La recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discutirá, en los próximos días, dos propuestas de prohibición de la minería, presentadas por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por el grupo parlamentario del gobernante FMLN, respectivamente.
La primera propuesta se refiere a la aprobación de una nueva Ley de Minería, mientras la segunda plantea el aval a una reforma a la actual ley minera. Sin embargo, ambas mociones son coincidentes en su propósito fundamental: impedir en forma definitiva la extracción de metales preciosos del subsuelo nacional.
La posible prohibición de la exploración y explotación minera en el país es doblemente acertada. Primero porque responde a la urgencia de librar al país de los peligros de esta nociva industria y, segundo, porque la medida es acorde al actual contexto internacional de prohibición de la minería de metales.
Debido a irreversible contaminación ambiental, graves daños a la salud humana y crecientes conflictos comunitarios, avanzan en diversos países del mundo medidas de mayor control y prohibición de las actividades mineras. Por límites de espacio, este artículo sólo menciona cuatro casos ilustrativos.
El primero es Costa Rica. La Presidente Laura Chinchilla –el 8 de mayo de 2010– en su primer día de mandato, prohibió la minería a cielo abierto, restableciendo una moratoria que había sido derogada por su antecesor Óscar Arias. Con esto, la gobernante tica cumplió una de sus principales promesas de campaña electoral.
El segundo es Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó –el 22 de mayo de este año– al gobierno cerrar, en un plazo de veinte días, la mina Marlin, de la canadiense Gold Corp. Esta decisión fue respaldada, recientemente, por el Relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El tercero es la Unión Europea. El Parlamento Europeo exigió –el 17 de mayo de este mismo año– a las empresas mineras utilizar métodos de lixiviación menos contaminantes y prohibió en todos los países de la Unión el uso de cianuro, químico tóxico que Pacific Rim pretendía utilizar para extraer oro y plata en Cabañas.
Y el cuarto es Canadá. El Congreso discute, desde hace dos meses, una normativa reguladora de las mineras canadienses que operan en el extranjero. El proyecto de ley incluye mecanismos de investigación, verificación y sanciones contra corporaciones que violentan derechos ambientales, indígenas y laborales.
Los casos referidos demuestran que el Estado salvadoreño, al proponerse prohibir la exploración y explotación de metales, está en sintonía con el contexto internacional y a la vanguardia de las medidas de protección que, en materia ambiental y social, impulsan países responsables en todas las latitudes del planeta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 23 de junio de 2010
miércoles, 16 de junio de 2010
Un año de impunidad*
El próximo viernes 18 de junio se cumplirá un año de la desaparición forzada del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, líder de la resistencia comunitaria a los proyecto de la minera Pacific Rim y crítico de la gestión de José Ignacio Bautista, alcalde arenero de San Isidro, Cabañas.
Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.
Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.
La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.
Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.
Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.
Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.
En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.
En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.
El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Rivera Moreno, de 37 años de edad y maestro de profesión, era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), director de la Casa de la Cultura de San Isidro y dirigente departamental del gobernante FMLN en Cabañas. Por tanto, combinaba su lucha ambiental con las actividades gremiales, de promoción cultural y partidarias.
Fue torturado varios días y encontrado asesinado el 29 de junio del año pasado, en un área rural de Ilobasco. Un año después, tales crímenes permanecen impunes, en tanto las autoridades han detenido únicamente a presuntos autores materiales. Sobre los responsables intelectuales, ni siquiera existen líneas de investigación.
La falta de justicia en el caso prevalece a pesar de la permanente exigencia de los familiares de Gustavo Marcelo, de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. El más reciente reclamo proviene del influyente senador demócrata Patrick Leahy.
Para este senador del estado de Vermont, por la manera en que fue cometido (precedido de desaparición forzada y torturas), el asesinato de Rivera Moreno no puede considerarse un delito de delincuencia común, tal como lo manejan las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas.
Leahy, incluso, sospecha que, debido su activismo contra la explotación minera y su denuncia del fraude electoral en San Isidro durante las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009, este crimen podría ser una advertencia para otros luchadores sociales que comparten los ideales de Gustavo Marcelo.
Dichas declaraciones del legislador demócrata fueron dadas el jueves 27 de mayo de este año en el pleno del Senado estadounidense, donde –por iniciativa suya– fueron aprobados 25 millones de dólares de ayuda financiera para El Salvador, apoyo que no estaba incluido en la propuesta de cooperación exterior enviada por la Casa Blanca.
En su intervención, el senador de Vermont urgió a la Fiscalía General de la República esclarecer el asesinato de Rivera Moreno; y de la Administración del Presidente Mauricio Funes demandó garantizar los derechos de los defensores del medioambiente.
En noviembre de 2009, el congresista James McGovern, en su visita al país para recibir un Doctorado Honoris Causa de la UCA, se reunió con el fiscal Romeo Barahona para pedirle una profunda investigación del asesinato de Gustavo Marcelo, de la niña Katia Miranda y del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto.
El caso de Rivera Moreno, fue considerado por McGovern una prueba de fuego para el “gobierno del cambio”. “El nuevo gobierno debe demostrar que va a combatir la impunidad”, afirmó. Pero, a un año de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista de Cabañas, la impunidad se mantiene intacta.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 1 de junio de 2010
Camino a seguir*
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el cierre de la mina Marlin, operada por la canadiense Gold Corp en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos (Guatemala), debido a la grave contaminación ambiental y daños a la salud de dieciocho comunidades indígenas man y sipakapenses.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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