El sentido de la “Semana de Acción contra la Minería”*
1.
Persiste la amenaza minera. El gobierno del ex-presidente Antonio Saca se negó a concretar –en las acciones legales correspondientes– su rechazo a los proyectos mineros y la legislatura anterior tampoco quiso aprobar una ley que los prohíba, a pesar de la exigencia de las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de amplios sectores nacionales. Por tanto, los peligros de la extracción de metales se mantienen.
2.
La responsabilidad del nuevo gobierno. La prohibición definitiva de minería de metales es una medida urgente que debe tomar el nuevo gobierno. Atendiendo al compromiso que el presidente Mauricio Funes asumió –cuando fue candidato– de no permitir las actividades mineras, los ministerios de Medio Ambiente y de Economía deben declarar inviable dicha industria. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los ministros German Rosa Chávez y Héctor Dada Hirezi información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la explotación minera.
Así mismo, el Ejecutivo deberá impulsar en el Congreso la aprobación de una nueva ley minera que prohíba la minería metálica y regule la minería no metálica. El proyecto de ley presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en diciembre de 2006, sería un insumo valioso. El grupo parlamentario del FMLN, que plantea en su “Plataforma Legislativa 2009-2012” la prohibición a la minería, debe tomar la iniciativa.
El nuevo gobierno también deberá plantear a sus homólogos de la región la necesidad de prohibir la minería a nivel centroamericano, dada la cercanía territorial, hidrográfica y poblacional. Existe un caso que lo demuestra: desechos de una mina en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala) llegan hasta los ríos Angue y Lempa, lago de Güija y laguna de Metapán. De igual forma, proyectos mineros en el sur de Honduras podrían contaminar nuestros ríos Lempa, Sumpul, Torola y Goascorán.
3.
La demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que el gobierno salvadoreño no debe indemnizar a Pacific Rim, que promueve un juicio en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas Inversiones), amparándose en disposiciones del CAFTA.
Esto, por dos razones fundamentales. 1- Los permisos de explotación no son automáticos, es decir, la actual ley minera no obliga al gobierno a otorgarlos después de permitir la exploración: Pacific Rim exploró y encontró metales preciosos en Cabañas, pero no cumplió con los requerimientos ambientales; por tanto, no consiguió la licencia para explotar la mina El Dorado. Y 2- Es Pacific Rim la que debe ser demandada, y no el Estado salvadoreño; es la empresa minera la que debe indemnizar al país, y no al revés.
O, ¿acaso la compañía extractiva en cuestión no violentó leyes nacionales (de Minería, de Medioambiente, entre otras), causó daños ambientales (secado de afluentes en San Isidro), provocó pérdidas económicas (muerte de ganado en Guacotecti), generó conflictos comunitarios (agresiones a Edelmira Menjívar, Santos Rodríguez y Fermán Menjívar, en Sensuntepeque), corrompió funcionarios (varios alcaldes de Cabañas, diputados del PCN, entre otros) y ofendió a líderes religiosos, especialmente al ex-Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle?
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica también considera que la demanda de Pacific Rim contra El Salvador recuerda la necesidad de revertir –o al menos modificar en sus aspectos más perjudiciales– el CAFTA. Una condena al Estado salvadoreño en este caso sería un mal precedente, porque muchas empresas harán lo mismo cuando el gobierno no ceda a sus pretensiones.
4. El propósito de la Semana de Acción contra la Minería. Con las actividades de incidencia de esta semana, la Mesa Nacional frente a la Minería busca que la población se movilice contra la amenaza minera y que el nuevo gobierno cumpla su promesa de descartar en forma definitiva los proyectos mineros, dada su inviabilidad en nuestro país por su pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis hídrica y elevados niveles de vulnerabilidad socioambiental.
*Por: equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
