Dora Alicia Sorto Recinos, vivía en el cantón Trinidad de Sensuntepeque (Cabañas). Treinta y dos años de edad, madre de siete hijos, el último de ellos tenía ocho meses y aún lo llevaba en su vientre.
Junto a su esposo José Santos Rodríguez, decidió defender su medioambiente, se opuso a la minería metálica y se organizó en el Comité Ambiental de Cabañas (CAC), el cual aglutina a las comunidades de Cabañas que resisten a los proyectos extractivos y forma parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por el contrario, algunos de sus familiares, vecinos y amigos –seducidos por la propaganda o presionados por los chantajes de la empresa canadiense Pacific Rim– aceptaron trabajar como promotores del proyecto minero Santa Rita, que busca explotar metales preciosos en el cerro Limón, ubicado a escasos metros de la vivienda de Dora Alicia y José Santos.
El activismo antiminero de la familia Rodríguez Sorto –y de varios líderes comunitarios de Trinidad, Santa Rosa, Maraña y otros lugares aledaños– fue objeto de amenazas, persecuciones y atentados. José Santos sufrió varios intentos de asesinato, en uno de éstos su agresor –el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar– le cortó dos dedos de su mano derecha.
El domingo 20 de diciembre de este año, Dora Alicia preparaba la celebración de la navidad, cuando supo del asesinato de Ramiro Rivera Gómez, acribillado por un grupo de sicarios que portaban fusiles M-16. Su esposo José Santos acompañaba a Ramiro, pero logró escapar.
La tristeza e indignación por el asesinato de Ramiro y el temor de un nuevo atentado contra José Santos, frustraron el festejo navideño en casa de Dora Alicia y familia.
El sábado 26 de diciembre, José Santos discutía con sus vecinos y miembros del CAC algunas medidas de seguridad que debían implementarse en la comunidad para evitar nuevos crímenes, cuando escuchó cinco disparos cerca de su vivienda. “Quizás mataron a mi esposa”, pensó. Fue corriendo, y constató su trágica sospecha. “Me buscaban a mí, pero al no encontrarme, mataron a Dora”, alcanza a decir, antes de romper el llanto.
Dora Alicia regresaba de lavar ropa de una quebrada cercana, cuando recibió cinco impactos de bala por la espalda que causaron la muerte, a ella y a su bebé de ochos meses, en el instante. Su hijo de dos años, que cargaba en sus brazos, resultó herido en una de sus piernas. Su muerte deja a José Santos y a sus seis hijos, inconsolables.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denuncia que Dora Alicia fue asesinada por la conflictividad provocada por Pacific Rim y la impunidad que genera la negligencia de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
Con Dora Alicia Sorto Recinos, ya son tres los ambientalistas asesinados, pues antes fueron asesinados Ramiro Rivera Gómez y Gustavo Marcelo Rivera. Pero podrían ser más, si las autoridades no protegen en forma efectiva a las posibles nuevas víctimas y no investigan a los victimarios intelectuales y materiales.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 29 de diciembre de 2009
lunes, 21 de diciembre de 2009
Mesa frente a Minería condena asesinato de ambientalista Ramiro Rivera
El domingo 20 de diciembre recién pasado fue asesinado, en el cantón Trinidad de Sensuntepeque, el ambientalista Ramiro Rivera Gómez, líder de la resistencia comunitaria contra la empresa minera canadiense Pacific Rim, en Cabañas. Junto a él murió la señora Felícita Echeverría y una niña de 13 años resultó herida. Según testigos, varios sicarios emboscaron su vehículo y le dispararon con armas de grueso calibre, a pesar de la presencia de dos agentes policiales que le brindaban seguridad.
Este dirigente comunitario, miembro del Comité Ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fue víctima de persecuciones, amenazas de muerte e intentos de asesinato. El último de éstos sucedió el 7 de agosto de este año, cuando recibió ocho impactos de bala por la espalda. Uno de sus agresores, el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, está detenido y la audiencia judicial se realizará en febrero de 2010.
Con mucha indignación, las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenamos este repudiable crimen, y expresamos lo siguiente:
1. La muerte del compañero Ramiro no es aislada, ni es un delito de delincuencia común; pues sucede en el contexto de amenazas, agresiones, desapariciones, torturas y asesinato de opositores a los proyectos mineros, de los cuales el caso de Gustavo Marcelo Rivera es el más emblemático. Estos crímenes se dan en medio de un clima de conflictividad creciente, causado por Pacific Rim, a través de la compra de voluntades, división de comunidades y promoción de actos violentos contra los activistas antimineros.
2. El asesinato Ramiro Rivera resulta de la impunidad que impera en la zona. Seguramente la falta de justicia en la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, incentivó a los asesinos materiales e intelectuales del compañero Ramiro. En tal sentido no sólo es responsable Pacific Rim por generar conflictos en las comunidades y familias, sino también las autoridades policiales, fiscales y judiciales por permitir la impunidad que motiva a cometer nuevos crímenes.
3. Toda esta problemática en Cabañas también refleja cierta indolencia del propio Presidente de la República, Mauricio Funes, quien no se pronuncia sobre estos casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la Mesa y de la Comunidad Internacional. Recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern le pidió intervenir.
El 9 de diciembre recién pasado, líderes comunitarios de Cabañas y representantes de la Mesa llegaron hasta Casa Presidencial para entregar a Funes una carta, que no pudo recibir porque tenía otros compromisos. La misiva pedía, entre otras cosas, investigar a profundidad el caso de Marcelo Rivera y aplicar medidas efectivas de seguridad para todos los ambientalistas amenazados. Probablemente una respuesta inmediata habría evitado el asesinato del compañero Ramiro.
Frente a tal situación, la Mesa reitera sus demandas de enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los atentados, amenazas, asesinatos y demás crímenes contra los defensores del medioambiente en Cabañas; e incluir en la lista de sospechosos de autores intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos a la empresa minera Pacific Rim y todos sus lacayos.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
Este dirigente comunitario, miembro del Comité Ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fue víctima de persecuciones, amenazas de muerte e intentos de asesinato. El último de éstos sucedió el 7 de agosto de este año, cuando recibió ocho impactos de bala por la espalda. Uno de sus agresores, el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, está detenido y la audiencia judicial se realizará en febrero de 2010.
Con mucha indignación, las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenamos este repudiable crimen, y expresamos lo siguiente:
1. La muerte del compañero Ramiro no es aislada, ni es un delito de delincuencia común; pues sucede en el contexto de amenazas, agresiones, desapariciones, torturas y asesinato de opositores a los proyectos mineros, de los cuales el caso de Gustavo Marcelo Rivera es el más emblemático. Estos crímenes se dan en medio de un clima de conflictividad creciente, causado por Pacific Rim, a través de la compra de voluntades, división de comunidades y promoción de actos violentos contra los activistas antimineros.
2. El asesinato Ramiro Rivera resulta de la impunidad que impera en la zona. Seguramente la falta de justicia en la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, incentivó a los asesinos materiales e intelectuales del compañero Ramiro. En tal sentido no sólo es responsable Pacific Rim por generar conflictos en las comunidades y familias, sino también las autoridades policiales, fiscales y judiciales por permitir la impunidad que motiva a cometer nuevos crímenes.
3. Toda esta problemática en Cabañas también refleja cierta indolencia del propio Presidente de la República, Mauricio Funes, quien no se pronuncia sobre estos casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la Mesa y de la Comunidad Internacional. Recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern le pidió intervenir.
El 9 de diciembre recién pasado, líderes comunitarios de Cabañas y representantes de la Mesa llegaron hasta Casa Presidencial para entregar a Funes una carta, que no pudo recibir porque tenía otros compromisos. La misiva pedía, entre otras cosas, investigar a profundidad el caso de Marcelo Rivera y aplicar medidas efectivas de seguridad para todos los ambientalistas amenazados. Probablemente una respuesta inmediata habría evitado el asesinato del compañero Ramiro.
Frente a tal situación, la Mesa reitera sus demandas de enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los atentados, amenazas, asesinatos y demás crímenes contra los defensores del medioambiente en Cabañas; e incluir en la lista de sospechosos de autores intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos a la empresa minera Pacific Rim y todos sus lacayos.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Sobre la Carta a Funes*
Construir una estrategia común contra las demandas de las empresas mineras, es la propuesta central de la carta pública de las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica al Presidente de la República, Mauricio Funes.
La misiva no pudo ser entregada, pues el Mandatario ignoró a sus remitentes y se fue a inaugurar la construcción de un puente de la Carretera Longitudinal del Norte. En su lugar, envió al subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien ofrecía recibir la misiva “sin ningún compromiso”, probablemente por temor a ser desautorizado después por Funes.
En su carta, la Mesa respalda la decisión gubernamental de impedir la minería de metales; pero reitera al Ejecutivo la necesidad de promover en la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que establezca expresamente dicha prohibición.
Para enfrentar las demandas de empresas mineras que reclaman al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación, la Mesa plantea la necesidad de revertir o –al menos– modificar el DR-CAFTA, la Ley de Inversiones y demás disposiciones legales en que se amparan las compañías extractivas.
Para evitar nuevos arbitrajes, en la carta se plantea la urgencia de revisar todos los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más tratados comerciales que violenten los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. También se recomienda al Presidente Funes considerar la opción de retirarse del CIADI, como lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países.
La Mesa recuerda en su misiva la necesidad de investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera, y la urgencia de garantizar la seguridad a líderes comunitarios, representantes de organizaciones ambientalistas y periodistas de Cabañas, quienes son perseguidos, agredidos y amenazados de muerte.
La indiferencia gubernamental, ante las propuestas de la Mesa, contrasta con el enorme reconocimiento nacional e internacional a su lucha contra los proyectos mineros y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group.
Un día antes de la fallida entrega de la carta a Funes, la Mesa y Radio Victoria recibieron sendos reconocimientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y, un día después, fue galardona por la Asociación Pro Búsqueda, en el marco del cuarto aniversario de la desaparición física del célebre sacerdote Jon Cortina. El honor fue igualmente para Radio Victoria y de manera póstuma para Marcelo Rivera.
Con éstos, la Mesa recibió cuatro reconocimientos en este año, incluido el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit, otorgado por el prestigioso Institute Policy Studies (IPS), el 15 de octubre, el National Press Club de Washington.
Ahora que el Ejecutivo se apresta a evaluar el trabajo realizado hasta hoy, es pertinente que el Presidente Funes, sus ministros de Medioambiente y de Economía, y los secretarios Técnicos y de Asuntos Estratégicos, revisen y replanteen su actitud frente a las demandas de las empresas extractivas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La misiva no pudo ser entregada, pues el Mandatario ignoró a sus remitentes y se fue a inaugurar la construcción de un puente de la Carretera Longitudinal del Norte. En su lugar, envió al subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien ofrecía recibir la misiva “sin ningún compromiso”, probablemente por temor a ser desautorizado después por Funes.
En su carta, la Mesa respalda la decisión gubernamental de impedir la minería de metales; pero reitera al Ejecutivo la necesidad de promover en la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que establezca expresamente dicha prohibición.
Para enfrentar las demandas de empresas mineras que reclaman al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación, la Mesa plantea la necesidad de revertir o –al menos– modificar el DR-CAFTA, la Ley de Inversiones y demás disposiciones legales en que se amparan las compañías extractivas.
Para evitar nuevos arbitrajes, en la carta se plantea la urgencia de revisar todos los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más tratados comerciales que violenten los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. También se recomienda al Presidente Funes considerar la opción de retirarse del CIADI, como lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países.
La Mesa recuerda en su misiva la necesidad de investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera, y la urgencia de garantizar la seguridad a líderes comunitarios, representantes de organizaciones ambientalistas y periodistas de Cabañas, quienes son perseguidos, agredidos y amenazados de muerte.
La indiferencia gubernamental, ante las propuestas de la Mesa, contrasta con el enorme reconocimiento nacional e internacional a su lucha contra los proyectos mineros y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group.
Un día antes de la fallida entrega de la carta a Funes, la Mesa y Radio Victoria recibieron sendos reconocimientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y, un día después, fue galardona por la Asociación Pro Búsqueda, en el marco del cuarto aniversario de la desaparición física del célebre sacerdote Jon Cortina. El honor fue igualmente para Radio Victoria y de manera póstuma para Marcelo Rivera.
Con éstos, la Mesa recibió cuatro reconocimientos en este año, incluido el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit, otorgado por el prestigioso Institute Policy Studies (IPS), el 15 de octubre, el National Press Club de Washington.
Ahora que el Ejecutivo se apresta a evaluar el trabajo realizado hasta hoy, es pertinente que el Presidente Funes, sus ministros de Medioambiente y de Economía, y los secretarios Técnicos y de Asuntos Estratégicos, revisen y replanteen su actitud frente a las demandas de las empresas extractivas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
CARTA ABIERTA DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES POPULARES DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LAMINERÍA METÁLICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MAURICIO FU
Señor Presidente de la República, Mauricio Funes:
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.
Minería y Derechos Humanos*
Minería y Derechos Humanos*
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
sábado, 5 de diciembre de 2009
Silenciar las voces*
El 27 de noviembre recién pasado fue asesinado Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En el acto criminal también resultó gravemente herido Orlando Velázquez, amigo del ambientalista acribillado a balazos frente a su casa, en Chiapas (México).
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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