Acción insuficiente*

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil presentaron, el jueves 1º. de julio recién pasado, a nueve presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Ambos crímenes fueron perpetrados en diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).

La detención y enjuiciamiento de los supuestos asesinos es positiva, en tanto responde a la creciente demanda de justicia planteada no sólo por las comunidades de Cabañas y el movimiento anti minero salvadoreño, sino también por importantes actores de la Comunidad Internacional: desde entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta influyentes congresistas estadounidenses como James McGovern y Patrick Leahy. Hasta hoy, Fiscalía y Policía sólo habían capturado a presuntos autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato del también ambientalista Gustavo Marcelo Rivera.

Sin embargo, la plausible acción de las autoridades fiscales y policiales no está exenta de, al menos, tres críticas.

La primera es que se trata de una acción insuficiente, pues las detenciones únicamente se refieren a los atroces asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto. Mientras que por las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y diversos actos de intimidación contra opositores a la explotación minera en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todavía no hay capturas.

La segunda es la cuestionable declaración de Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y de Howard Coto, subdirector de Investigaciones de la PNC, referida a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los crímenes. Según dichos funcionarios, las posturas encontradas sobre la minería en Trinidad sólo exacerbaron diferencias familiares de larga data. Delgado y Coto deberían revisar los expedientes fiscales, policiales y judiciales, para constatar que la violencia en la referida zona inició justo cuando comenzaron las exploraciones mineras.

Y la tercera es el sospechoso intento de los funcionarios en cuestión de querer dar por terminadas las investigaciones, afirmando que entre los capturados se encuentran tanto los autores materiales como también los responsables intelectuales de los crímenes contra los ambientalistas Rivera y Sorto. Llama la atención que la DECO y la Subdirección de Investigaciones de la Policía se nieguen a investigar a Pacific Rim, a pesar de que la confrontación en Cabañas resultó de una estrategia de compra de voluntades y división de comunidades implementada por esa minera canadiense y sus colaboradores.

En tal sentido, además de reiterar el reconocimiento a la reciente actuación de la Fiscalía y Policía, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica recuerda a ambas instituciones las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordenan realizar una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto; amenazas a personal de Radio Victoria, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, etc.
Esta investigación debe conducir a la identificación, enjuiciamiento y condena de todos los autores intelectuales y materiales de los mencionados crímenes.



*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica