San Salvador, 22 de julio de 2010.
Sra. Claire A. Paulin
Embajadora de Canadá
Presente.
El 22 de julio ha sido declarado “Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto”, por organizaciones de la sociedad civil canadiense y la comunidad salvadoreña en Canadá que denuncian a las empresas mineras que contaminan el medioambiente, provocan enfermedades mortales, generan conflictos sociales, causan pérdidas económicas y corrompen a gobiernos en muchos países de América Latina y otras regiones del mundo.
La mayoría de estas compañías son de origen canadiense: Gold Corp, Barrick Gold y otras. En El Salvador, la principal minera canadiense es Pacific Rim. Esta compañía secó afluentes en San Isidro, generó violencia en comunidades de Sensuntepeque y ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos explotación.
Estas empresas, casi siempre, son apoyadas por las embajadas de Canadá, que cabildean licencias de operación y leyes permisivas de la minería. Por eso, hoy, organizaciones sociales en todo el mundo protestan en las sedes diplomáticas canadienses. En El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el respaldo de Ciudades Hermanas, Salvaide, CISPES y Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region, solicita a usted lo siguiente:
1. Abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense instaladas en El Salvador.
2. Gestionar el retiro inmediato de estas empresas, dado que el gobierno salvadoreño, en forma soberana y atendiendo el unánime rechazo nacional a la minería de metales, ha decidido no permitir ningún proyecto minero.
3. Solicitar al Congreso de Canadá la pronta aprobación del Proyecto de Ley C-300, que castiga a las mineras canadienses que violenten los derechos humanos en cualquier país del mundo.
4. Suspender la negociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá y el CA-4, porque favorecería a las empresas mineras y violentaría la soberanía de nuestros países.
Sin más que agregar, nos suscribimos atentamente.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ciudades Hermanas.
Salvaide.
Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
jueves, 22 de julio de 2010
martes, 20 de julio de 2010
CUATRO RAZONES PARA APROBAR UNA LEY QUE PROHÍBA LA MINERÍA DE METALES EN EL SALVADOR
1. Prohibir en forma definitiva la minería metálica. El Presidente Mauricio Funes ha reiterado en varias ocasiones que, durante su administración, no habrá proyectos mineros. Sin embargo, la sola declaración presidencial es insuficiente para prohibirlos definitivamente. Es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para evitar que futuros gobiernos sí los permitan. En tal sentido, una ley (y una eventual reforma constitucional) es la única manera de cerrar en forma definitiva las posibilidades de explotación minera para librar al país de los peligros que representa la extracción de metales del subsuelo: contaminación ambiental, enfermedades mortales, actos de violencia, pérdidas económicas y corrupción.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
Preguntas al fiscal Delgado y al comisionado Coto*
La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) insisten en que la causa de los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos no es el conflicto minero, sino viejas rencillas personales y familiares.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 14 de julio de 2010
¿Quién es el delincuente?*
Las más recientes declaraciones de Thomas Shrake, presidente de la transnacional minera Pacific Rim, podrían pasar desapercibidas, sino fuera por el carácter delictivo de su contenido mentiroso, difamatorio, calumniador.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 13 de julio de 2010
COMUNICADO DE PRENSA DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República –a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
1. El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
2. El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
3. Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. Casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
San Salvador, 13 de julio de 2010.
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República –a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
1. El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
2. El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
3. Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. Casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
San Salvador, 13 de julio de 2010.
miércoles, 7 de julio de 2010
Acción insuficiente*
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil presentaron, el jueves 1º. de julio recién pasado, a nueve presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Ambos crímenes fueron perpetrados en diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
La detención y enjuiciamiento de los supuestos asesinos es positiva, en tanto responde a la creciente demanda de justicia planteada no sólo por las comunidades de Cabañas y el movimiento anti minero salvadoreño, sino también por importantes actores de la Comunidad Internacional: desde entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta influyentes congresistas estadounidenses como James McGovern y Patrick Leahy. Hasta hoy, Fiscalía y Policía sólo habían capturado a presuntos autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato del también ambientalista Gustavo Marcelo Rivera.
Sin embargo, la plausible acción de las autoridades fiscales y policiales no está exenta de, al menos, tres críticas.
La primera es que se trata de una acción insuficiente, pues las detenciones únicamente se refieren a los atroces asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto. Mientras que por las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y diversos actos de intimidación contra opositores a la explotación minera en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todavía no hay capturas.
La segunda es la cuestionable declaración de Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y de Howard Coto, subdirector de Investigaciones de la PNC, referida a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los crímenes. Según dichos funcionarios, las posturas encontradas sobre la minería en Trinidad sólo exacerbaron diferencias familiares de larga data. Delgado y Coto deberían revisar los expedientes fiscales, policiales y judiciales, para constatar que la violencia en la referida zona inició justo cuando comenzaron las exploraciones mineras.
Y la tercera es el sospechoso intento de los funcionarios en cuestión de querer dar por terminadas las investigaciones, afirmando que entre los capturados se encuentran tanto los autores materiales como también los responsables intelectuales de los crímenes contra los ambientalistas Rivera y Sorto. Llama la atención que la DECO y la Subdirección de Investigaciones de la Policía se nieguen a investigar a Pacific Rim, a pesar de que la confrontación en Cabañas resultó de una estrategia de compra de voluntades y división de comunidades implementada por esa minera canadiense y sus colaboradores.
En tal sentido, además de reiterar el reconocimiento a la reciente actuación de la Fiscalía y Policía, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica recuerda a ambas instituciones las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordenan realizar una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto; amenazas a personal de Radio Victoria, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, etc.
Esta investigación debe conducir a la identificación, enjuiciamiento y condena de todos los autores intelectuales y materiales de los mencionados crímenes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
La detención y enjuiciamiento de los supuestos asesinos es positiva, en tanto responde a la creciente demanda de justicia planteada no sólo por las comunidades de Cabañas y el movimiento anti minero salvadoreño, sino también por importantes actores de la Comunidad Internacional: desde entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta influyentes congresistas estadounidenses como James McGovern y Patrick Leahy. Hasta hoy, Fiscalía y Policía sólo habían capturado a presuntos autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato del también ambientalista Gustavo Marcelo Rivera.
Sin embargo, la plausible acción de las autoridades fiscales y policiales no está exenta de, al menos, tres críticas.
La primera es que se trata de una acción insuficiente, pues las detenciones únicamente se refieren a los atroces asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto. Mientras que por las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y diversos actos de intimidación contra opositores a la explotación minera en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todavía no hay capturas.
La segunda es la cuestionable declaración de Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y de Howard Coto, subdirector de Investigaciones de la PNC, referida a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los crímenes. Según dichos funcionarios, las posturas encontradas sobre la minería en Trinidad sólo exacerbaron diferencias familiares de larga data. Delgado y Coto deberían revisar los expedientes fiscales, policiales y judiciales, para constatar que la violencia en la referida zona inició justo cuando comenzaron las exploraciones mineras.
Y la tercera es el sospechoso intento de los funcionarios en cuestión de querer dar por terminadas las investigaciones, afirmando que entre los capturados se encuentran tanto los autores materiales como también los responsables intelectuales de los crímenes contra los ambientalistas Rivera y Sorto. Llama la atención que la DECO y la Subdirección de Investigaciones de la Policía se nieguen a investigar a Pacific Rim, a pesar de que la confrontación en Cabañas resultó de una estrategia de compra de voluntades y división de comunidades implementada por esa minera canadiense y sus colaboradores.
En tal sentido, además de reiterar el reconocimiento a la reciente actuación de la Fiscalía y Policía, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica recuerda a ambas instituciones las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordenan realizar una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto; amenazas a personal de Radio Victoria, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, etc.
Esta investigación debe conducir a la identificación, enjuiciamiento y condena de todos los autores intelectuales y materiales de los mencionados crímenes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
lunes, 5 de julio de 2010
Respuesta al Presidente Funes*
Respuesta al Presidente Funes*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, reiteró –a principios de este mes– su decisión de no permitir ningún proyecto minero en el país, y pidió a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tener confianza en que su gobierno cumplirá esta promesa.
Las plausibles declaraciones presidenciales fueron en el contexto la realización de la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y sus consecuentes reacciones: protestas simultáneas –organizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras entidades ciudadanas estadounidenses y canadienses– en varias ciudades de Estados Unidos (Seattle, New York, Washington, Boston, entre otras) y de Canadá (principalmente en Vancouver); y en El Salvador, el rechazo arzobispal a la demanda de Pacific Rim y el respaldo de la Mesa a los argumentos del Estado salvadoreño en su defensa.
Como respuesta a lo expresado por el Presidente, la Mesa manifiesta –en primer lugar– su satisfacción por el compromiso del Gobierno del Cambio referido a salvaguardar el medioambiente y la vida, evitando la explotación minera; y su absoluta confianza en que dicho compromiso será cumplido.
Y –en segundo lugar– ratifica su demanda de aprobar una ley que otorgue validez jurídica a las referidas declaraciones del Mandatario. En tal sentido, reitera su solicitud al Jefe del Ejecutivo de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa de ley, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía, y pedir a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de minería metálica.
Para esto, la Mesa ha presentado un proyecto de nueva ley de minería y el grupo parlamentario del gobernante FMLN ha propuesto una reforma a la actual ley minera. Ambas propuestas, que coinciden en la prohibición de la extracción de metales, ya están en discusión de la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso.
Dichas mociones son bien vistas por algunos grupos parlamentarios, principalmente el FMLN y GANA. Sin embargo, sus posibilidades de aprobación serían mayores con el respaldo del Ejecutivo.
Una ley prohibitiva de la minería, como ha insistido la Mesa en varias ocasiones, no sólo impediría en forma terminante esta tenebrosa industria, sino que evitaría nuevas demandas de empresas mineras que podrían solicitar permisos y –cuando el gobierno se los niegue– proceder después a demandar al país en tribunales corporativos internacionales, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
Además, una prohibición definitiva de las actividades mineras (también reiterado por la Mesa en publicaciones anteriores) daría solvencia moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco suspender la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Así, la demanda de rechazar definitivamente la minería, mediante una ley que la prohíba, no es una postura caprichosa ni un acto de presión política, sino una propuesta de concreción legal de la posición anti minera del Presidente Funes, cuyas declaraciones públicas no son por sí mismas vinculantes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
El Presidente de la República, Mauricio Funes, reiteró –a principios de este mes– su decisión de no permitir ningún proyecto minero en el país, y pidió a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tener confianza en que su gobierno cumplirá esta promesa.
Las plausibles declaraciones presidenciales fueron en el contexto la realización de la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y sus consecuentes reacciones: protestas simultáneas –organizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras entidades ciudadanas estadounidenses y canadienses– en varias ciudades de Estados Unidos (Seattle, New York, Washington, Boston, entre otras) y de Canadá (principalmente en Vancouver); y en El Salvador, el rechazo arzobispal a la demanda de Pacific Rim y el respaldo de la Mesa a los argumentos del Estado salvadoreño en su defensa.
Como respuesta a lo expresado por el Presidente, la Mesa manifiesta –en primer lugar– su satisfacción por el compromiso del Gobierno del Cambio referido a salvaguardar el medioambiente y la vida, evitando la explotación minera; y su absoluta confianza en que dicho compromiso será cumplido.
Y –en segundo lugar– ratifica su demanda de aprobar una ley que otorgue validez jurídica a las referidas declaraciones del Mandatario. En tal sentido, reitera su solicitud al Jefe del Ejecutivo de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa de ley, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía, y pedir a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de minería metálica.
Para esto, la Mesa ha presentado un proyecto de nueva ley de minería y el grupo parlamentario del gobernante FMLN ha propuesto una reforma a la actual ley minera. Ambas propuestas, que coinciden en la prohibición de la extracción de metales, ya están en discusión de la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso.
Dichas mociones son bien vistas por algunos grupos parlamentarios, principalmente el FMLN y GANA. Sin embargo, sus posibilidades de aprobación serían mayores con el respaldo del Ejecutivo.
Una ley prohibitiva de la minería, como ha insistido la Mesa en varias ocasiones, no sólo impediría en forma terminante esta tenebrosa industria, sino que evitaría nuevas demandas de empresas mineras que podrían solicitar permisos y –cuando el gobierno se los niegue– proceder después a demandar al país en tribunales corporativos internacionales, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
Además, una prohibición definitiva de las actividades mineras (también reiterado por la Mesa en publicaciones anteriores) daría solvencia moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco suspender la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Así, la demanda de rechazar definitivamente la minería, mediante una ley que la prohíba, no es una postura caprichosa ni un acto de presión política, sino una propuesta de concreción legal de la posición anti minera del Presidente Funes, cuyas declaraciones públicas no son por sí mismas vinculantes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
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