Minería y golpe de Estado*

Minería y golpe de Estado*


Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.

En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.

Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.

Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.

Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.

“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.

En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.

La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).

Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería

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Iglesias históricas nombran “Mártir del Medio Ambiente” a Marcelo Rivera

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Las Iglesias Luterana y Católica elevaron a “Mártir del Medio Ambiente” al activista social, Gustavo Marcelo Rivera, por su labor social y política en San Isidro, Cabañas, en contra de la incursión minera de Pacific Rim y sus constantes denuncias de corrupción del gobierno local.

Al acto ecuménico se unió el de los diputados del partido FMLN, Lourdes Palacios y Antonio Echeverría, quienes se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia, ya que, Marcelo también era activista del partido de izquierda y fue el principal denunciante de los casos de votos foráneos, en su municipio el pasado 18 de enero.

Durante el evento, se dieron forcejeos que entre los miembros de las organizaciones sociales y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por la Plaza Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica.

Los agentes del CAM trataron de impedir la celebración del Primer Festival Justicia y Paz “Gustavo Marcelo Rivera”, pero no pasó a más, y se estableció que las plazas son lugares públicos, agregando la defensa del derecho a la libertad de expresión.

La Reverenda Cecilia Alfaro y Fray Óscar Granados, de la Orden Franciscana, afirmaron que la muerte cruel e impune de Marcelo, un joven entregado a la lucha social, recordaba de nuevo la entrega de Jesús en la Cruz.

La Reverenda Alfaro agregó, “es el primer mártir ambiental, que dedicó su corta vida a causas justas, fue un hombre que se dio a su población y lo sacrificaron, para golpear al pueblo”.Mientras, Fray Granados señaló que Mártir significa “ser testigo” y como tal, Marcelo Rivera “luchó como Jesús, negándose a abandonar a la gente a obras de muerte, con la muerte de Marcelo podemos decir que Dios pasó por San Isidro, Cabañas”, comentó.

Por su parte, Lourdes Palacios señaló que la Fiscalía General de la República deberá rendir cuentas y realizar una investigación consistente y a profundidad.

“Se debe hacer pagar por la injusticia cometida, y no podemos negar que la Pacific Rim estuvo atrás de esto, Gustavo hizo señalamientos claros y fue de las persona que pidió que no se instalaran las minas”, argumentó.

Mientras, Gustavo Pineda, jurista de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) , instó a los presentes a emprender una lucha constante de presión ante la Fiscalía.

“Es un camino largo, pero debemos reivindican la memoria de nuestro amigo Gustavo Marcelo que defendió la vida, no se puede seguir permitiendo que la Pacific Rim continúe envenenando la tierra”, señaló. A estos pronunciamientos, se unió el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, quien compartió que la PDDH seguirá trabajando para exigir al Estado salvadoreño el esclarecimiento del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.

“El Procurador (Óscar Humberto Luna) me dijo que les dijera que vamos a seguir de cerca el caso y nos comprometemos a no desfallecer mientras el caso no se esclarezca”, sostuvo.

El Padre Gerardo Poter aseguró que esperan una investigación justa y efectiva para que la población de San Isidro, Cabañas, pueda encontrar la confianza que ha perdido de sus autoridades locales, fiscales y policiales.

“No vamos a creer nunca que fue una muerte por delincuencia común, en ningún momento él estuvo involucrado en violencia o pandillas, como lo han dicho; esto fue planificado y luego, ejecutado, por eso, pedimos una investigación profesional”, solicitó.

Francisco Bosch afirmó que las organizaciones sociales se están preparando para trabajar de lleno en el esclarecimiento del desaparecimiento y asesinato de Marcelo Rivera, que forjó junto a un grupo de jóvenes la defensa de su municipio.

“Claro, la muerte de Marcelo cuando lo tenemos tan vivo en la memoria, no pueden llamarse muertos, nosotros ante esta situación vamos a luchar por la verdad y lo vamos a rememorar siempre, porque no se ha ido. Lo que queremos es que se vaya la Pacific Rim”, puntualizó.

El Festival reunió cantantes de trova, hip hop, danza y poesía, muchos de ellos adolescentes, quienes entregaron su “talento” grupos que había formado Gustavo Marcelo Rivera en la Casa de la Cultura.

“MC Lethal” lo explica a su manera en su hip hop alternativo al cantar: “engañar, robar y destrozar es un abuso en mi tierra, pero a mi gente no la engañan los ladrones disfrazados/por la plata baila el perro, sólo miren el alcalde de mi pueblo”.

Asesinato de Marcelo Rivera: ¿Delincuencia común?

¿Inoperancia? o ¿mala intención? Es sospechoso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se apresuren a declarar que la desaparición forzada y posterior asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno es un acto de la delincuencia común.
Ésa es la hipótesis inicial planteada por el Subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Coto, y el Jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado.

Según estos funcionarios de la seguridad pública, Gustavo Marcelo –quien no era borracho ni se reunía con miembros de pandillas– departía con un grupo de mareros quienes, después de una acalorada discusión, le quitaron la vida. En tal sentido, el activista ambiental y dirigente político de Cabañas sería sólo una de las 13 personas asesinadas a diario en El Salvador.

Pero diversas pruebas –que serán presentadas en los tribunales– desmienten la historia del comisionado Coto y del fiscal Delgado. Abundan elementos que sugieren posibles móviles políticos y líneas de investigación para encontrar a los responsables –intelectuales y materiales– de dichos crímenes, la principal son las amenazas y persecuciones que sufrió debido a su rechazo a la minería y su resistencia a acciones de fraude electoral.

El propósito de este artículo es insistir en dos argumentos que sostienen la tesis de que la desaparición forzada y asesinato de Rivera Moreno no son un simple acto de delincuencia común.

Primero. Gustavo Marcelo no es una víctima común. Y esto no es discriminar a otras víctimas de la feroz delincuencia que azota al país, pues todas las vidas humanas que se pierden son importantes. Se trata de destacar algunas de sus características que lo convierten en “una víctima no común”.

Al momento de su desaparición era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), organización con sede en San Isidro y en Los Ángeles (California, EE.UU), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería. También dirigía la Casa de la Cultura de San Isidro e integraba la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.

Es decir, era un líder comunitario, funcionario público, activista del medioambiente y dirigente político.

Su lucha antiminera y su labor por la democracia en San Isidro lo enfrentaron a intereses de la empresa Pacific Rim –que pretendía extraer más 800 millones de dólares en oro de la mina El Dorado– y del alcalde José Ignacio Bautista, acusado de cometer fraude en los comicios del 18 de enero.

Y segundo. Su asesinato no fue perpetrado en forma común. Fue desaparecido forzosamente y, a las tres semanas, se le encontró asesinado, con señales de tortura, al peor estilo de los escuadrones de la muerte. Evidentemente se trata –y el comisionado Coto y el fiscal Delgado lo saben– de un sicariato que tiene autores intelectuales. Es decir, sus motivos trascienden al actuar de la delincuencia común.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.