió con el Fiscal General Romeo Barahona para solicitarle directamente una investigación profunda de dichos crímenes, durante su visita al país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UCA, en noviembre del año pasado.
En aquella ocasión, el prestigioso funcionario estadounidense también pidió a Barahona investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, opositor a la minera canadiense Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Los señalamientos de McGovern fueron un día después de que el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, acusara a la Fiscalía de no investigar unos cincuenta casos de corrupción cometidos por ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.
Entre éstos destacan los delitos cometidos por el ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, especialmente en la fallida construcción del Bulevar Diego de Holguín; el robo del dinero con que se construiría el Hospital de Maternidad y el entierro de medicamentos en un almacén del Ministerio de Salud, en los que podría estar involucrado el ex ministro Guillermo Maza; las anomalías en los ministerios de Gobernación y de Seguridad durante la administración del ex presidente Antonio Saca; entre otros.
Ninguno de ésos ha sido investigado por la Fiscalía, a pesar de las pruebas presentadas por Gerson Martínez, María Isabel Rodríguez y otros funcionarios del actual gobierno. Con esto la Fiscalía General de la República violenta el derecho a la justicia e incumple su función constitucional de perseguir los delitos.
Ante tal situación, la ciudadanía organizada y la población en general deben presionar a Barahona para que cambie de actitud o solicitar a la Asamblea Legislativa su destitución y la elección de un nuevo Fiscal General que tenga la voluntad política de hacer valer la legalidad en el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el prestigioso legislador estadounidense, existen problemas institucionales que constituyen serios obstáculos para la búsqueda de la justicia, la superación de la impunidad y para la consolidación democrática.
“Uno de estos obstáculos es la Fiscalía, donde muchos casos de asesinatos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero no avanzan”, señaló McGovern, al tiempo que pidió apoyar al Presidente Mauricio Funes y defendió a la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, acosada por una comisión integrada por diputados de derecha.
El influyente congresista ha pedido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones investigar el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, los posibles vínculos del ex jefe de la DAN Godofredo Miranda con el narcotráfico, el asesinato de la niña Katya Miranda, entre otros casos sonados.
McGovern, incluso se reunió con el Fiscal General Romeo Barahona para solicitarle directamente una investigación profunda de dichos crímenes, durante su visita al país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UCA, en noviembre del año pasado.
En aquella ocasión, el prestigioso funcionario estadounidense también pidió a Barahona investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, opositor a la minera canadiense Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Los señalamientos de McGovern fueron un día después de que el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, acusara a la Fiscalía de no investigar unos cincuenta casos de corrupción cometidos por ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.
Entre éstos destacan los delitos cometidos por el ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, especialmente en la fallida construcción del Bulevar Diego de Holguín; el robo del dinero con que se construiría el Hospital de Maternidad y el entierro de medicamentos en un almacén del Ministerio de Salud, en los que podría estar involucrado el ex ministro Guillermo Maza; las anomalías en los ministerios de Gobernación y de Seguridad durante la administración del ex presidente Antonio Saca; entre otros.
Ninguno de ésos ha sido investigado por la Fiscalía, a pesar de las pruebas presentadas por Gerson Martínez, María Isabel Rodríguez y otros funcionarios del actual gobierno. Con esto la Fiscalía General de la República violenta el derecho a la justicia e incumple su función constitucional de perseguir los delitos.
Ante tal situación, la ciudadanía organizada y la población en general deben presionar a Barahona para que cambie de actitud o solicitar a la Asamblea Legislativa su destitución y la elección de un nuevo Fiscal General que tenga la voluntad política de hacer valer la legalidad en el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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