Un año de impunidad*

El próximo viernes 18 de junio se cumplirá un año de la desaparición forzada del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, líder de la resistencia comunitaria a los proyecto de la minera Pacific Rim y crítico de la gestión de José Ignacio Bautista, alcalde arenero de San Isidro, Cabañas.

Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.

Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.

La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.

Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.

Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.

Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.

En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.

En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.

El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.