Segunda extorsión*

El Estado salvadoreño estará de nuevo en el banquillo de los acusados por defender el medioambiente y proteger la salud de la población, pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) estableció a inicios de esta semana el 15 de noviembre como fecha para la audiencia inicial, por la demanda de Commerce Group.

Esta minera estadounidense exige al gobierno un pago de 100 millones de dólares por suspenderle una licencia de explotación en Santa Rosa de Lima, La Unión. Dicho permiso le fue revertido por contaminar el Río San Sebastián y causar otros daños irreversibles al ecosistema.

Tales perjuicios fueron revelados en estudios realizados por vulcanólogos de la Universidad de El Salvador (UES) y miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

También fueron constatados por destacados científicos, entre ellos el químico italiano Flaviano Bianchini y Dina Larios, geóloga de la Ohio University; y por indagaciones de campo efectuadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Por esto el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca, le anuló la licencia de extracción de oro y plata.

Commerce Group, entonces, decidió seguir el ejemplo de Pacific Rim y demandó al Estado en el CIADI, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).

EL 15 de noviembre los “jueces” Albert Jan van den Berg (Holanda), Horacio Grigera (Argentina) y J. Christopher Thomas (Canadá) decidirán si el país es enjuiciado por “violentar los derechos” de Commerce Group que contaminó agua, aire y suelo en el norte unionense.

Si estos árbitros consideran válida la demanda de Commerce Group, El Salvador enfrentará dos juicios en el CIADI que en agosto de este año admitió la querella de Pacific Rim, causante de conflictos sociales, daños ambientales y contaminación institucional en su intento de explotar la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).

Que las empresas mineras exijan millonarias indemnizaciones a un país que hasta los salarios de los empleados públicos financia con préstamos, es un acto de extorsión que el pueblo entero debe rechazar.

Y a estas dos extorsiones pueden sumarse otras, si la Asamblea Legislativa no aprueba una Ley que prohíba en forma definitiva la minería. La semana pasada, desde este espacio de opinión en Co Latino, se alertó sobre la posibilidad de que 83 solicitudes de permisos de exploración y de explotación se conviertan en demandas contra El Salvador en el CIADI.

El combate a las extorsiones de las compañías extractivas también incluye revertir el CAFTA-DR, revisar los acuerdos bilaterales de inversión, la Ley de Inversiones y otras normativas que otorgan derechos a las transnacionales en detrimento la soberanía nacional y los derechos humanos.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.